El próximo 24 de julio habrá pasado un año desde que cerca de un millón de chilenas y chilenos salieron a las calles y marcharon junto a la Coordinadora de Trabajadores No + AFP en protesta al estado de las pensiones en nuestro país y al sistema que las maneja.

Luego de este masivo rechazo al actual estado de cosas, las preguntas en torno a los problemas del modelo y a la situación de los pensionados comenzaron a hacer eco en el debate público ¿Se encuentran los adultos mayores en situación de pobreza?, ¿qué tan extendida es? Y algunos estudios han comenzado a mostrar sus hipótesis y resultados.

De acuerdo a un reciente informe del Ministerio de Desarrollo Social publicado en junio de este año, del total de personas de 60 y más años, sólo un 6,6% se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Raro.

Por otro lado, tomando el dato del Ministerio de Desarrollo Social como un antecedente más, la semana pasada se dio a conocer el estudio conjunto del Centro de Políticas Públicas UC y la Asociación de AFP: “Adultos Mayores: Un Activo para Chile”. Como era de esperar, dicha publicación realizó un análisis que no puso especial atención en los aspectos más sensibles que lesionan los intereses de la industria de las AFP. Para el centro de la UC y la AAFP, la solución al problema que deben enfrentar los jubilados debe transitar por un enfoque distinto al que se ha estado debatiendo hasta ahora (sobre la cruda materialidad de las pensiones). La idea central que se pretende transmitir es la necesidad de “instalar en la sociedad una nueva mirada del adulto mayor, más centrada en sus fortalezas y capacidades que en sus carencias y vulnerabilidades”. Así, esta investigación plantea el ya conocido enfoque de las políticas de incentivos: subsidio a la contratación de mano de obra adulta mayor que permita que las empresas gasten menos al momento de contratarlos (tal como sucede hoy con los jóvenes) como argumento para que aumenten las plazas de empleo para este segmento. También apuestan a que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (el SENCE) implemente programas de capacitación para personas mayores de modo que se pueda incrementar la empleabilidad en la tercera edad (entrevista en CNN).

Este artículo pretende hacer una revisión crítica del enfoque de este estudio y mostrar algunas cifras y reflexiones alternativas.

La pobreza real en la tercera edad

De acuerdo a los datos oficiales, publicados a fines de junio por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN, 2017), del total de pensiones de vejez que pagan las AFP – que técnicamente se denominan “de Retiro Programado” – el 91,4% es menor a $160.000, esto es, menor al 59% del nuevo salario mínimo de $270.000. En el caso de las mujeres el porcentaje de pensiones de vejez pagadas por las AFP menores a $160.000 es de 94,2%.  Por otro lado, al considerar el conjunto de las pensiones autofinanciadas (de todo el sistema – AFP, Compañías de Seguro e IPS), se tiene que sólo el 25% recibe una pensión mayor al salario mínimo (Fundación SOL usando microdatos Superintendencia de Pensiones).

Chile es un mal país para envejecer y diversos datos dan cuenta de que el camino a la vejez es un camino a la pobreza. Este punto, que debiese ser central en el análisis, no ha tenido el tratamiento analítico que se merece por parte de las autoridades de turno y menos por estudios como el ya citado y que son de amplia difusión en los medios masivos de comunicación.

Si bien no es de público conocimiento, más sí de los equipos técnicos, la pobreza por ingresos se calcula en Chile considerando el llamado “alquiler imputado” (MDS, 2016 / pobreza por ingresos), que en palabras simples corresponde al ingreso que la encuesta CASEN le imputa a los hogares de aquellas personas que son dueñas o se encuentran pagando el dividendo de la vivienda (también se incluyen los casos de viviendas que han sido cedidas). ¿Cómo se imputa el ingreso por concepto de “alquiler imputado”?, básicamente consiste en atribuir como ingreso para el hogar en cuestión, el monto de dinero que se pagaría por arriendo por una vivienda similar (en la práctica consiste en averiguar el monto de arriendos en el barrio o sector donde se lleva a cabo la encuesta). Es muy importante conocer y comprender este hecho, pues sólo así, es posible indagar más allá.

¿Qué pasaría con la pobreza si retiramos el alquiler imputado?

Esta pregunta tiene una justificación de primer orden en el caso de las personas de 60 años y más toda vez que la probabilidad de que se les impute el alquiler es mucho mayor que la probabilidad en una cohorte de edad sub 40 o sub 45 (los adultos mayores tendrán más probabilidad de tener casa propia – luego de pagarla toda una vida -, que una persona que recién ingresa al mundo del trabajo). Con el alquiler imputado se puede generar perfectamente la siguiente situación límite: el caso de un adulto mayor, viviendo sólo, sin trabajo, sin jubilación, sin Pensión Básica Solidaria (pues ésta no es universal y está sujeta a una prueba de medios), pero que vive en una casa que es propia (la pagó durante toda su vida, inclusive puede ser que aún la esté pagando – ahí también aplica alquiler imputado).

Supongamos que una casa como esa en el barrio donde habita el adulto mayor, tiene un valor de arriendo mensual de $200.000. Esta persona en la CASEN aparece con $0 ingreso autónomo (no tiene trabajo, no genera dinero propio, no tiene jubilación), tampoco recibe subsidios del Estado (no tiene Pensión Básica Solidaria), pero se le asigna o imputa un ingreso por $200.000 correspondiente al alquiler imputado. Luego, siguiendo los criterios de identificación para las personas en situación de pobreza, se procede a comparar la línea de pobreza con los ingresos. Como en este caso el ingreso de $200.000 es mayor a la línea de la pobreza unipersonal (para una persona se calcula una línea de la pobreza de $151.669), este adulto mayor es clasificado como no pobre.

La CASEN reporta 403.540 adultos de 60 años y más que viven solos y 1.064.420 que viven junto a otra persona, el resto, vive en hogares de 3 y más personas. En el primer grupo (quienes viven solos), el promedio para el alquiler imputado es de $158.597, es decir, si se usa el dato promedio, el elemento del alquiler imputado, por sí solo, hace que los adultos mayores de ese grupo no sean reconocidos como pobres (aún cuando no tengan ingreso disponible ni siquiera para comer). Si usamos la mediana, vemos que el 50% de dicho grupo tiene ingresos por alquiler imputado de $130.000 o más. A su vez, para el grupo de adultos mayores que viven en hogares de dos personas, el alquiler imputado medio llega a $187.961 mientras que el alquiler imputado mediano a $150.000.

Los datos de la CASEN, dan cuenta de que si se contemplan el alquiler imputado, los subsidios que da el estado y los ingresos autónomos de quienes tienen 60 y más años, habrían 202.231 personas en situación de pobreza (lo que equivale al 6,6% publicado por el Ministerio, MDS 2017). Los adultos de 60 y más años de edad no pobres ascienden desde esta óptica a 2.867.396. Sin embargo, siguiendo con los mismos datos duros de la CASEN, en ese grupo de adultos mayores, se puede constatar que el alquiler imputado cumple un papel fundamental para sacar a las personas de la pobreza (¿sacar de la pobreza?). Valga considerar que en el grupo de los no pobres de 60 años y más, el 92,3% tiene alquiler imputado.

Al limpiar las cifras sacando el alquiler imputado del procedimiento de cálculo se obtiene un panorama muy distinto del alcance de la pobreza en la tercera edad y probablemente uno mucho más cercano a la realidad: contabilizando los subsidios que da el Estado y los ingresos autónomos, las personas de 60 años y más en situación de pobreza llegan a 21,4%. Las mujeres suben de 6,4% a 22,4% mientras que los hombres de 6,8% a 20%. El simple hecho de retirar de los ingresos de los hogares el alquiler imputado, provoca que en la región Metropolitana la pobreza por ingresos para las personas de 60 y más años de edad pase de 3,2% a un 14,8% y en la región de la Araucanía de 16,2% a un 37,6%.

Si además de simular cuál sería la pobreza sin el alquiler imputado, se realiza el ejercicio de retirar los subsidios que entrega el Estado (y que también contienen la pobreza), el resultado es todavía más catastrófico y basta con observar lo que sucede en las regiones del sur del país: los datos CASEN advierten que usando sólo los ingresos que autónomamente generan los hogares y las personas, en regiones como Biobío, Los Ríos, Los Lagos y la Araucanía se enfrentan tasas de pobreza para los adultos mayores que superan el 40% (y el Maule está en 39,6%). Entonces, ¿de qué autonomía es la que habla el estudio de la Asociación de AFP y el Centro de Políticas Públicas UC?

Trabajando más allá de la edad legal de jubilación

El propio estudio de la asociación de AFP y el Centro de Políticas Públicas UC señala que la edad efectiva de jubilación de Chile es de 71 años. Ahora bien, aún cuando existen personas que siguen trabajando más allá de la edad legal de jubilación principalmente por motivos de realización personal, los datos de pobreza efectiva nos hablan de que la mayoría en Chile puede encontrarse más bien empujada por una adaptación forzosa pues, en los hechos, no les queda otra opción que trabajar para resolver necesidades básicas. Dicho de otra manera, ante la evidencia revisada, es más dable pensar que nuestros adultos mayores siguen trabajando muchos años más por una causa más cercana al eje de la necesidad, de la insuficiencia económica y de la dependencia que al eje de la autonomía y el libre deseo (de hecho el estudio de la Asociación de AFP y el Centro de Políticas Públicas UC arroja que la principal razón para seguir trabajando después de los 60 años es por necesidades económicas). El problema material, que en este caso es nada menos que un problema de pobreza, no puede ser una variable secundaria a mirarse con liviandad. Al contrario, un análisis más fino, da cuenta de una cuestión de fondo que obliga a realizar un juicio crítico: el de la inexistencia de un verdadero sistema de seguridad social en el país, lo cual lleva a que cientos de miles se encuentren en situación de pobreza para sus años de supuesto jubileo. Nada más contrario a la abstracta libertad que pregonan los voceros del sistema.