Publicada en Revista La Mala el 18 de enero 2021
Por Karina Narbona, investigadora Fundación SOL
La revuelta en Chile en octubre de 2019 inició una fuerte crisis política. Ahora bien, a un año, es importante remarcar que el “modelo” masivamente denunciado y puesto en peligro, aún no se toca ¿En qué consiste el mentado modelo?
Para entenderlo habría que retroceder algunas décadas. Casi un mes antes de la crisis petrolera que golpeó a las grandes potencias mundiales el 16 de octubre de 1973 – que a su vez revelaría y exacerbaría una crisis capitalista estructural y duradera- se inició en Chile un ciclo político que allanará el terreno a la más temprana y acabada liberalización económica del tiempo presente, la cual será vista en perspectiva global como una alternativa para el futuro. El 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende fue derrocado por un golpe de Estado. Lo que había sido el primer intento de un camino pacífico o institucional hacia el socialismo cayó con una acción militar que dejó postales que cruzarían fronteras: el bombardeo aéreo al edificio del gobierno, la muerte del presidente y la represión contra la población en la lógica del “enemigo interno”. A partir de ahí, se estableció una dictadura de 17 años bajo el liderazgo de Augusto Pinochet. En este escenario, Chile es pionero en la implementación de un completo programa de reformas neoliberales. Su efecto demostración inspiró a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan y hasta hace poco su diseño institucional se rescataba como digno de imitación o como un “modelo”. Durante años se habló del milagro económico chileno, citándose cifras macroeconómicas y macrosociales y apenas la desigualdad y carencias subyacentes.
Aunque el giro neoliberal en Chile no tomó consistencia hasta alrededor de 1975, cuando los gurús económicos que se especializaron principalmente en la Universidad de Chicago (de ahí su apodo, Chicago Boys) ganaron importancia después de un tiempo insistiendo con “nuevas ideas” en carpeta, ya existían algunas medidas económicas liberalizadoras en el marco relativamente desordenado de los primeros años de la dictadura. Al principio hubo una reforma fiscal y la apertura radical del comercio y luego de la cuenta de capitales. Más tarde, en el apogeo del régimen, se estableció la nueva institucionalidad social. Como parte de estas reformas estructurales, se restauró la disciplina de mercado y se redujeron los costos laborales, se privatizaron las pensiones y se reutilizaron con ello los salarios para desarrollar el mercado de capitales. A lo largo de todo el período dictatorial, hubo múltiples orientaciones a favor de las clases propietarias, que estimularon los beneficios a corto plazo en todas las áreas, tendencias socialmente conservadoras, segregadoras y despolitizantes y que forjaron el menú institucional de esta reorganización capitalista. En Fundación Sol hablamos de al menos once pilares del “modelo”: 1. Plan Laboral (1979), 2. Sistema tributario (1974,1984), 3. Sistema de salud (1981), 4. Desnacionalización del cobre (1981), 5. Fomento forestal (1974), 6. Sistema bancario (1975, 1986), 7. Subcontratación (1979), 8. Privatización de las pensiones (1981), 9. Privatización de la educación (1981), 10. Privatización del agua (1981), 11. Constitución (1980).
Este marco no fue reemplazado después de la dictadura. Uno de los factores decisivos es la redoblada supremacía económica, política y cultural que han logrado los grupos dominantes. Según el Banco Mundial, el 1% más rico de Chile concentra hoy en día el 33% del ingreso nacional y el 5% más rico el 51,5%. Tal concentración conduce a un cosmos social pauteado en gran medida en torno a las necesidades de esa minoría. Son los mismos sectores que, en el espectro político establecido, han bloqueado las propuestas que pretenden eliminar la dura injerencia del Estado en la acción sindical, para que ésta pueda ejercer un contrapeso, permitir que el salario mínimo cubra al menos la línea de pobreza, financiar públicamente derechos sociales universales, etc. Generar cambios en esa línea, por cierto, no depende de la buena voluntad de esos sectores, depende de las luchas populares. En ese espacio, que es de disputa de poder, han sido los empresarios y sus representantes los que han triunfado, hasta el momento. Parte de la explicación radica en las mismas condiciones institucionales, en la disciplina impuesta por la presión sobre las condiciones materiales (bajos salarios, deuda, empleos inestables) y en la aniquilación política que sigue ejerciendo el golpe de 1973, que fue un golpe de clase.
Hoy en día, la consigna es (todavía) la dignidad y, aunque elevada en diversos grados, cambiar las reglas del juego. El proceso constituyente es una cuestión relevante y fijará la agenda por lo menos durante dos años según las condiciones establecidas. En este contexto, la movilización es un instrumento inevitable para romper barreras y disputar más, en la dirección de una asamblea constituyente y una ruptura efectiva con el modelo, lo que colocaría a Chile como territorio de cuna y muerte potencial del neoliberalismo. Pero este modelo, como se ha visto, va más allá del marco procesal y general de la Constitución. En este sentido, uno de los factores clave, como elemento que cambia el orden a nivel de las relaciones productivas, es un “sindicalismo sin ataduras” que pueda desarrollar la fuerza necesaria para luchar por los salarios, la calidad de vida y el poder sobre el proceso laboral y social. Además, la sustitución del sistema privado de pensiones por uno público dejaría al modelo sin financiador. Todo el plano laboral es así un eje central, pero no aislado, considerando las devastaciones vitales que el capitalismo (y no sólo el neoliberalismo) está provocando dentro de la actual realidad ecológico-sanitaria.