La morosidad llegó a 4.387.859 personas, esto es, la mitad de la población que trabaja en Chile. Con un monto promedio de deuda morosa de $1.541.082, es decir, 4,4 veces lo que obtiene como máximo de ingreso la mitad de los ocupados por concepto de su ocupación principal. Tanto el número de morosos como el promedio de mora han aumentado sostenidamente en el tiempo, por lo menos desde 2012.

Generalmente, el argumento para explicar tal aumento de morosidad, es la desaceleración económica que se viene experimentando desde 2013. Tanto el PIB, como la generación de empleo y el crecimiento de los salarios medios se estancaron. Este período proviene -a su vez- de un ciclo (2011-2012) posterremoto, que se une al ciclo post crisis subprime de recuperación de dos años de bajo rendimiento económico. Por ello, la discusión de cuánto ha afectado el ciclo corto de anuncio de reformas en el rendimiento económico del país, se utiliza políticamente, pues coincide con un periodo de gobierno y el inicio del otro.

Sin embargo, el endeudamiento de los hogares, es un fenómeno mundial que se ha venido profundizando durante la última década. Para marzo de 2017, según el Bank for International Settlement (BIS) la deuda total de los hogares de los países que reportan este dato era del 60% de su PIB. Chile se ubica como el país de América Latina con mayor proporción de deuda de los hogares con relación al PIB (42%).

Al realizar una comparación internacional con los países de los cuales se tienen datos, según el BIS (BIS, 2017), Chile tiene una de las mayores cargas financieras mensuales, alcanzando el 15,5% sobre el ingreso disponible, detrás de Holanda (17,5%) y Dinamarca (16%). Sin embargo, esos mismos países más que duplican la proporción de deuda de los hogares sobre el PIB nacional, con el 109% para Holanda y el 120% para Dinamarca. Es decir, nuestro país tiene cargas financieras mensuales que se asemejan a países con niveles de deuda que superan el 100% del PIB.

El carácter mundial de la deuda, se complementa con la tendencia permanente desde 2003 (año de partida de los datos que el BC publica) al crecimiento, con (un) 9,8% promedio anual hasta 2016, casi 5 veces el ritmo de crecimiento de los salarios (2,3%). Esta deuda, nos ubica como un país periférico y pobre. Nos endeudamos para comer, vestirnos y para poder acceder a salud y educación.

Lo anterior es confirmado por los indicadores de morosidad. Por ejemplo, la morosidad de bajo cumplimiento (quienes tienen más de 10 cuotas impagas por un crédito o más de uno), aumentó en un 24,5%, es decir, 1 de cada 5 morosos para septiembre de 2017. Los niveles más altos según monto de morosidad, para este grupo de bajo cumplimiento, son de personas entre 60-69 años.

Por ello, el problema crítico de la morosidad en la cual se encuentra gran parte de la población nacional, obedece a una crisis estructural de endeudamiento. Tanto por el carácter mundial del fenómeno, como por la tendencia de más de una década en la cual la deuda de los hogares no ha parado de crecer. A su vez, corresponde a grupos de la sociedad en los cuales no existen derechos sociales, como es el caso de los adultos mayores, por lo tanto, obedece no a la contingencia económica actual, sino que, al largo ciclo de mercantilización iniciado tras el Golpe de Estado de 1973, cuando se impone de forma ilegítima el sistema privado de capitalización individual, administrado por las AFPs.

La contingencia económica actual ahonda tendencias estructurales institucionales de larga data, sin embargo, como nunca antes en este ciclo de mercantilización se observa una resistencia organizada frente a su dinámica. Al frente, el corto plazo de morosidad aboga por una salida pronta. Algo sucede en los subterráneos de la República, mientras la luz pública debate por el nuevo gobierno que los administre.