Por Patrizio Tonelli
Escarbando en la gran cantidad de informaciones que circulan en estos días, encontramos otras noticias y datos que, desde los márgenes del incendio, aportan y fortalecen esta hipótesis. No tienen que ver con historias de familias y pobladores de los cerros afectados y ni siquiera con las labores de trabajadores y voluntarios comprometidos con la ayuda en la emergencia, pero sí dejan en evidencia un Estado chileno ausente a la hora de pensar y actuar para el bien común. Una ausencia que durante estos días hemos experimentando de forma evidente al constatar cómo las autoridades han delegado las responsabilidades de la reconstrucción en voluntarios y empresas del retail.
Esta ausencia se arrastra desde largo tiempo y ha tomado cuerpo en la falta de compromiso del Estado con la condición de “patrimonio mundial de la humanidad” que ostenta Valparaíso desde 2003. Una de las expresiones de ese abandono es, precisamente, la fragilidad de la “ciudad patrimonio” frente a acontecimientos catastróficos, como el reciente incendio.
Más allá de las pérdidas humanas y materiales inmediatas, esta tragedia también ha puesto en cuestión la forma en que el Estado piensa y gestiona su propio patrimonio cultural. A través de unasistemática externalización y precarización de funciones y cargos se ha “adelgazado” la estructura y el peso de la entidad pública responsable de la protección de ese patrimonio: el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). El trágico resultado de todo esto ha sido la limitación del alcance y eficacia de sus políticas y la subvaloración del trabajo de su equipo humano, abandonando a sus propios funcionarios al azar y al “sálvese quién pueda”.
Nos referimos aquí específicamente a las precarias condiciones laborales de los trabajadores encargados de estudiar y contribuir al cuidado de nuestro patrimonio cultural. A lo largo del país son sólo 115 personas las que trabajan en el CMN. Un número a todas luces insuficiente para llevar a cabo todas las tareas que tienen sobre sus espaldas: identificar, estudiar, proteger, difundir, conservar, promover y gestionar nada menos que 1.177 Monumentos Históricos, 1.380 Monumentos Públicos, 116 Zonas Típicas o Pintorescas, 42 Santuarios de la Naturaleza y todo el patrimonio paleontológico y arqueológico presente en el país.
La desproporción entre la orgánica y las tareas comprometidas muestra desde una primera mirada que la actual institucionalidad no es suficiente para hacerse cargo de la protección del patrimonio nacional. Sin embargo, el cuadro asume un tinte aún más oscuro si profundizamos en las condiciones laborales.
“El patrimonio de Chile está en riesgo” afirman los trabajadores del CMN, agregando “¿y al Estado le importa?” (*). La respuesta parece ser obvia, considerando que desde sus cimientos la actividad del CMN parece flotar en una dimensión kafkiana de paradoja y surrealismo. El CMN se compone de 21 consejeros y un secretario ejecutivo que sesionan una vez al mes para discutir y decidir sobre el patrimonio del país. La ley, sin embargo, no contempla una estructura de funcionarios para ejecutar los acuerdos tomados por el CMN, el cual, tradicionalmente, ha funcionado sin el respaldo de una institucionalidad y de una orgánica adecuada. Los 115 trabajadores del CMN representan así una extraña “planta inorgánica”, compuesta por profesionales contratados de forma atípica y que sufren fuertes condiciones de precariedad.
A febrero de 2014, sólo dos personas en el CMN eran funcionarios de planta, mientras que el resto navegaba en condiciones de incertidumbre y chantaje, dividiéndose entre personal “a contrata” (27 personas), “a honorarios” (51) y contratado como “bienes y servicios” (35). Esto significa que, exceptuando a las personas “a contrata” –que son consideradas como empleados públicos, aunque sus condiciones laborales no son estables ni permanentes–, el 74% de los funcionarios del CMN (86 personas) son consultores externos.
En este contexto, los derechos sociales y laborales se reducen a una pura ilusión para la mayoría que no puede gozar de vacaciones, de cotizaciones sociales, de días administrativos, de licencias médicas y de derechos maternales. El caso más extremo es el de las personas que han sido contratadas como “bienes y servicios” a través del sistema de compras públicas, muchas de las cuales son mujeres en edad fértil, las cuales, bajo esa forma contractual, no pueden acceder a los beneficios del pre y postnatal.
El marco legal vigente, además, dificulta la posibilidad de organizarse en sindicatos para negociar colectivamente sus propias condiciones laborales. Los trabajadores del CMN no tienen entonces derecho a asociarse colectivamente, a descansar, a enfermarse, a tener previsión social y protección de la maternidad: en pleno siglo XXI nos encontramos con la imagen actualizada del siglo XIX, donde reinaba el unilateralismo y la arbitrariedad.
La construcción de un “Estado mínimo”, la gran batalla ganada entre los años 1970 y 1980 por los neoliberales, encuentra en el ámbito patrimonial una de sus expresiones más exacerbadas. Sin embargo, no constituye una excepción sino que la regla: una mirada a los datos de empleo liberados mensualmente por el INE nos muestran un Estado que, en vez de velar por el bien común en tanto servicio público, difunde y replica la desprotección y la falta de interés hacia sus trabajadores. Según datos del trimestre diciembre 2013- febrero 2014, casi un 10% de los trabajadores del Estado es un “falso asalariado”, es decir, está sujeto a órdenes y disposiciones de un jefe, pero no cuenta con un contrato laboral escrito, de forma tal que no goza de las tutelas previstas por la legislación.
Además, el 30,6% de los trabajadores públicos es externo o tercerizado, condición que, como ya se ha destacado para el sector privado, crea una segmentación de la fuerza de trabajo por la cual algunos trabajadores viven y trabajan en condiciones peores y más inestables.
El caso de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales nos dice, entonces, que un rol distinto del Estado, activo y en condición de hacerse cargo de las grandes decisiones en materia de bienes comunes, pasa necesariamente por la instauración de relaciones laborales de calidad. ¿O acaso es responsable delegar una política estatal en materia patrimonial a una gran mayoría de consultores externos y precarizados?
El trabajo y su calidad, a pesar de la infravaloración que sufren hoy en el país, son un punto esencial a la hora de pensar en el bien común, como lo es, en este caso, el patrimonio cultural. El incendio de Valparaíso, de esta manera, abre brechas enormes y muy interesantes para repensar y rediscutir nuestro modelo de desarrollo, recordándonos que relaciones laborales individuales y colectivas de calidad deberán ser uno de los fundamentos sobre los cuales basarse.
(*) Mayores informaciones sobre la lucha de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales pueden ser vistas en: http://www.dignidadtotal.cl/peticiones/aquienleimporta/