Por Gonzalo Durán y Marco Kremerman/Investigadores Fundación SOL
La semana pasada comenzaron las supuestas negociaciones por el reajuste al salario mínimo entre el Gobierno y la CUT. Como ocurre durante los meses de junio de cada año, el ejecutivo propone un aumento marginal y el proyecto de ley ingresa al Congreso sin acuerdo para que sea discutido por los parlamentarios en un par de sesiones. Todo muy rápido, sin debate, sin consulta, sin cuestionamientos de por medio.
Lo más probable es que el Gobierno proponga subir el mínimo de $172 mil a $180 mil y que diputados y senadores consigan 3 o 5 luquitas más y el 1º de julio se promulgue la ley. Después de esta rutina de todos los años no queda más que esperar otro pequeño avance hasta junio del próximo año.
Pero este año, la propuesta del Ejecutivo viene blindada con las conclusiones de un Informe de una Comisión constituida el año pasado por el presidente y cuyos integrantes no llegaron a acuerdo unánime. Sin embargo, la mayoría de ellos acordaron promover prioritariamente el empleo y, por tanto, postulan que el reajuste del salario mínimo no debe alejarse de la inflación esperada.
Aunque en este informe se reconoce que el salario mínimo debe permitir satisfacer las necesidades básicas de un/a trabajador/a y su familia (tal como lo recomienda el Convenio 131 de la OIT), finalmente no se toma en consideración el objetivo central de esta política, porque se sugiere que el mínimo estaría tocando techo y lo que se debe priorizar es la creación y mantención de los puestos de trabajo. Se trata de los argumentos de siempre y la historia de siempre: no se pueden subir los salarios porque provoca desempleo, genera inflación, afecta a las pequeñas empresa (defensa curiosamente desplegada por los representantes de las grandes empresas) o simplemente porque estamos en crisis, venimos saliendo de una crisis o podríamos entrar en una nueva crisis.
La cosa es que en Chile, más de 1 millón de trabajadores gana un salario mínimo o menos (considerando también a aquellas personas asalariadas del sector privado que reciben un 25% de su sueldo por concepto de gratificaciones mes a mes). En su mayoría son trabajadores que se sitúan por debajo o al borde de la línea de la pobreza y que viven en condiciones infrahumanas.
Sin ir más lejos, es cosa de hacer un simple ejercicio de presupuesto familiar y con mucha vergüenza darnos cuenta que con $172 mil líquidos (considerando el mejor de los casos de quienes reciben gratificaciones) sólo alcanza para arrendar una pieza por $90 mil, para que el jefe o jefa de hogar que trabaja tome la micro o el metro todos los días, pagar una cuenta de luz básica, comprar 1 kilo de pan al día y 5 litros de parafina y 10 litros de leche al mes. Si esta familia tiene deudas o le surge un imprevisto ni hablar.
Este millón de trabajadores pobres, están condenados a vivir como en Angola y otros tantos que ganan un poco más que el mínimo, tampoco les alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas. No obstante, esto ocurre en un país miembro de la OCDE y que ya alcanzado un PIB per cápita de 15 mil dólares.
Condenar a estos trabajadores a la pobreza, aunque se saquen la mugre laborando día a día, no parece sensato y no hay justificación que valga en un país que ha crecido 5,1% como promedio anual en los últimos 20 años y cuyo actual Gobierno promete crecer al 6% en los próximos 4 años. Se les pide esperar el pleno empleo para aumentar sus salarios, se les pide esperar que la economía esté creciendo robustamente por un buen tiempo, se les pide eso y mucho más, en un país profundamente desigual, que según datos de la Encuesta Casen 2009, mientras en el 5% de los hogares más pobres el ingreso autónomo por persona es de $2 mil, en el 5% de los hogares más ricos es $1,7 millones, o sea, 830 veces más, agudizando los datos presentados por el ex ministro Velasco para la comparación según deciles (el compara el 10% más pobre con el 10% más rico).
¿De qué sirve crecer tanto, si no somos capaces de asegurar las condiciones para que toda persona que trabaje pueda vivir con dignidad?, mientras un 10% de los hogares vive como si estuviera en Suiza o Luxemburgo.
Por ello, desde Fundación SOL, proponemos como punto de partida un Plan de Reajuste del Salario Mínimo a mediano plazo que involucre a este y el próximo gobierno y que le de contenido al llamado a la unidad nacional que se hace por estos días. La propuesta consiste en que el salario mínimo cubra la línea de la pobreza para una familia de 4 personas en un 100% el año 2017 y para ello al menos este año debe aumentar a $205 mil (corresponde al escenario más conservador, ya que la línea de la pobreza ha sido cuestionada incluso por el actual ministro de Hacienda).
Además se sugiere identificar a las pequeñas y micro empresas con menores niveles de productividad y estrechez financiera e implementar programas de apoyo que las doten de mayor poder de negociación para situarse bajo mejores condiciones en las cadenas productivas estructuradas por las grandes empresas, de tal forma de apoyarlas para que puedan pagar un salario mínimo más alto en el mediano plazo.
Finalmente, es necesario mencionar que la evidencia nacional e internacional no es concluyente con respecto al impacto de un aumento del salario mínimo en el empleo y más bien nos dice, que sólo reajustes muy altos en momentos de contracción económica, podrían afectar el empleo. Situación que sólo ha ocurrido dos años en las últimas dos décadas en Chile. Por ello, la propuesta se realiza bajo supuestos razonables de crecimiento, inflación y crecimiento población y tiene cláusulas de ajuste.
Sin duda, que un gran acuerdo político o cualquier llamado a la unidad nacional, debería considerar como piedra angular colocar al trabajo al centro de la estrategia de desarrollo y por ello resulta necesario elaborar un plan nacional de reajuste del salario mínimo para acercarnos a los países de la OCDE de la mitad inferior, como Portugal y Eslovaquia (que tienen un PIB per cápita en torno a los 20 mil dólares).
Tal como ha declarado la Iglesia Católica resulta totalmente indignante que haya trabajadores que trabajan y sean pobres. Aunque se dice que el reajuste ya está cocinado y quedan menos de dos semanas para que se transforme en ley, quizás este año se pueda escribir una historia distinta…
Columna publicada en El MostradorPor Gonzalo Durán y Marco Kremerman/Investigadores Fundación SOL
La semana pasada comenzaron las supuestas negociaciones por el reajuste al salario mínimo entre el Gobierno y la CUT. Como ocurre durante los meses de junio de cada año, el ejecutivo propone un aumento marginal y el proyecto de ley ingresa al Congreso sin acuerdo para que sea discutido por los parlamentarios en un par de sesiones. Todo muy rápido, sin debate, sin consulta, sin cuestionamientos de por medio.
Lo más probable es que el Gobierno proponga subir el mínimo de $172 mil a $180 mil y que diputados y senadores consigan 3 o 5 luquitas más y el 1º de julio se promulgue la ley. Después de esta rutina de todos los años no queda más que esperar otro pequeño avance hasta junio del próximo año.
Pero este año, la propuesta del Ejecutivo viene blindada con las conclusiones de un Informe de una Comisión constituida el año pasado por el presidente y cuyos integrantes no llegaron a acuerdo unánime. Sin embargo, la mayoría de ellos acordaron promover prioritariamente el empleo y, por tanto, postulan que el reajuste del salario mínimo no debe alejarse de la inflación esperada.
Aunque en este informe se reconoce que el salario mínimo debe permitir satisfacer las necesidades básicas de un/a trabajador/a y su familia (tal como lo recomienda el Convenio 131 de la OIT), finalmente no se toma en consideración el objetivo central de esta política, porque se sugiere que el mínimo estaría tocando techo y lo que se debe priorizar es la creación y mantención de los puestos de trabajo. Se trata de los argumentos de siempre y la historia de siempre: no se pueden subir los salarios porque provoca desempleo, genera inflación, afecta a las pequeñas empresa (defensa curiosamente desplegada por los representantes de las grandes empresas) o simplemente porque estamos en crisis, venimos saliendo de una crisis o podríamos entrar en una nueva crisis.
La cosa es que en Chile, más de 1 millón de trabajadores gana un salario mínimo o menos (considerando también a aquellas personas asalariadas del sector privado que reciben un 25% de su sueldo por concepto de gratificaciones mes a mes). En su mayoría son trabajadores que se sitúan por debajo o al borde de la línea de la pobreza y que viven en condiciones infrahumanas.
Sin ir más lejos, es cosa de hacer un simple ejercicio de presupuesto familiar y con mucha vergüenza darnos cuenta que con $172 mil líquidos (considerando el mejor de los casos de quienes reciben gratificaciones) sólo alcanza para arrendar una pieza por $90 mil, para que el jefe o jefa de hogar que trabaja tome la micro o el metro todos los días, pagar una cuenta de luz básica, comprar 1 kilo de pan al día y 5 litros de parafina y 10 litros de leche al mes. Si esta familia tiene deudas o le surge un imprevisto ni hablar.
Este millón de trabajadores pobres, están condenados a vivir como en Angola y otros tantos que ganan un poco más que el mínimo, tampoco les alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas. No obstante, esto ocurre en un país miembro de la OCDE y que ya alcanzado un PIB per cápita de 15 mil dólares.
Condenar a estos trabajadores a la pobreza, aunque se saquen la mugre laborando día a día, no parece sensato y no hay justificación que valga en un país que ha crecido 5,1% como promedio anual en los últimos 20 años y cuyo actual Gobierno promete crecer al 6% en los próximos 4 años. Se les pide esperar el pleno empleo para aumentar sus salarios, se les pide esperar que la economía esté creciendo robustamente por un buen tiempo, se les pide eso y mucho más, en un país profundamente desigual, que según datos de la Encuesta Casen 2009, mientras en el 5% de los hogares más pobres el ingreso autónomo por persona es de $2 mil, en el 5% de los hogares más ricos es $1,7 millones, o sea, 830 veces más, agudizando los datos presentados por el ex ministro Velasco para la comparación según deciles (el compara el 10% más pobre con el 10% más rico).
¿De qué sirve crecer tanto, si no somos capaces de asegurar las condiciones para que toda persona que trabaje pueda vivir con dignidad?, mientras un 10% de los hogares vive como si estuviera en Suiza o Luxemburgo.
Por ello, desde Fundación SOL, proponemos como punto de partida un Plan de Reajuste del Salario Mínimo a mediano plazo que involucre a este y el próximo gobierno y que le de contenido al llamado a la unidad nacional que se hace por estos días. La propuesta consiste en que el salario mínimo cubra la línea de la pobreza para una familia de 4 personas en un 100% el año 2017 y para ello al menos este año debe aumentar a $205 mil (corresponde al escenario más conservador, ya que la línea de la pobreza ha sido cuestionada incluso por el actual ministro de Hacienda).
Además se sugiere identificar a las pequeñas y micro empresas con menores niveles de productividad y estrechez financiera e implementar programas de apoyo que las doten de mayor poder de negociación para situarse bajo mejores condiciones en las cadenas productivas estructuradas por las grandes empresas, de tal forma de apoyarlas para que puedan pagar un salario mínimo más alto en el mediano plazo.
Finalmente, es necesario mencionar que la evidencia nacional e internacional no es concluyente con respecto al impacto de un aumento del salario mínimo en el empleo y más bien nos dice, que sólo reajustes muy altos en momentos de contracción económica, podrían afectar el empleo. Situación que sólo ha ocurrido dos años en las últimas dos décadas en Chile. Por ello, la propuesta se realiza bajo supuestos razonables de crecimiento, inflación y crecimiento población y tiene cláusulas de ajuste.
Sin duda, que un gran acuerdo político o cualquier llamado a la unidad nacional, debería considerar como piedra angular colocar al trabajo al centro de la estrategia de desarrollo y por ello resulta necesario elaborar un plan nacional de reajuste del salario mínimo para acercarnos a los países de la OCDE de la mitad inferior, como Portugal y Eslovaquia (que tienen un PIB per cápita en torno a los 20 mil dólares).
Tal como ha declarado la Iglesia Católica resulta totalmente indignante que haya trabajadores que trabajan y sean pobres. Aunque se dice que el reajuste ya está cocinado y quedan menos de dos semanas para que se transforme en ley, quizás este año se pueda escribir una historia distinta…
Columna publicada en El Mostradoren Actualidad
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