Por Gonzalo Durán Sanhueza, Economista Fundación SOL

El Ejecutivo ha enviado la propuesta de salario mínimo para que comience a regir desde el 1° de Julio de 2012. El valor recomendado es de $193.000, esto es, un aumento de 6% nominal y de 2,7% real (removiendo el impacto de la inflación).

Tal como ha sucedido en años pasados, la autoridad de turno, equivoca en sus dos principales argumentos. Al revisar el Mensaje No. 126 – 360, que es la indicación que ingresó al parlamento el día 19 de junio, se observan los siguientes errores en el diagnóstico. 1.- Se argumenta que Chile tiene un salario mínimo que sería elevado, pues al compararse con los demás salarios de la economía, este cubriría un 55% de la mediana salarial (la razón salario mínimo/salario mediano o el llamado Índice de Kaitz). El talón de Aquiles del indicador citado, es precisamente la situación que se da cuando los países enfrentan salarios medianos muy bajos, como ciertamente es el caso de Chile, situación que incluso la misma OECD ha reconocido en su informe Better Life Index, asignando nota “cero” a la dimensión salarial para el caso chileno. Este error, se supera – y así lo respalda la literatura especializada – comparando el salario mínimo con el PIB per cápita mensual, ajustado por paridad de poder de compra (es una evolución del índice de Kaitz, que han denominado Kaitz “Ajustado”). Al componer dicho indicador, se constata que Chile tiene un mini-salario mínimo, es decir, se encuentra en una situación en la cual su nivel está absolutamente desalineado de los estándares normales observados a escala mundial. Además, dentro del concierto de países OECD, a los cuales se hace mención en el mensaje que ingresó al parlamento, Chile tiene el ratio Salario Mínimo a PIB per cápita más bajo del grupo. Con la propuesta de $193.000, esta razón, incluso, sería la más baja en los últimos 23 años. 2.- El mensaje ingresado al parlamento, se basa en un segundo supuesto, altamente cuestionable, al señalar que, “Incrementos reales en del ingreso mínimo superiores a los incrementos en la productividad puede provocar algunos efectos adversos sobre los trabajadores” (en particular, esa es la línea de conexión, para vincular que aumentos en salario mínimo provocan cesantía). En este caso, el error, al igual que en los Gobiernos pasados, está en asumir que los aumentos en productividad efectivamente han sido compensados con aumentos en remuneraciones. No obstante, al revisar el caso chileno, tomando los datos del Banco Central (para productividad) y del INE (para salarios), el resumen de los últimos 20 años es lapidario: los aumentos en productividad casi han cuadruplicado los incrementos en remuneraciones (Fuente: Fundación SOL). Este análisis no es menor y no debiese pasar inadvertido en un mercado laboral como el chileno, que está lejos de ser uno de esos  “mercados perfectos” que se citan en los manuales de economía.  Lo que indica este brecha salario – productividad, es que muchas personas que reciben el mínimo, lo hacen por sometimiento, no por falta de productividad, existiendo un excedente productivo que debiendo ser remunerado al trabajador/a, es absorbido por las empresas y sus dueños. La discusión del salario mínimo para un país altamente desigual como Chile, debería ser tema nacional, pues se trata de un momento único – dada la escasa negociación colectiva en el país – para mejorar la desigual distribución que existe en los ingresos. Se trata de cerca de 750.000 trabajadores/as, y al considerar al grupo familiar, de cerca de 3.000.000 de personas afectadas (tomando como referencia que en los hogares donde un o una trabajador/a gana el mínimo, una persona trabaja y viven 4). Siendo Chile el segundo país con mayor PIB per cápita de América Latina (según datos del FMI actualizados a 2012), y el de mayor desarrollo según el PNUD, parece extraño que tengamos el séptimo salario mínimo más bajo de la región (posición resultante una vez  ajustado por paridad de poder de compra). Esta deuda en el nivel del salario mínimo, no se soluciona mediante la aplicación de un algoritmo de los años 90′ que se basa en “inflación + productividad”. Elevar el nivel del salario mínimo, pasa por un compromiso social, que se exprese en un plan de reajuste de mediano plazo que se oriente por el fin distributivo y la calidad de vida de los que viven de su trabajo, especialmente plausible si se consideran nuestros altos niveles de crecimiento. Las micro y pequeñas empresas no pueden ser un chivo expiatorio, es preciso concebir una estrategia de desarrollo que desmonte los mecanismos perversos mediante los cuales éstas son incorporadas de manera precaria a las cadenas productivas y las reglas del juego hechas al servicio de las grandes. Mientras se cambia estructuralmente dicha institucionalidad productiva, incluso, se puede entregar ayuda estatal transitoria para las empresas de menor tamaño. Lo importante es el cambio de dirección: no se puede seguir hipotecando el futuro de la gran mayoría de los chilenos/as y destacar como uno de los países con mayor cantidad de súper-ricos en el mundo (según el ranking Forbes).