Publicado en El Mostrador el 09 de agosto de 2019

Recaredo Gálvez, investigador Fundación SOL

Sabía usted que en Chile hay más de 860 mil personas según el INE, que trabajan menos de 30 horas a la semana, pero desean y están disponibles para trabajar más horas. Del total de mujeres que tienen jornada parcial, un 45,9% quiere y está disponible para estar ocupada por más horas, esto quiere decir que el supuesto mercado del trabajo chileno no satisface sus necesidades de inserción laboral, puesto que a pesar de que están disponibles y buscan más horas de trabajo a la semana, no tienen la posibilidad de concretar aquello. En el caso de los hombres, el 54,2% de quienes están en jornada parcial, se encuentran subempleados. Para ambos casos podemos hablar de un tipo de subempleo por insuficiencia de horas.

Estás cifras no son para nada anecdóticas, si en Chile se utilizaran las medidas para analizar el desempleo que se utilizan en países como Canadá o Estados Unidos, probablemente los titulares de la prensa dirían algo como: “Tasa de Desempleo Integral en Chile supera el 12%”, pero ¿qué es la tasa de desempleo integral o TDI? En términos sencillos la TDI corresponde a un indicador que incorpora la tasa de desempleo abierta (que el último trimestre fue de 7,1%) más aquellas personas que se encuentran subempleadas, considerando medio desempleado por cada subempleado y en condición de desaliento, es decir, han dejado de buscar empleo de forma activa, pero se encuentran disponibles para trabajar si se les ofreciera alguna posibilidad.

Además, hoy en día en Chile hay más de 1 millón de personas que se encuentran desempeñando trabajos bajo subordinación y dependencia, pero sin la existencia de contrato laboral escrito. Si bien el código del trabajo y la doctrina laboral, reconocen que, ante la ausencia de un contrato escrito, igualmente es posible comprobar una relación laboral, cabe señalar que esto perjudica principalmente al trabajador, pues en caso de vulneración de derechos laborales, se requiere realizar procedimientos administrativos y/o judiciales. El 17,9% de las mujeres que son trabajadoras dependientes se encuentra sin contrato escrito, mientras que el 15,3% de los asalariados varones se encuentra en esta misma condición. Los sectores económicos donde esta situación presenta mayor incidencia, luego de los hogares como empleadores (54,3% de las personas sin contrato escrito) son, actividades de alojamiento (25,2%), Agricultura (25,2%), y construcción (18,9%).

Como si lo anterior no fuera suficiente, en los últimos 9 años y 3 meses se registra la creación neta de 1.543.980 empleos, lamentablemente esto no es del todo una buena noticia, pues de cada 100 personas ocupadas al menos 69, presentan altas probabilidades de estar bajo condiciones precarias, es decir, una relación laboral tercerizada que se basa en subcontrato, suministro, enganche, familiar no remunerado o una condición de ocupación como el trabajo por cuenta propia. De las personas que se encuentran ocupadas bajo esta última condición un 77,8% se halla en jornada parcial y el 78,2% corresponde a trabajos no calificados. En resumen, el trabajo por cuenta propia es por lejos, de bajo nivel de calificación y de pocas horas, apenas alcanzaría para describirlo como una ocupación de subsistencia.

La tercerización descrita anteriormente no afecta a hombres y mujeres por igual, pues son estas últimas las que se exponen a mayores posibilidades de desarrollar una ocupación en condiciones de precariedad. Según los datos de la Nueva Encuesta de Empleo, en estos últimos 9 años, un 57,8% de las mujeres ha accedido a un empleo asalariado mediante tercerización (subcontrato, suministro o enganche) frente a un 43,7% de hombres que se han insertado al trabajo bajo tercerización.

Pareciera ser que ninguna de las cifras anteriores es suficiente para el actual gobierno, pese a este escenario tan frágil, las autoridades insisten que lo hace falta en materia de legislación laboral es más flexibilidad individual. Para esto se apoyan en que supuestamente países industrializados de Europa estarían impulsando este tipo de políticas. Con lo anterior, el gobierno potencia el discurso a la medida del empresariado, pues si verdaderamente los países industrializados fueran referentes para las políticas públicas de trabajo, una primera cuestión sería tomar en cuenta la estructura basal de la normativa de relaciones laborales, que tienen esos países, la cual se erige en gran medida sobre los acuerdos que logran impulsar trabajadores y empleadores mediante la negociación colectiva sectorial o nacional, la cual no beneficia solamente a trabajadores sindicalizados sino que brinda una base para todos los trabajadores de un sector económico, sobre dicha base, los trabajadores pueden negociar condiciones particular en sus empresas. Es decir, una negociación sectorial o ramal no impide otros niveles de negociación.

La calidad del empleo se encuentra muy ligada a la posibilidad de que los actores colectivos logren llegar a acuerdos. Desfavorablemente para los trabajadores, la libertad necesaria para que esto ocurra a nivel sectorial, no existe debido a que la base de las relaciones laborales en Chile sigue estando erigida sobre el plan laboral de José Piñera, el cual impide una negociación colectiva sectorial. A los datos de empleo acá expuestos siempre es bueno incorporar datos de salarios, los cuales ayudan a comprender que con estructuras representativas débiles para los trabajadores y con altos niveles de flexibilidad, es muy difícil construir una base material suficiente para reproducir la vida sin depender de la deuda financiera o sobre explotación laboral. Según la encuesta CASEN 2017 en Chile, el 74,3% de las personas que trabajan recibe un ingreso liquido mensual menor a $500 mil y solo el 8,5% gana más de $1 millón líquido al mes.

En conclusión, no se trata de que cualquier reforma que proponga el gobierno para el ámbito laboral, sea una reforma precarizante. De lo que se trata es de que el trabajo en Chile ya es precario y puede ser peor si las autoridades no quieren hacerse cargo de aquello e impiden que los propios trabajadores lo hagan, pues tanto este, como los anteriores gobiernos, se han quedado en propuestas para administrar la precariedad en beneficio del capital, en lugar de disminuirla.