Columna de opinión publicada en Radio U. Chile el 4 de octubre de 2024

La relación de la Universidad San Sebastián (USS) con la actual candidata a alcaldesa en la comuna de Las Condes, Marcela Cubillos (que recibía una remuneración bruta de $17 millones), ha puesto en la palestra las contradicciones de un sistema de financiamiento público a la demanda en la educación superior que diluye los límites entre lo público y lo privado. Según reportan los estados financieros de la USS, mediante becas, subsidios concursables y recursos avalados por el Estado mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE), este plantel obtiene 45,5% de sus ingresos de dinero fiscal. En la Universidad de Chile este porcentaje asciende a un 42%.

El año 2005, justo antes de la puesta en marcha del CAE como mecanismo de financiamiento, la Universidad San Sebastián (USS) tenía una matrícula total de 9.663 estudiantes. A diciembre de 2023, esta cifra llegó a 48.175 estudiantes. Un aumento de más de 398%. Pero no se trata de un caso único. Es parte de las consecuencias profundas de un esquema de financiamiento que ha operado por casi 20 años.

La USS es una de 20 instituciones que han concentrado el 68% de los recursos entregados por concepto de CAE entre 2006 y 2023. De estas instituciones, 13 corresponden a grandes conglomerados educativos: El ex Grupo Laureate y actual Fundación Educación y Cultura, que ha recibido 20,5% de los recursos CAE en el periodo aumentando su matrícula de 56.489 a 190.818 (+237,8%); el Grupo Santo Tomás que ha recibido el 11,6% de los recursos CAE en el periodo, pasando de 31.294 estudiantes a 91.662 (+192,9%); el Grupo Pontifica Universidad Católica que recibiendo el 10,7% de los recursos CAE, aumentó su matrícula de 51.026 a 144.030 (+182,3%) y el Grupo INACAP, que concentra el 7,5% de los recursos CAE entregados, aumentando su matrícula de 38.269 a 97.958 (+156%).

Además de los planteles pertenecientes a estos conglomerados, destacan 7 instituciones que han sido investigadas por lucro (mayoritariamente por la presencia de sociedades espejo de propiedad de sus controladores), entre las que además de la USS se encuentran las universidades Autónoma, Central, SEK, del Desarrollo, del Alba, Internacional SEK y UNIACC. En el conjunto de estos planteles la matrícula llegaba a 36.583 estudiantes el año 2005, aumentando a 132.434 en 2023 (+262%).

Aunque prácticamente la totalidad de las instituciones de Educación Superior reciben recursos del CAE (la única institución fuera es la UMCE), el resultado concreto de esta política en el sistema de educación superior chileno ha sido una fuerte expansión del sector privado. Actualmente Chile tiene un sistema de educación superior privado con un pequeño apéndice público que representa solo el 15% del total de matrícula.

La principal beneficiada de esta historia ha sido la banca. Los recursos entregados por concepto de CAE corresponden a recursos de la banca. Sin embargo, como ha señalado el ex contralor Bermúdez, lejos de asumir un riesgo los bancos han operado como simples cajas pagadoras del crédito. Esto es así pues la recompra de créditos se concreta de forma casi automática. Al día de hoy, el fisco ya ha recomprado 58,9% de los créditos CAE con un sobreprecio de 25,3%. Es decir, si la banca presta 10 créditos CAE por $1 millón, el Estado le recompra casi de inmediato 6 de esos créditos por un monto de $1,25 millones, independientemente de la situación de pago. En el caso de la Universidad San Sebastián, por ejemplo, el fisco ya ha recomprado el 67% de los créditos que ha entregado la banca con un 27% de sobreprecio. De esta forma, detrás de cada estudiante con CAE aparecen los recursos del fisco, garantizando el pago de un arancel a la institución y una ganancia para los bancos.

¿Qué grado de libertad deben tener planteles que reciben un alto financiamiento estatal (mediante recursos de becas o garantizados por el Estado)? ¿Es lícito que un Estado que no financia la oferta educativa pública, financie proyectos educativos de grupos de interés privados?

A raíz de las movilizaciones estudiantiles, desde 2016 existe una política de gratuidad que -al igual que el CAE- no distingue entre las instituciones públicas y privadas. Actualmente, instituciones privadas como por ejemplo la Universidad de Las Américas (Ex-Laureate) o el IP DUOC UC (la mayor institución privada del sistema con más de 100 mil estudiantes) reciben estudiantes con gratuidad. Ambos mecanismos de financiamiento del tipo “voucher”, que pueden beneficiar tanto al sector público como al sector privado, representan el 76,9% de todo el presupuesto para la Educación Superior.

Además de garantizar un negocio redondo para la banca, estas políticas y la ausencia de un financiamiento público a la oferta educativa pública, consolidan los aranceles y matrículas como la principal fuente de financiamiento de la educación superior. Ya sea mediante el gasto directo del bolsillo de los hogares, a través de su endeudamiento (hay actualmente más de 845 mil personas deudoras del CAE), o mediante el gasto del fisco con la gratuidad, es el financiamiento a la demanda el mecanismo privilegiado. Esto genera un fuerte incentivo al aumento permanente de aranceles, a la venta de servicios en los planteles públicos y a una expansión descontrolada de la matrícula que no dialoga con la demanda del mundo del trabajo. Actualmente, un 30% de quienes tienen un título profesional trabajan en ocupaciones no calificadas.

La existencia de universidades públicas-privatizadas, financiadas por la competencia en “el mercado” y universidades privadas-subvencionadas por el Estado, la magnitud de los recursos involucrados y el alto costo para los hogares mediante la deuda o el gasto público (financiado en un esquema tributario regresivo), obligan a la propuesta de nuevas políticas y a recuperar el financiamiento público de la oferta educativa pública como pilar del sistema de educación superior.