El investigador de Fundación SOL, Recaredo Galvez, conversó en Radioanálisis de Radio Universidad de Chile sobre la sucesión de Proyectos de Ley en torno a la educación y las discrepancias respecto a cómo implementar la política de la gratuidad y enfrentar el problema de la deuda.
La política de financiamiento a través de la banca, que comenzó a implementarse en el año 2006, ha generado un efecto muy potente en la matrícula de educación superior. Para entonces había alrededor de 660.000 estudiantes en la universidad, y actualmente hay más de 1.200.000. En la conversación, el investigador afirmó que “el crecimiento de estos estudiantes se ha realizado en universidades que son privadas, incluso algunas de ellas hace algún tiempo fueron investigadas por cuestiones de lucro”.
Al observar la relación que se ha dado entre los proyectos de ley planteados y que no satisfacen las demandas del movimiento estudiantil, o entre los actores de la educación y el proyecto que había enviado el gobierno anterior -y que el actual gobierno decidió retirar para hacer envío de un proyecto nuevo- se evidencia que en ambos casos se ha mantenido la idea de que el crédito como forma de financiar estudios superiores es una fórmula legítima y válida.
Cuando se pregunta cuáles son los principales argumentos para mantener el CAE, Galvez señaló que “el hecho de que ha aumentado la matrícula parece ser el favorito”. No obstante, este aumento de matrícula ha significado la existencia de por lo menos 300.000 personas que ya se encuentran como deudores del Crédito con Garantía Estatal.
En Chile se han tomado medidas que en otros países no se toman, como incorporar a la banca y que ésta pueda luego aplicar un tipo de crédito que sea por completo de su beneficio, ya que, como explicó el investigador, este tiene ciertas características particulares: “el crédito comienza a cobrar interés desde el primer año y al momento en que la persona va renovando, va acumulando intereses, y finalmente gran parte de los intereses acumulados exceden el monto que la persona presumía que iba a tener su carrera”.
Así, si bien familias de distintos niveles de ingresos socio-económicos acceden al CAE, son en su mayoría familias que están imposibilitadas de poder financiar de otra manera sus estudios. “Entonces las lógicas de auto-financiamiento y sobre todo la lógica de entender que es la persona la que debe financiar sus estudios, es la lógica que sigue perpetuando esta forma de financiamiento”, señaló Galvez.
El investigador afirmó que si se pensara la educación como un proceso social, que va a beneficiar a toda la sociedad a través del conocimiento, se vería una obligación distinta. Sin embargo, precisó que “actualmente la obligación es con el individuo que tiene que pagar las deudas del banco, no es una obligación social. Entonces, el hecho de incorporar a la banca privada ha sido bastante beneficioso para la misma banca".
Para la banca, el CAE ha representado una fuente de cuantiosos recursos. Recaredo Galvez indicó que “desde que se creó como política ya van más de cuatro billones de pesos que se han destinado para financiarlo”.
La lógica del CAE pierde todo sentido cuando con los montos que se han destinado a financiar este crédito, perfectamente se podría haber comenzado a desarrollar una política de gratuidad. Actualmente se destina plata de todos los chilenos -que principalmente proviene de los impuestos- a la banca, en lugar de destinarla a pagar una política educativa a planteles. Algo que no se ha eliminado, y que demuestra que la política de gratuidad más allá de los beneficios individuales no rompe la lógica de mercantilización de la educación, es el hecho de que las universidades todavía alegan porque sus carreras pueden tener un precio que el Estado no reconoce siempre.
"¿Por qué todavía tienen que tener un precio las carreras? ¿Por qué todavía las estamos viendo dentro de este mercado en el que distintas universidades van a seguir siendo oferentes de las carreras que se les vengan ganas, y que sin lugar a dudas van a ser carreras que también les van a generar altos ingresos con esta alternativa de financiarla a través de créditos? Acá algo importante es cambiar el giro del debate, porque el gobierno ha venido a ofrecer el “crédito con rostro humano”, un crédito que después de un periodo ya no sigues pagando, un crédito que va a tener tasas flexibles, pero que sigue siendo crédito. La cuestión de quitarle el precio a una carrera que sea parte de un proyecto educativo es algo que no existe, que no está en debate, algo que parece que el gobierno desecha por completo y es lo que han planteado desde hace mucho tiempo los movimientos estudiantiles” señaló el investigador de Fundación SOL.
Al plantearse la calidad de la educación, no puede sólo considerarse el tema de los precios, “sino que tiene que ver con el sentido que se le da realmente, es decir, ¿para qué tenemos un sistema de educación?, ¿hay un proyecto país de eso o no lo hay?" cuestionó Galvez.
Escucha la entrevista completa:
El investigador de Fundación SOL, Recaredo Galvez, conversó en Radioanálisis de Radio Universidad de Chile sobre la sucesión de Proyectos de Ley en torno a la educación y las discrepancias respecto a cómo implementar la política de la gratuidad y enfrentar el problema de la deuda.
La política de financiamiento a través de la banca, que comenzó a implementarse en el año 2006, ha generado un efecto muy potente en la matrícula de educación superior. Para entonces había alrededor de 660.000 estudiantes en la universidad, y actualmente hay más de 1.200.000. En la conversación, el investigador afirmó que “el crecimiento de estos estudiantes se ha realizado en universidades que son privadas, incluso algunas de ellas hace algún tiempo fueron investigadas por cuestiones de lucro”.
Al observar la relación que se ha dado entre los proyectos de ley planteados y que no satisfacen las demandas del movimiento estudiantil, o entre los actores de la educación y el proyecto que había enviado el gobierno anterior -y que el actual gobierno decidió retirar para hacer envío de un proyecto nuevo- se evidencia que en ambos casos se ha mantenido la idea de que el crédito como forma de financiar estudios superiores es una fórmula legítima y válida.
Cuando se pregunta cuáles son los principales argumentos para mantener el CAE, Galvez señaló que “el hecho de que ha aumentado la matrícula parece ser el favorito”. No obstante, este aumento de matrícula ha significado la existencia de por lo menos 300.000 personas que ya se encuentran como deudores del Crédito con Garantía Estatal.
En Chile se han tomado medidas que en otros países no se toman, como incorporar a la banca y que ésta pueda luego aplicar un tipo de crédito que sea por completo de su beneficio, ya que, como explicó el investigador, este tiene ciertas características particulares: “el crédito comienza a cobrar interés desde el primer año y al momento en que la persona va renovando, va acumulando intereses, y finalmente gran parte de los intereses acumulados exceden el monto que la persona presumía que iba a tener su carrera”.
Así, si bien familias de distintos niveles de ingresos socio-económicos acceden al CAE, son en su mayoría familias que están imposibilitadas de poder financiar de otra manera sus estudios. “Entonces las lógicas de auto-financiamiento y sobre todo la lógica de entender que es la persona la que debe financiar sus estudios, es la lógica que sigue perpetuando esta forma de financiamiento”, señaló Galvez.
El investigador afirmó que si se pensara la educación como un proceso social, que va a beneficiar a toda la sociedad a través del conocimiento, se vería una obligación distinta. Sin embargo, precisó que “actualmente la obligación es con el individuo que tiene que pagar las deudas del banco, no es una obligación social. Entonces, el hecho de incorporar a la banca privada ha sido bastante beneficioso para la misma banca".
Para la banca, el CAE ha representado una fuente de cuantiosos recursos. Recaredo Galvez indicó que “desde que se creó como política ya van más de cuatro billones de pesos que se han destinado para financiarlo”.
La lógica del CAE pierde todo sentido cuando con los montos que se han destinado a financiar este crédito, perfectamente se podría haber comenzado a desarrollar una política de gratuidad. Actualmente se destina plata de todos los chilenos -que principalmente proviene de los impuestos- a la banca, en lugar de destinarla a pagar una política educativa a planteles. Algo que no se ha eliminado, y que demuestra que la política de gratuidad más allá de los beneficios individuales no rompe la lógica de mercantilización de la educación, es el hecho de que las universidades todavía alegan porque sus carreras pueden tener un precio que el Estado no reconoce siempre.
"¿Por qué todavía tienen que tener un precio las carreras? ¿Por qué todavía las estamos viendo dentro de este mercado en el que distintas universidades van a seguir siendo oferentes de las carreras que se les vengan ganas, y que sin lugar a dudas van a ser carreras que también les van a generar altos ingresos con esta alternativa de financiarla a través de créditos? Acá algo importante es cambiar el giro del debate, porque el gobierno ha venido a ofrecer el “crédito con rostro humano”, un crédito que después de un periodo ya no sigues pagando, un crédito que va a tener tasas flexibles, pero que sigue siendo crédito. La cuestión de quitarle el precio a una carrera que sea parte de un proyecto educativo es algo que no existe, que no está en debate, algo que parece que el gobierno desecha por completo y es lo que han planteado desde hace mucho tiempo los movimientos estudiantiles” señaló el investigador de Fundación SOL.
Al plantearse la calidad de la educación, no puede sólo considerarse el tema de los precios, “sino que tiene que ver con el sentido que se le da realmente, es decir, ¿para qué tenemos un sistema de educación?, ¿hay un proyecto país de eso o no lo hay?" cuestionó Galvez.
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