El pasado 10 de agosto, la presidenta firmó el proyecto de reforma previsional. La mandataria en su discurso reconocía la situación catastrófica en la que están las pensiones en la actualidad y la necesidad de avanzar hacia un sistema que garantice pensiones dignas para chilenos y chilenas.

En el discurso antes señalado, Bachelet asume una responsabilidad con las mujeres, refiriéndose a lo urgente que es terminar con las desigualdades de género a las que son expuestas en el sistema de AFP. Pero ¿cómo planea hacerse cargo el gobierno de las desigualdades estructurales a las que se ven sometidas las mujeres en el sistema actual? Para analizar la propuesta de reforma del gobierno, comencemos por ahondar en algunas cifras claves en torno a las mujeres y el mundo del trabajo.

Según el informe de productividad, que acompaña el proyecto de ley, se establece que entre los años 2009 y 2016, las mujeres estuvieron 48,1% del tiempo inactivas, dato queno es antojadizo, sino que se basa en la estructura cultural que posiciona a la mujer dentro del hogar realizando tareas domésticas. Cuando las mujeres logran conciliar el trabajo doméstico con el trabajo asalariado, su fuerza de trabajo es subvalorada, en primera instancia, porque la brecha salarial es de un 26,4% en comparación a los hombres y, en segundo lugar, porque las mujeres no ocupan puestos de trabajo con alta jerarquía como los hombres, la literatura feminista ha conceptualizado este fenómeno como “techo de cristal”, y se refiere a la dificultad de las mujeres para acceder a puestos directivos y gerenciales –los cuales son mejor remunerados- en la estructura de las empresas.

Entonces, cuando logran conciliar ambas labores y se suman como fuerza de trabajo asalariada son discriminadas a través del sueldo y las expectativas de ascenso. Esta ecuación tiene como resultado que las mujeres tengan un menor fondo al momento de cotizar y, además, su pensión se divide en más años por tener una mayor esperanza de vida. Lo que implica que la discriminación durante el periodo de actividad laboral de las mujeres, se traslada hasta el momento de su jubilación, precarizando su vida hasta la muerte.

El informe de productividad del gobierno en el cual se refiere a la reforma previsional, estipula que en el periodo 2007-2014, la mediana de las tasas de reemplazo de las pensiones autofinanciadas para las mujeres fue de un 12% respecto al último ingreso, y el monto de la mediana de las pensiones autofinanciadas para las mujeres fue de $20.556, estas cifras aumentan a través de los subsidios del Estado, que buscan mejorar las paupérrimas pensiones de las cotizantes. El informe señala que, con estos subsidios complementarios a las pensiones autofinanciadas, la mediana de la tasa de reemplazo aumenta a un 29% y el monto de la mediana asciende a $88.055. Por tanto, este panorama no es desalentador sólo para las mujeres, sino que también el Estado que, actuando como respirador artificial al sistema de AFP, debe destinar dinero para mejorar las pensiones para las mujeres. Desde este diagnóstico, nace la necesidad de impulsar el “Bono compensatorio para la mujer”. ¿De qué se trata este bono? El gobierno busca fomentar la equidad de género con el fin de acortar la brecha de pensiones entre hombres y mujeres. Para esto, propone hacer una transferencia mensual a la pensión de vejez e invalidez definitiva, lo cual busca que el saldo de hombres y mujeres en sus cuentas de capitalización individual se iguale, sumado a que se enfoca en disminuir la diferencia que se produce en el monto de las pensiones femeninas, por su mayor esperanza de vida.

A grandes rasgos podríamos decir que es un beneficio en pos de mejorar las paupérrimas condiciones en las que se jubilan las mujeres; pero si miramos más profundo, el “beneficio” que propone el gobierno tiene un requerimiento especifico: las mujeres deben trabajar hasta los 65 años para acceder a la totalidad del bono. Sólo desde los 65 años, este bono complementaría las pensiones de vejez para las mujeres y el beneficio no se extiende a las mujeres ya jubiladas.

El gobierno ha dicho que esto es una forma de incentivar el retiro tardío del trabajo asalariado para las mujeres, por eso el bono aumenta de forma proporcional a la cantidad de años que las mujeres trabajen posterior a cumplir los 60 años.

Fuente: Informe de productividad. Proyecto de ley que crea Nuevo Ahorro Colectivo, aumenta la cobertura del Sistema de Pensiones y fortalece el Pilar Solidario. Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo y Previsión social.

La propuesta del gobierno es por lo bajo insuficiente. No sólo invisibiliza el trabajo doméstico que las mujeres cumplen en sus hogares como doble jornada sin ser remunerado, sino que no profundiza en las causas que las mantiene cumpliendo en el trabajo asalariado y el trabajo doméstico. El sistema económico imperante, se basa en la explotación de las mujeres como fuerza de trabajo no remunerada para mantener la reproducción de los hogares. Los bajos sueldos, las condiciones de flexibilidad y precarización, no son simple coincidencia, es un correlato en el que el entramado del patriarcado y el capital se refuerzan para mantener las lógicas opresivas a las mujeres, encerrándolas en el espacio privado. Obligar a las mujeres a trabajar asalariadamente hasta los 65 años, es negar que las mujeres tienen mayores responsabilidades que los hombres desde edades muy tempranas, es decir, que las mujeres trabajan de forma gratuita incluso desde antes que los hombres y lo seguirán haciendo hasta después de jubilar. Es por esta inmensa carga de trabajo que las mujeres tampoco se suman a los espacios de organización -como los sindicatos- donde se disputa la redistribución de la riqueza, ya que eso demandaría un tiempo que generalmente dedican al hogar.

Hoy día, desde la vereda de los trabajadores y trabajadoras, se levanta una propuesta que busca valorar el trabajo no remunerado y doméstico. La propuesta de la Coordinadora NO+AFP, reconoce la doble carga de trabajo para las mujeres y la discriminación – especialmente salarial- que viven en el empleo. La propuesta de la Coordinadora, está enfocada en reconocer los años de trabajo en los cuales no han sido remuneradas. De esta forma, para mejorar las pensiones a las mujeres, la propuesta considera que, aquellas trabajadoras que tengan 5 años de trabajo asalariado se le suman inmediatamente 2 años más de cotización. Por lo que su pensión, ya no se calcularía con 5 años, sino que con 7, aumentando así el monto de la jubilación. Cuando esa misma mujer cumple 10 años de cotización, a los 2 años previamente sumados, se agregan 3, dando un total de 5 años de reconocimiento a las mujeres, por su doble carga de trabajo. Por lo que, una mujer que trabajó y cotizó 10 años o más, gracias a la compensación que considera la propuesta, se le calcula su pensión sumándole 5 años más de cotización.

Es interesante, ya que el aumento “ficticio” de años de cotización para el incremento de pensiones a las mujeres, va en una línea de reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado y también busca equiparar las condiciones para mujeres y hombres, considerando la discriminación que sufren las mujeres en el mundo del trabajo.

La reforma que propone el gobierno, no fomenta la equidad de género, sólo refuerza la doble explotación a la que se ven sometidas las mujeres. La reflexión en torno a la estructura cultural imperante es fundamental, no sólo en el ámbito del empleo, sino que también en el ámbito privado. Es urgente que hoy día los hombres se hagan parte del cuidado del hogar, la crianza y las labores domésticas. Es urgente que hoy las mujeres nos valoremos y exijamos mejores condiciones en nuestros lugares de trabajo y en el hogar. Y sin duda, es urgente que logremos unirnos para que las pensiones de trabajadores y trabajadoras sean justas y no perpetúen la discriminación hacia las mujeres.

En estos días, donde habitar un cuerpo de mujer te convierte en blanco fácil de la violencia, es importante que podamos ver que esta condición de vulnerabilidad se refuerza hoy desde el gobierno, manteniendo y profundizando las condiciones de explotación hacia las mujeres. La única forma de no perpetuar esta cadena de violencia económica a la que están expuestas las mujeres, es con organización y movilización social.

Llenando las calles para exigir un sistema de reparto justo, que valore el trabajo que realizamos dentro y fuera del hogar.