Expertos afirman que la desigualdad de ingresos es el problema principal en el sistema previsional y llaman a los trabajadores a ser partícipes de la formulación de alternativas para perfeccionar el modelo que los grandes grupos económicos sostienen.

Publicado en Diario Universidad de Chile el 21 de agosto de 2016

La expresión del descontento con el actual sistema previsional no tan solo se verifica en movilizaciones en las calles, sino también en las últimas encuestas de opinión pública realizadas a nivel nacional.

Un reciente estudio publicado por la Universidad de Santiago revela que un 61 por ciento de los casi 700 consultados considera que el sistema de AFP debe ser reemplazado por un sistema público solidario. Asimismo, se identifica la mayor atención de los medios de comunicación al tema de pensiones y AFP en la última quincena de julio, con el caso de Gendarmería y las marchas en contra de las aseguradoras.

Sin duda el problema está presente y al hacer cruce de datos con la encuesta Cadem, vemos que con la propuesta de reforma del Ejecutivo, más de un 60 por ciento estuvo en desacuerdo con que el 5 por ciento que se añadió a la cotización sea para un fondo común solidario y no a la cuenta individual del empleador.

En tanto, la oposición a la creación de una AFP Estatal como se manifiesta por algunos dirigentes sociales, se pone en entredicho cuando en los datos un 59 por ciento le da el visto bueno y un 34 está en contra.

Para el economista integrante de la Coordinadora No+ AFP Patricio Guzmán esto último se debería a que las autoridades apuestan con palabras grandilocuentes a sus proyectos, pero en el trámite no se traducen a lo que eran inicialmente y a su juicio, esta es la causa de los altos índices de desconfianza ciudadana.

Guzmán aseguró que “en la medida que se recupere un sistema solidario de pensiones y se desapodere a los grandes grupos económicos del grueso de la renta nacional, será posible avanzar a una repartición del ingreso más equitativa”.

Con este punto de vista coincidió el economista y académico de la USACh Víctor Salas, quien identificó como problema principal a los bajos sueldos de los chilenos y un Estado sin posibilidades  de pagar pensiones del 70 u 80 por ciento de las rentas en actividad.

“Los países europeos tienen unos coeficientes en que la diferencia en la distribución de la renta entre todos los sectores es de 0,24 por ciento y nosotros tenemos el doble, de 0,50 por ciento. Esto quiere decir que tenemos mala distribución de la renta porque los que ganan mucho, ganan demasiado y el resto si tienen sueldos bajos, van hacer bajas imposiciones. Entonces, cualquiera que sea el sistema siempre será necesario que alguien intervenga, en este caso el Estado”.

En cuanto a las respuestas polares de la población, el profesional opinó que se debe a que las propuestas todavía no están bien definidas y en su caso, se inclina por un sistema mixto. En este mecanismo se establecen ciertas modificaciones a la lógica actual, como aumentar la edad de jubilación, no obstante, los sondeos ciudadanos constatan que la mayoría se opone a esta medida.

En tanto, el economista e investigador de Fundación Sol, Gonzalo Durán, comentó que en la medida que no se explique a la población en qué consiste un sistema de reparto, persistirán los ataques y la atención puesta sobre los que representan al capital y tratan de hacer cambios “cosméticos” sobre lo que nos rige.

“Que los mismos trabajadores vayan convocándose y vayan pensando en nuevas alternativas, esto es difícil sobre todo porque la cultura que se ha impuesto en nuestro país es de personas con una concepción negativa de lo político. Hay una confusión porque el tema de las pensiones es meramente político en el sentido de pensar sociedad, entonces, esto hay que tratar de romper en el velo comunicacional”.

Durán también apuntó a los salarios y subrayó que según recientes resultados del Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile al 2015 la mitad de los trabajadores ganan menos de 340 mil pesos líquido, lo que significa que están altamente endeudados. Según el economista este fenómeno genera una suerte de disciplinamiento con personas que no participan de espacios de debate político a cambio de trabajar para no verse sobrepasados por las deudas.