Estaba la Junta Militar en pleno la mañana del 14 octubre de 1980. La orden del día era la reforma inédita al sistema de previsión social propuesta por el ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, y pergeñada por un grupo de economistas neoliberales como Luís Larraín y Hernán Buchi. En la sesión también estaban el ministro de Hacienda, Sergio de Castro, padrino de la estrategia de shock económico que inició la privatización del país; y Walter Riesco Salvo, que figuraba como asesor y ya en democracia sería el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Matthei, Mendoza, Merino y Pinochet concordaban en una reforma profunda al sistema previsional. La duda estaba en si la propuesta de un esquema de capitalización individual era lo más adecuado y el riesgo de que dicho fondo fuera administrado por privados. Pinochet comentaba que pese a encontrar “maravilloso” el sistema, “he dicho que no estoy de acuerdo en el problema ése de que los capitales vayan a la parte privada. En realidad, no discrepo de ello, sino que me choca por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales”.

“Partimos de la base de que estamos de acuerdo. Yo considero que es necesario un nuevo sistema, pero me angustio cuando veo que habrá tanta plata y aquí todos los ‘vivos’…”, reflexionaba el dictador, interpelando a Piñera de por qué no dejar la administración de las platas al Banco Central.

“El problema en este sistema es que hay que capitalizarlas, es decir, en el fondo hay que invertirlas en documentos”, respondía el ministro que hace poco había diseñado también la Reforma Laboral. Justificaba que era necesario invertir el dinero en documentos, hacer gastos en operaciones para reunir el dinero. A su ofensiva se suma el ministro de Castro, quien defiende el nuevo sistema argumentando que invirtiendo en bienes inmobiliarios se da seguridad a los fondos.

El almirante Merino advierte que “el peligro radica en que en el futuro pueda ser modificada por regímenes políticos posteriores”, por lo que había que darle a la ley un quórum calificado. Según Merino, así se evitaría que “en veinte años más a un Congreso se le ocurra de repente empezar a modificar la ley y quitarle algunos de los cerrojos que tiene para impedir que sea mal usada”.

La reunión comenzó poco después de las nueve de la mañana, pararon para almorzar y culminó pasadas las siete de la tarde. Poco antes de terminar, los militares se aseguraron de mantener a su personal en el esquema anterior. Así, a través de un decreto con cerrojo, entre militares obsecuentes y Chicago Boys ambiciosos aprobaron el D.L. 3.500, entregando un nuevo negocio al capital privado. Desde esa fecha cada chileno que trabaje está obligado a entregar un pedazo de su salario para financiar a los grandes grupos económicos. A cambio se les entregará una pensión que, según se pronostica, alcanzará a no más del 20 por ciento de su salario.

“El objetivo de las AFP no era garantizar pensiones dignas, sino generar un mercado de capitales, cifra que hoy supera los US$ 160.000 millones, gracias al ahorro forzoso de los trabajadores y a un sistema de inversiones que privilegia a las grandes empresas –CMPC del grupo Matte, por ejemplo, la misma de la colusión del papel– y al sistema financiero internacional. Las bajas pensiones, por lo tanto, no fueron un ‘error de implementación’ sino una parte esencial del diseño original, más allá de lo prometido”, destaca Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol.

LOS ALBORES DE LA PREVISIÓN SOCIAL

La previsión en la vejez es una preocupación del siglo XX. El historiador Sergio Grez cuenta que “el principio de la seguridad social lo levantaron las organizaciones políticas vinculadas al movimiento obrero y popular. Su precursor fue el Partido Democrático, que ya en su primer Programa (1887) contemplaba la organización por el Estado de la ‘asistencia pública en favor de los enfermos, ancianos o inválidos del trabajo’. Tres lustros más tarde, en 1903, el diputado Malaquías Concha, líder de dicho partido, propuso que la Cámara solicitara al presidente que incluyera en la legislatura proyectos de leyes sociales como cajas de ahorros para los operarios de los ferrocarriles y jubilación de los empleados de las policías”.

Grez agrega que ya en la segunda mitad de la década de 1910, cuando dicho partido accede a puestos ministeriales integrando la Alianza Liberal, sus ministros realizaron incipientes avances para montar un sistema de protección social. Al mismo tiempo, el Partido Obrero Socialista, fundado por Luis Emilio Recabarren en 1912, estableció en su primer Congreso (1915) un programa con varias medidas de legislación social, como pensiones de retiro e invalidez del trabajo.

A partir de 1924, con la creación del Ministerio de Salud, Trabajo y Previsión Social, se asume la tarea de crear cajas previsionales y un sistema de pensiones de reparto que se va perfeccionando a medida que se avanza en el Estado de Bienestar. Los trabajadores cotizaban a lo largo de su vida y al jubilar recibían un monto de pensión calculado en base a su último salario.

El D.L 3.500 de 1980 que funda el sistema de AFP se monta en contra de dicho esquema. La capitalización individual es su elemento fundante y se da un período de 6 años para estar operando en plenitud. A partir de 1981 los grandes grupos económicos fundan sus AFP e inician una gran campaña de persuasión en una televisión orquestada por la dictadura y con miles de funcionarios que inundaban los espacios laborales convenciendo a la gente de cambiarse al nuevo sistema previsional. Se amenazaba a las personas con que al final todos serían cambiados en pocos años, que las pensiones serían similares al salario o que las Cajas eran el botín de funcionarios inescrupulosos que se llevaban la plata para la casa. En adelante, quien se iniciara laboralmente está obligado a cotizar en las AFP.

CATÁSTROFE SOCIAL Y FINANCIAMIENTO DE GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS

A 34 años de su implementación, la jubilación en Chile se ha convertido en una catástrofe social. De las 1.120.000 pensiones que el sistema paga, el monto promedio apenas es de $205.000, alcanzando con el aporte previsional solidario del Estado la escuálida cifra de $219.000. Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, destaca que si consideramos las 336 mil pensiones de Vejez Edad (retiro programado), el 91% de estas está por debajo de $156.000, lo que equivale al 62% del Salario Mínimo nacional. Si se aplican variables de género se evidencia que 94 de cada 100 mujeres jubiladas recibe dicha pensión o un monto más bajo.

También las AFP no juegan limpio en el cálculo final de los pensionados. Muchos pensionados de la modalidad de retiro programado recurrieron a la Superintendencia de Pensiones (SP), que el año reciente aplicó multas por $60 millones a cinco compañías, siendo las más altas a Provida y Cuprum.

A futuro el panorama es peor. Ya será así para los que jubilen a partir de julio de este año, a quienes por la aplicación de tablas de mortalidad verán disminuida su pensión en 2,2%. Pero la catástrofe mayor se cierne para los que tienen entre 60 y 65 años, quienes -según cálculos de la SP- acumulan en promedio menos de $30 millones en su cuenta individual, por lo que tendrán pensiones inferiores a $150 mil mensuales. Para la mitad de los que se jubilen entre 2025 y 2035, y que hayan cotizado entre 25 y 33 años en las AFP, la Comisión Bravo estimó que tendrán una tasa de reemplazo menor a 22%.

¿Quién está ganando entonces?

Como si fuera un baúl con doble fondo, las AFP y los medios masivos reducen el problema de las pensiones a que los sueldos en Chile son bajos, que ha aumentado la expectativa de vida y a que se debiera ahorrar más. Lo cierto es que el esquema de las AFP fue montado no sólo como privatización de las jubilaciones, sino que para entregar grandes sumas de capital -sacadas obligatoriamente del salario de los chilenos- a los grandes grupos económicos. Análisis de la Fundación Sol destacan que ya el año 2014 las AFP tuvieron ingresos por $7,1 billones sólo por las cotizaciones de los trabajadores activos. El mismo año pagaron $2,8 billones en pensiones. Es decir, tuvieron una ganancia neta de 4,3 billones pagando al mismo tiempo pensiones miserables.

El Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (Cenda) mantiene actualizado cada mes los Indices de la Actividad Económica Interna. Una de las variables consideradas en su analítica es la recaudación de las AFP cada mes y cuánto pagan en pensiones. El economista Manuel Riesco, integrante de Cenda, delimita que “cada mes cotizan unos 5,7 millones de personas en promedio. Si cruzamos ese dato con el sueldo imponible promedio (700 mil pesos) tienes el dato del total de asalariados de Chile. Como las AFP descuentan el 12,5% a cada salario, el cálculo da que todos los meses a las AFP le entran 500 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Pensiones también lleva un registro de las pensiones pagadas, las que bordean 1.133.000 pensiones (mes de mayo). Estas tienen un monto promedio ponderado, lo que da el monto de lo que pagan en pensiones: 208 mil pesos por persona (7,87 UF). Es decir, si al total de cotizaciones le restas el total de lo que pagan las Compañías de Seguro y las AFP, el resultado evidencia que cada mes las AFP tienen un excedente de 300 mil millones”.

Riesco destaca que “de este excedente, la mitad se lo embolsan las propias AFP y la otra mitad se lo traspasan a los grandes grupos financieros en forma de préstamo o capital accionario. Esto genera excedentes que las AFP no van a devolver jamás”.

Un cálculo estimativo del gran volumen del negocio en que se convirtió la previsión de los chilenos hecho por Cenda, da cuenta de que entre 1982 y 2013 son 55,8 billones de pesos (del año 2013) que se han embolsado las AFP.

Recaredo Gálvez, cientista político de la Fundación Sol, calcula que para el año 2016 “llevamos un pozo administrado por las AFP que supera los 160 mil millones de dólares, o sea equivale al 70% del PIB. Lo que los contribuyentes han ingresado al modelo sólo este año”.

“El objetivo ha sido principalmente poder financiar directamente a los grandes grupos económicos, entre los cuales podemos reconocer a la banca. Si miramos los datos hoy, en la banca hay 31 mil millones de dólares que provienen de los fondos de pensiones, concentrándose este monto de dinero en 10 bancos que operan en Chile. Un alto nivel de concentración y de recursos que se entregan a este sector, lo que genera un proceso de acumulación y expansión de los capitales inédito”, destaca Gálvez.

El destino final del dinero de los trabajadores acaba en las fauces de los grandes grupos económicos. Si por años auspiciaron a grupos como Penta o Soquimich, este año continúan financiando a los grandes conglomerados de Luksic, Angelini y Matte (ver infografía). Gálvez recalca que las AFP “cumplen el objetivo marcado de financiar a los grandes grupos económicos y generar una alta concentración de riqueza y no pagar pensiones suficientes, porque no están diseñadas en esa perspectiva”.

LAGOS Y BACHELET: SUBSIDIANDO EL MODELO

Pese a ser uno de los ejes centrales de las reformas neoliberales de Pinochet, durante los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría se ha perfeccionado el sistema previsional. Ya en 2002 el ex presidente Ricardo Lagos creó los multifondos, lo que permitió a los cotizantes optar donde invertir su dinero y de pasada permitía a las AFP colocar dineros en la ruleta rusa de las bolsas mundiales. Entusiasta con las AFP, Lagos dijo al momento de anunciar la reforma que “nos reunimos para celebrar los 21 años de un sistema que ha funcionado y ha sido exitoso y que ahora lo perfeccionamos porque vamos a tener cinco fondos”.

Pero los fondos no alcanzaban para pagar pensiones dignas. En 2006, en su primer mandato, Bachelet convoca a la Comisión Marcel para hacer una reforma al sistema, realizada en 2008 y que obliga a los trabajadores a honorario a cotizar, y crea un subsidio estatal a las pensiones más bajas, las que hoy equivalen a 86 mil pesos mensuales. Los centros de pensamiento de la derecha acusaron en la oportunidad que establecer el Sistema de Pensiones Solidarias era “un incentivo a que las personas no cotizaran”.

El segundo gobierno Bachelet se tuvo que hacer cargo de que el sistema seguía en crisis. Para ello convocó a una Comisión dirigida por el ex director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el economista David Bravo.

Pese a que las conclusiones de la Comisión advirtieron que con el modelo actual la mitad de los pensionados recibirá una jubilación que no superará el 15% de su sueldo y, en un escenario ideal de cotización continuada, alcanzarían para apenas el 40% del ingreso promedio, los ‘expertos’ se dividieron por dos alternativas que acaban perfeccionando el sistema de AFP. Una tercera (la propuesta C de la economista polaca Leokadia Oreziak) que proponía volver al sistema de reparto, fue ignorada, quedando sólo en la mesa la propuesta A afín a la industria (subir el monto de las cotizaciones y entregar más dinero del Estado) y la propuesta B que apuesta por un sistema mixto y propone la creación de una AFP estatal.

A las pocas semanas el economista integrante de la Comisión, Andras Uthoff, denunció a El Mostrador que los integrantes nunca vieron la propuesta A antes de ser entregada a la presidenta Bachelet y que vieron sólo borradores que eran similares a la propuesta B. El economista reconoce que no puede opinar con propiedad sobre esta propuesta porque “no vimos lo que quedó, sino que recién ahora lo pudimos leer”. También sostiene que el presidente de la Comisión se la jugó entero por la propuesta. Según denunció CiperChile, David Bravo está implicado en un millonario caso de sobresueldos realizados en la unidad de encuestas de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Al final, la Comisión Bravo terminó siendo otro gol de las AFP.

PRODUCIENDO SUJETOS NEOLIBERALES

Cuando José Piñera explicaba ante la Junta su engendro de capitalización individual, argumentó que uno de sus efectos sería debido a que como “la rentabilidad dependerá del buen manejo de la economía nacional (…) usted va a hacer que todos los trabajadores, que son tres millones, se interesen en que haya gobiernos que manejen la hacienda pública en forma responsable, que no sean demagogos, sino administraciones serias. Es decir, de alguna manera se hace propietario acá a cada trabajador”.

Hace pocos años una publicidad de una AFP y Compañía de Seguros mostraba a diferentes personas caminando por la ciudad con montos de dinero en letras naranja bajo el brazo. Unos tenían más, otros menos. La publicidad representaba de alguna forma el sueño político de José Piñera, que es transformar a cada trabajador en un ser que calcula las decisiones de su destino, un destino amarrado a un paraíso de grandes empresas. En estas nuevas políticas la dictadura estaba diseñando una nueva forma de gubernamentalidad: La subjetividad neoliberal promovida apuntaba a producir un sujeto que se juega la vida en decisiones financieras y está obligado a hacerse responsable de la economía de su futuro. Si toma ‘buenas decisiones financieras’ tendrá asegurado el futuro; si es que se equivoca estará condenado a la pobreza. No en vano, una de las propuestas insistentes de las AFP es estimular la ‘educación previsional’.

Los medios y las agencias encuestadoras se han preocupado de invisibilizar dichas demandas y hasta ahora no se ha preguntado directamente a la población si desea mantener el actual sistema de capitalización individual o cambiarlo por un modelo de reparto solidario. Pese a dicho silencio las voces de denuncia se multiplican. A mediados de mayo una pensionada penquista a sus 82 años se encadenó en las oficinas de la AFP Habitat. Recibe una pensión de 150 mil pesos, que a partir de julio se redujeron a 147 mil. El 30 de junio decenas de ancianos encapuchados sorprendieron a los santiaguinos. Era una de las primeras protestas contra las AFP y convocó a cerca de un millar de personas. El 24 de julio la protesta se desparramó por varios pueblos y ciudades de Chile, con una participación en Santiago de unas cien mil personas.