Nota publicada en Periodismo Popular el 13 de agosto de 2018 Crecimiento y empleo han sido históricamente las banderas de la derecha chilena –al igual que la argentina- a la hora de conquistar votos que la lleven al poder. Con frases hechas, pero aún no gastadas por el paso de los años, permiten sostener y fortalecer el modelo económico que se encuentra instalado desde hace 40 años allende los Andes. La actual administración de Sebastián Piñera se puso como objetivo la creación de 600 mil puestos de trabajo en cuatro años, concentrándose en una nueva reforma al Código Laboral -para ajustar medidas que reduzcan la fuerza de las organizaciones sindicales-, programas de empleo sectorial y de reconversión. Estas iniciativas se han visto enfrentadas a un escenario económico complejo, donde la inicial “confianza” del empresariado ha ido en disminución y la realidad comienza a desdibujar los números que daban pie a un discurso de exitismo neoliberal que permitió a Piñera alcanzar su segundo gobierno a finales de 2017. Hoy, ya alcanzando los cinco meses desde su asunción, las sonrisas han sido cambiadas por forzadas muecas de bienestar. El desempleo marca al alza, llegando al 7,2%, y en los últimos meses se han concretado el cierre de industrias y despidos masivos en diferentes sectores productivos o de servicios, instalando en el ambiente que los tiempos mejores que se prometían en la campaña presidencial pueden convertirse en una quimera. Las primeras respuestas del gobierno a este escenario han venido de su ministro de Hacienda, Felipe Larraín -economista fiel al neoliberalismo-, quien expresó en un seminario empresarial que “el empleo va a llegar con un poquito de rezago y también con algunos problemas”, y además respondió a las críticas de los empresarios haciendo “un llamado a trabajar en conjunto”, ya que “éste no es un problema solamente del Gobierno”. Pero en lo formal, la jugada fue más dura y apunta a fomentar el empleo precario a través de la creación del Estatuto Laboral Juvenil, nuevo modelo que busca generar más puestos de trabajo para jóvenes estudiantes -que se encuentren cursando carreras universitarias o técnicas- entre los 18 y 29 años. La propuesta ya pasó la primera fase legislativa, con el respaldo de la derecha y de partidos que apoyaron el gobierno de Michelle Bachelet, mientras que en las calles la movilización contra la medida se hace cada vez más intensa. Carne joven, mano de obra barata Este proyecto apunta a flexibilizar y precarizar al máximo las condiciones de trabajo de los jóvenes, considerando que en este sector de la población -que llega casi a los dos millones de personas- se puede encontrar el camino para conseguir la meta de empleos para el período. Entre los elementos más relevantes del Estatuto Laboral Joven se cuentan que no habrá una modalidad de jornada de trabajo, se puede exceptuar el derecho al descanso dominical y festivos o que el empleador no estará obligado a declarar y pagar las cotizaciones de salud. Se entiende entonces que con este nuevo estatuto se abren las puertas a los jóvenes al “mercado laboral”, pero con un costo altísimo a sus derechos como trabajadores. En este sentido la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans -militante de Izquierda Libertaria- sostiene que “este tipo de contratos se ingresan para, supuestamente, acabar con la informalidad. Pero, finalmente, afecta la calidad de vida de los trabajadores porque no existen condiciones de negociación por parte de quien busca el empleo”. Una de las principales críticas a este proyecto es que significa un retroceso en materia de derechos laborales y que fortalece una mirada neoliberal en materia de empleo. En esta línea se expresa el economista e investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, quien califica este Estatuto como “un intento de hacer retroceder ciertas conquistas históricas que tienen que ver con el origen de la normativa laboral, como por ejemplo, que exista una jornada donde haya descanso”. “La respuesta del gobierno ante este escenario es apuntar a desmejorar las condiciones laborales, en especial en los jóvenes”, explicó por su parte Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos y miembro del Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile. Al mismo tiempo, el dirigente agregó que es en los jóvenes “donde se concentra un importante porcentaje de los desempleados en Chile, alcanzando el 17% del total”. Derechos laborales en juego El modelo chileno, basado en el neoliberalismo nacido en la escuela de Chicago, ha procurado mantener a raya tanto los derechos laborales como la capacidad de organización de los trabajadores. Cosa que se instaló en la dictadura (1973 – 1990), que prosiguió con la vuelta de la democracia y que se fortaleció en el transcurso de la transición hasta estos días. Incluso la reforma laboral que llevó adelante el último gobierno de Michelle Bachelet, donde se modificó el Código Laboral, no amplió los derechos de trabajadores ni la sindicalización, por lo que se mantuvo el desequilibrio de fuerzas entre el empleador y los trabajadores. Por consiguiente, con el retorno de la derecha al poder las alertas se encendieron con mayor fuerza. Al Estatuto Laboral se suma una posible nueva reforma laboral y la compleja negociación del salario mínimo, que hoy alcanza los 275 mil pesos chilenos (casi 12 mil pesos argentinos), lo que pone cuesta arriba cualquier propuesta que venga de los trabajadores en medio del incierto escenario que se presenta respecto del empleo. En este sentido Fuentes plantea que se genera una oportunidad para los trabajadores ya que debe permitir “tomar conciencia como trabajadoras y trabajadores de la necesidad de unir fuerzas”, recalcando que “la clase trabajadora no es considerada por los poderosos como aliada del poder económico”. Sin embargo, en el Parlamento se proyecta una discusión compleja en este sentido. La diputada Yeomans lo resume de manera tajante: “La forma en que se quiere incorporar ese debate, por parte de la derecha es culpando a los trabajadores por querer hacer cumplir con sus derechos”. Mientras, para el economista Sáez se está construyendo un escenario favorable para las demandas del empresariado ya que si se consideran los empleos creados en la última década, sumando los trabajadores que operan 30 horas semanales, se advierte que en el caso de las mujeres “el 49% fueron en jornadas de menos de 30 horas y en el caso de los hombres, la cifra llegó al 51%”. “Aquí hay un interés sobre un tipo de jornada, que ha sido atractivo para las empresas que mantienen un subempleo estructural”, recalca el investigador. A pesar de esto el dirigente sindical expresa que la única respuesta posible es la unidad de los trabajadores “para construir una plataforma de lucha en común que permita enfrentar este momento”. El gobierno chileno, que en menos de medio año ya ha tenido que hacer su primera modificación en el gabinete ministerial, está en problemas con las encuestas y las cifras económicas, por lo que no dudará en usar estas herramientas para mejorar sus números. Habrá que ver si la capacidad de organización de los trabajadores es capaz de aguantar este nuevo embate a sus derechos.