Por Patrizio Tonelli/Investigador de la Fundación SOL
A fines de 2011, estas palabras cobran un sentido aún más evidente. Es siempre más claro, de hecho, que Chile representa para Europa el modelo de futuro. En vez de ser nosotros los que desde el “subdesarrollo” miramos a los países “desarrollados”, son estos últimos que han emprendido una rápida marcha hacia nuestros estándares políticos, institucionales, sociales, y económicos.
¿En qué consiste este futuro que Chile está mostrando a Europa? Se trata de la puesta en escena y del despliegue de algo que no queremos ver ni tampoco nombrar. Sin embargo, después de años de ficción, de discursos sobre “el fin de la historia” y “las virtudes del mercado”, se está aclarando lo que debemos volver a discutir y que representa la esencia de nuestras desiguales sociedades capitalistas, el conflicto de clase. Es siempre más evidente que estamos en presencia de un ataque frontal al trabajo subordinado, a su representación colectiva y a su capacidad de redistribuir la riqueza. Mientras en Chile, dicho ataque fue fulminante y violento a partir de 1973, y pudo instalarse científicamente y desarrollase hasta el día de hoy, en Europa el camino ha sido más lento y sólo ahora empezamos a vislumbrar claros elementos de semejanza y convergencia.
En este marco, lo que está pasando en Italia es profundamente significativo. Para demostrarlo mostraremos solo algunos acontecimientos de los últimos días.
21 noviembre: Fiat, la más importante industria italiana, anuncia públicamente su decisión unilateral de salir de Confindustria, la asociación que reúne a los empresarios italianos, y de anular, para sus plantas, la aplicación del Contrato Colectivo Nacional de Trabajo del sector metalmecánico al cual estaba sometida. En Fiat, a partir del 1 enero de 2012, no se aplicará nunca más el tradicional instrumento sectorial de regulación de las relaciones laborales, negociado a nivel nacional por sindicatos y empresarios, más bien se aplicará un contrato colectivo de empresa, valido sólo para Fiat.
El hecho representa un quiebre histórico para las relaciones laborales italianas, que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial (1945) habían logrado civilizar el unilateralismo empresarial propio de las épocas precedentes, e instalar un mecanismo solidario que reconocía la importancia y centralidad del trabajo para la sociedad y la economía del país. Solidario era para los trabajadores, ya que el contrato nacional a nivel de rama o sector garantiza condiciones mínimas, salariales y normativas, para todos los trabajadores que aquí laboran. Solidario era para los mismos empresarios, ya que fijando un piso mínimo común para todos, impedía que la competencia interempresarial se descargara sin límites a costa de los trabajadores, comprimiendo salarios y condiciones laborales, permitiendo que esa misma competencia se desarrollara hacia temas de inversión e innovación. Gracias a eso Italia logró imponerse como uno de los 7 países más industrializados del mundo y mejorar la distribución de las riquezas en la sociedad, abriendo las puertas para ese gran proceso de crecimiento y transformación económica, cultural, social conocido con el nombre de “milagro económico”.
La decisión de Fiat, ahora, da el paso para que nuevamente se imponga la jungla de las relaciones de fuerza y del unilateralismo con efectos dramáticos para los trabajadores y en perspectiva para la sociedad entera. La presión de Fiat para implementar sus planes ha sido muy fuerte, y 3 semanas después va en escena el capítulo final de la historia:
13 diciembre: Algunos sindicatos del sector aceptan poner su firma en el nuevo contrato colectivo de empresa válido sólo para Fiat. Gracias a esas firmas, a partir del 1 enero 2012 Fiat extenderá a todas sus plantas y a todos sus trabajadores (86.200 personas) el contrato colectivo impuesto el año pasado en las plantas de Pomigliano y Mirafiori.
Ya hace un año habíamos comentado sus efectos fuertemente nocivos para las condiciones de trabajo, al imponer una fuerte flexibilización e intensificación en el uso de la mano de obra (horarios, ritmos, horas extras). Aquí queremos volver a destacar los catastróficos efectos para el sistema de relaciones industriales provocadas por ese “acuerdo”: el “modelo Pomigliano y Mirafiori” establece que sólo los sindicatos que firmen dicha imposición tendrán derecho a existir y tener representación en la empresa Fiat. Eso significa que la FIOM (Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos), el sindicato más grande y representativo en el sector y en Fiat, será excluido de la representación en la empresa: al no haber aceptado y firmado, no podrá tener representantes ni diario mural, no podrá cobrar las cuotas sindicales ni gozar del resto de prerrogativas previstas por el Estatuto de los Trabajadores (Ley n. 300, año 1970).
Quién no esté de acuerdo con el patrón no tiene derecho a existir: es evidente el violento ataque a la libertad sindical, pues los trabajadores no podrán elegir el sindicato que creen más oportuno, debiendo escoger, al contrario, entre los preferidos por la empresa. El peligro de un “efecto de difusión” de esta dinámica, además, es claro y previsible: “si lo hizo Fiat ¿por qué no puedo hacerlo yo?”, se está preguntando el resto de los empresarios italianos…
Estos acontecimientos, sin embargo, se enmarcan al interior de un conflicto social y político más amplio. El espectro de la crisis económica y del default financiero, de hecho, empujan hacia reformas estructurales del Estado de Bienestar italiano que apuntan a rediseñar el sistema de derechos sociales históricamente logrado a lo largo del siglo XX y con eso redimensionar el rol de los trabajadores y de sus organizaciones en la redistribución de la riqueza social.
4 diciembre: siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del Banco Central Europeo contenidas en una carta secreta enviada en el mes de agosto, el nuevo gobierno “técnico” de Mario Monti presenta al país un plan de ajuste presupuestario destinado a, utilizando sus propias palabras, “salvar Italia”. La ley, que pretende recuperar 30 mil millones de euros, tiene como punto fundamental, la profunda reforma del sistema de pensiones.
Concretamente, desde ahora en adelante las italianas e italianos deberán trabajar más tiempo para poder gozar del merecido descanso. Aumenta de hecho la edad necesaria para poder jubilar, ya que los hombres necesitarán cumplir 66 años y las mujeres 62 para acceder a la pensión, y aumenta el tiempo de cotización necesario para jubilarse con las llamadas “pensiones de antigüedad”: aún no cumpliendo con el nuevo umbral etario, de todas formas, para jubilarse los hombres deberán haber cotizado a lo menos 42 años y las mujeres a lo menos 41 años.
Es el trabajo sin fin, la realización del mito de Sísifo, el hombre condenado a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, que derriba las conquistas logradas por los trabajadores durante el siglo XX las cuales apuntaban a limitar la colonización absoluta de la vida del trabajador.
Los empresarios italianos juzgan positivamente el plan de ajuste pues no habría ninguna alternativa frente a una situación que plantea la sobrevivencia del euro y de la economía europea.
Al otro lado de la vereda, los sindicatos italianos están desarrollando acciones comunes para manifestar su oposición a un plan que definen “sin equidad” y que intenta buscar beneficios “a costa de los pobres del país”. A pesar de los graves problemas económicos que Italia está atravesando, develan el uso ideológico de la crisis financiera por el gobierno Monti y sus ministros, al imponer recortes y sacrificios sólo para los trabajadores. De forma alternativa proponen una reforma tributaria que impacte en las grandes riquezas acumuladas en el país, y medidas que solucionen el problema de la evasión de impuestos que en Italia bordea los 200 mil millones de euros.
En el fondo, los sindicatos italianos sostienen que para enfrentar la crisis hay que intervenir en la desigual redistribución de las riquezas y en la injusticia social que en los últimos años se han acumulado en el país. Ha sido un proceso largo, pero constante, que las estadísticas documentan de forma precisa. El último informe del OCDE por ejemplo, el mismo que describe a Chile como el país con mayor desigualdad, informa que en Italia, en los últimos veinte años, la distancia entre los ingresos ha aumentado de forma consistente y que ahora el sueldo promedio del 10% más rico supera en más de 10 veces el ingreso del 10% más pobre. Además, la cuota de renta nacional total capturada por el 1% más rico en los últimos 20 años ha pasado de un 7% a un 10%. Las cifras todavía no muestran una situación tan grave como la que vive Chile, sin embargo, revelan una preocupante dinámica que ha marcado profundamente los procesos sociales y políticos de los últimos 30 años en Italia y Europa, y que Rossana Rossanda, intelectual de prestigio y figura fundamental para la izquierda italiana y europea del siglo XX, resume de forma clara:
Escribe Rossanda que la explicitación del conflicto social a fines de los años 60 había hecho de Europa, a fines de los años 70, la región del mundo menos desequilibrada entre ricos y pobres, al repartirse el PIB por casi tres cuartos al trabajo y por un cuarto a ganancias y rentas. En el año 2000 la cuota de los salarios había descendido de diez puntos porcentuales, al 65%, y desde esa época nunca volvió a subir. El crecimiento de los ingresos se concentró progresivamente en las manos del 10% más rico y, entre los ricos, en el 1% de los más ricos.
Chile representa una realidad en la cual estos procesos se han desplegado completamente. Con sindicatos y negociación colectiva encerrados en la empresa y por eso ineficaces, con una inexistente redistribución de las riquezas, con 4.500 familias que lo tienen secuestrado muestra entonces claramente el futuro para Europa al seguir el camino emprendido. Al mismo tiempo, sin embargo, muestra cuál es el problema común que, fuera de retóricas postmodernas y falsamente pacificadas, se llama conflicto de clase. En los últimos 30-40 años una sola de las dos clases supo jugar activamente y de forma eficaz, mientras que la otra, los trabajadores y sus representaciones, se movieron con dificultad, sin un proyecto claro ni acciones capaces de contrarrestar los procesos en acto. Para poner en discusión las profundas desigualdades sociales es necesario entonces volver a utilizar las palabras correctas, llamando las cosas con su nombre, y actuar de consecuencia poniendo en marcha una estrategia y acción sindical a la altura de los tiempos.
Columna publicada originalmente en El MostradorPor Patrizio Tonelli/Investigador de la Fundación SOL
A fines de 2011, estas palabras cobran un sentido aún más evidente. Es siempre más claro, de hecho, que Chile representa para Europa el modelo de futuro. En vez de ser nosotros los que desde el “subdesarrollo” miramos a los países “desarrollados”, son estos últimos que han emprendido una rápida marcha hacia nuestros estándares políticos, institucionales, sociales, y económicos.
¿En qué consiste este futuro que Chile está mostrando a Europa? Se trata de la puesta en escena y del despliegue de algo que no queremos ver ni tampoco nombrar. Sin embargo, después de años de ficción, de discursos sobre “el fin de la historia” y “las virtudes del mercado”, se está aclarando lo que debemos volver a discutir y que representa la esencia de nuestras desiguales sociedades capitalistas, el conflicto de clase. Es siempre más evidente que estamos en presencia de un ataque frontal al trabajo subordinado, a su representación colectiva y a su capacidad de redistribuir la riqueza. Mientras en Chile, dicho ataque fue fulminante y violento a partir de 1973, y pudo instalarse científicamente y desarrollase hasta el día de hoy, en Europa el camino ha sido más lento y sólo ahora empezamos a vislumbrar claros elementos de semejanza y convergencia.
En este marco, lo que está pasando en Italia es profundamente significativo. Para demostrarlo mostraremos solo algunos acontecimientos de los últimos días.
21 noviembre: Fiat, la más importante industria italiana, anuncia públicamente su decisión unilateral de salir de Confindustria, la asociación que reúne a los empresarios italianos, y de anular, para sus plantas, la aplicación del Contrato Colectivo Nacional de Trabajo del sector metalmecánico al cual estaba sometida. En Fiat, a partir del 1 enero de 2012, no se aplicará nunca más el tradicional instrumento sectorial de regulación de las relaciones laborales, negociado a nivel nacional por sindicatos y empresarios, más bien se aplicará un contrato colectivo de empresa, valido sólo para Fiat.
El hecho representa un quiebre histórico para las relaciones laborales italianas, que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial (1945) habían logrado civilizar el unilateralismo empresarial propio de las épocas precedentes, e instalar un mecanismo solidario que reconocía la importancia y centralidad del trabajo para la sociedad y la economía del país. Solidario era para los trabajadores, ya que el contrato nacional a nivel de rama o sector garantiza condiciones mínimas, salariales y normativas, para todos los trabajadores que aquí laboran. Solidario era para los mismos empresarios, ya que fijando un piso mínimo común para todos, impedía que la competencia interempresarial se descargara sin límites a costa de los trabajadores, comprimiendo salarios y condiciones laborales, permitiendo que esa misma competencia se desarrollara hacia temas de inversión e innovación. Gracias a eso Italia logró imponerse como uno de los 7 países más industrializados del mundo y mejorar la distribución de las riquezas en la sociedad, abriendo las puertas para ese gran proceso de crecimiento y transformación económica, cultural, social conocido con el nombre de “milagro económico”.
La decisión de Fiat, ahora, da el paso para que nuevamente se imponga la jungla de las relaciones de fuerza y del unilateralismo con efectos dramáticos para los trabajadores y en perspectiva para la sociedad entera. La presión de Fiat para implementar sus planes ha sido muy fuerte, y 3 semanas después va en escena el capítulo final de la historia:
13 diciembre: Algunos sindicatos del sector aceptan poner su firma en el nuevo contrato colectivo de empresa válido sólo para Fiat. Gracias a esas firmas, a partir del 1 enero 2012 Fiat extenderá a todas sus plantas y a todos sus trabajadores (86.200 personas) el contrato colectivo impuesto el año pasado en las plantas de Pomigliano y Mirafiori.
Ya hace un año habíamos comentado sus efectos fuertemente nocivos para las condiciones de trabajo, al imponer una fuerte flexibilización e intensificación en el uso de la mano de obra (horarios, ritmos, horas extras). Aquí queremos volver a destacar los catastróficos efectos para el sistema de relaciones industriales provocadas por ese “acuerdo”: el “modelo Pomigliano y Mirafiori” establece que sólo los sindicatos que firmen dicha imposición tendrán derecho a existir y tener representación en la empresa Fiat. Eso significa que la FIOM (Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos), el sindicato más grande y representativo en el sector y en Fiat, será excluido de la representación en la empresa: al no haber aceptado y firmado, no podrá tener representantes ni diario mural, no podrá cobrar las cuotas sindicales ni gozar del resto de prerrogativas previstas por el Estatuto de los Trabajadores (Ley n. 300, año 1970).
Quién no esté de acuerdo con el patrón no tiene derecho a existir: es evidente el violento ataque a la libertad sindical, pues los trabajadores no podrán elegir el sindicato que creen más oportuno, debiendo escoger, al contrario, entre los preferidos por la empresa. El peligro de un “efecto de difusión” de esta dinámica, además, es claro y previsible: “si lo hizo Fiat ¿por qué no puedo hacerlo yo?”, se está preguntando el resto de los empresarios italianos…
Estos acontecimientos, sin embargo, se enmarcan al interior de un conflicto social y político más amplio. El espectro de la crisis económica y del default financiero, de hecho, empujan hacia reformas estructurales del Estado de Bienestar italiano que apuntan a rediseñar el sistema de derechos sociales históricamente logrado a lo largo del siglo XX y con eso redimensionar el rol de los trabajadores y de sus organizaciones en la redistribución de la riqueza social.
4 diciembre: siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del Banco Central Europeo contenidas en una carta secreta enviada en el mes de agosto, el nuevo gobierno “técnico” de Mario Monti presenta al país un plan de ajuste presupuestario destinado a, utilizando sus propias palabras, “salvar Italia”. La ley, que pretende recuperar 30 mil millones de euros, tiene como punto fundamental, la profunda reforma del sistema de pensiones.
Concretamente, desde ahora en adelante las italianas e italianos deberán trabajar más tiempo para poder gozar del merecido descanso. Aumenta de hecho la edad necesaria para poder jubilar, ya que los hombres necesitarán cumplir 66 años y las mujeres 62 para acceder a la pensión, y aumenta el tiempo de cotización necesario para jubilarse con las llamadas “pensiones de antigüedad”: aún no cumpliendo con el nuevo umbral etario, de todas formas, para jubilarse los hombres deberán haber cotizado a lo menos 42 años y las mujeres a lo menos 41 años.
Es el trabajo sin fin, la realización del mito de Sísifo, el hombre condenado a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, que derriba las conquistas logradas por los trabajadores durante el siglo XX las cuales apuntaban a limitar la colonización absoluta de la vida del trabajador.
Los empresarios italianos juzgan positivamente el plan de ajuste pues no habría ninguna alternativa frente a una situación que plantea la sobrevivencia del euro y de la economía europea.
Al otro lado de la vereda, los sindicatos italianos están desarrollando acciones comunes para manifestar su oposición a un plan que definen “sin equidad” y que intenta buscar beneficios “a costa de los pobres del país”. A pesar de los graves problemas económicos que Italia está atravesando, develan el uso ideológico de la crisis financiera por el gobierno Monti y sus ministros, al imponer recortes y sacrificios sólo para los trabajadores. De forma alternativa proponen una reforma tributaria que impacte en las grandes riquezas acumuladas en el país, y medidas que solucionen el problema de la evasión de impuestos que en Italia bordea los 200 mil millones de euros.
En el fondo, los sindicatos italianos sostienen que para enfrentar la crisis hay que intervenir en la desigual redistribución de las riquezas y en la injusticia social que en los últimos años se han acumulado en el país. Ha sido un proceso largo, pero constante, que las estadísticas documentan de forma precisa. El último informe del OCDE por ejemplo, el mismo que describe a Chile como el país con mayor desigualdad, informa que en Italia, en los últimos veinte años, la distancia entre los ingresos ha aumentado de forma consistente y que ahora el sueldo promedio del 10% más rico supera en más de 10 veces el ingreso del 10% más pobre. Además, la cuota de renta nacional total capturada por el 1% más rico en los últimos 20 años ha pasado de un 7% a un 10%. Las cifras todavía no muestran una situación tan grave como la que vive Chile, sin embargo, revelan una preocupante dinámica que ha marcado profundamente los procesos sociales y políticos de los últimos 30 años en Italia y Europa, y que Rossana Rossanda, intelectual de prestigio y figura fundamental para la izquierda italiana y europea del siglo XX, resume de forma clara:
Escribe Rossanda que la explicitación del conflicto social a fines de los años 60 había hecho de Europa, a fines de los años 70, la región del mundo menos desequilibrada entre ricos y pobres, al repartirse el PIB por casi tres cuartos al trabajo y por un cuarto a ganancias y rentas. En el año 2000 la cuota de los salarios había descendido de diez puntos porcentuales, al 65%, y desde esa época nunca volvió a subir. El crecimiento de los ingresos se concentró progresivamente en las manos del 10% más rico y, entre los ricos, en el 1% de los más ricos.
Chile representa una realidad en la cual estos procesos se han desplegado completamente. Con sindicatos y negociación colectiva encerrados en la empresa y por eso ineficaces, con una inexistente redistribución de las riquezas, con 4.500 familias que lo tienen secuestrado muestra entonces claramente el futuro para Europa al seguir el camino emprendido. Al mismo tiempo, sin embargo, muestra cuál es el problema común que, fuera de retóricas postmodernas y falsamente pacificadas, se llama conflicto de clase. En los últimos 30-40 años una sola de las dos clases supo jugar activamente y de forma eficaz, mientras que la otra, los trabajadores y sus representaciones, se movieron con dificultad, sin un proyecto claro ni acciones capaces de contrarrestar los procesos en acto. Para poner en discusión las profundas desigualdades sociales es necesario entonces volver a utilizar las palabras correctas, llamando las cosas con su nombre, y actuar de consecuencia poniendo en marcha una estrategia y acción sindical a la altura de los tiempos.
Columna publicada originalmente en El Mostradoren Actualidad
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