Publicada en El Desconcierto el  25 de agosto de 2018 Andrea Sato, investigadora Fundación SOL El 25 de Julio la marcha por la reivindicación del Aborto Libre reunió a más de 100 mil personas, lo que la convirtió en la marcha más concurrida desde que conmemoramos esta fecha. El movimiento feminista, ha instalado el debate respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero este debate no sólo se trata de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, es un debate más profundo que relaciona la estructura capitalista con los mecanismos de control que se han impuesto sobre los cuerpos gestantes. El gobierno de Chile, ha informado que se realizan alrededor de 33.000 abortos al año, pero organizaciones feministas consideran que la cifra es mucho más elevada, y que de hecho rodea los 160.000 abortos anuales, de los cuales sólo el 3% de los procedimientos serian cubiertos por la ley de aborto en tres causales. La cantidad de abortos en Chile, no son sólo una problemática de salud pública, sino un problema social. La maternidad no está alejada de los procesos de reproducción social de la población, por tanto, hay que observar estas tensiones a nivel sistémico, poniendo principal foco en la violencia que sufren las mujeres en distintas esferas de la vida social. En nuestra sociedad, las tareas de cuidado son invisibilizadas, no remuneradas y en la mayoría de los casos, esta responsabilidad recae sobre las mujeres. Las mujeres, independiente de su jornada laboral presentan sistemáticamente una diferencia de 2 horas de trabajo doméstico adicional, respecto a los hombres, según Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). Las labores domésticas y de cuidado se intensifican en los hogares de menores ingreso, ya que la mercantilización de los derechos sociales ha implicado que las familias deban suplir mediante cuidados los derechos sociales negados, como una salud gratuita y una pensión digna. Hoy son las mujeres en un marco de desposesión, las que deben enfrentar un escenario de precarización de la vida, sobre explotando el trabajo de cuidado no remunerado, en pos de mantener el bienestar de los hogares. En esta misma línea, según el reciente estudio de Fundación SOL “Los verdaderos sueldos de Chile”, el 59,4% de las mujeres perciben un salario igual o menor a $380.00, lo que se complementa a la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres que según el mismo estudio se mantiene en un 29,3% en el promedio y sin controles. Otro antecedente a considerar, es que de las actuales 3,9 mujeres inactivas, 1,4 dicen estarlo por “razones familiares permanentes”, lo que implica que esas mujeres dedican su día al cuidado de otras personas. Estas mujeres no cuentan con autonomía económica y según distintos organismos internacionales, se encuentran más expuestas a situaciones de violencia que las mujeres que tienen algún tipo de ingreso. Hoy los hogares en Chile, como lo señala la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF) de 2017, tienen un gasto promedio mensual de $1.121.925. Todo esto en un contexto donde la mitad de los trabajadores y trabajadoras tienen un salario de $380.000 o menos, como lo revela el estudio de Fundación SOL, empujando a las familias a endeudarse para poder reproducir los hogares en Chile. En esta línea, lo que evidencia la EPF es que el 70% de los hogares gasta más de lo que ingresa. El escenario para las mujeres se complica aún más, cuando observamos, que según CASEN 2015, hay 787.000 hogares nucleares monoparentales y de estos, el 89% son mujeres jefas de hogar, es decir, hay cerca de 700 mil hogares monoparentales donde la mujer se hace cargo del desarrollo del hogar. Esto sin postergar las labores a las que han sido forzadas las mujeres, como encargadas históricas del cuidado, ya que en 8 de cada 10 hogares monoparentales es la mujer la que se hace cargo del cuidado de hijos e hijas. Sumado a ello, es interesante observar cuánto cuesta realmente tener un hijo/a en Chile, en un escenario de salud privatizada, Estado subsidiario y una elite económico- política que a punta de oligopolio se ha enriquecido históricamente. Las estimaciones dicen que ser padre/madre en Chile, cuesta alrededor de 1 millón y medio de pesos. ¿Cuáles son las condiciones de desarrollo que tiene un niño o niña que nace en el seno de una familia que se sustenta con un salario mínimo de $276.000, que ni siquiera alcanza a superar la línea de la pobreza actual? ¿Cuáles son las posibilidades de una mujer que debe cumplir con el mandato de ser madre de romper el círculo de la pobreza en un país, donde los derechos sociales ni para ella, ni para su hijo están garantizados? Hoy día en Chile, la reflexión es urgente, acotar la discusión a las tres causales es mantener una lectura miope de la realidad de las chilenas. La educación sexual integral, los programas de planificación familiar y la legalización del aborto, son fundamentales para pensar en una política pública que proteja a las mujeres y no las exponga a procedimiento de abortos poco seguros. Hoy día, es necesario pensar el aborto desde el desarrollo integral de la sociedad y una problemática de justicia social que reproduce la desigualdad del país. La Organización Mundial de la Salud, considera que un aborto seguro, sencillo y a tiempo, cuesta entre 30 y 40 dólares (entre 19 mil y 25 mil pesos chilenos), a comparación de un aborto clandestino que bordea los 1000 dólares (643 mil pesos). La evidencia nos dice que los abortos no han disminuido en las últimas décadas, sino que han aumentado, por lo que la discusión debe girar en torno a la seguridad y el acceso de las mujeres que requieran un aborto, más que a apreciaciones morales que no impedirán que las mujeres ejerzan la autonomía de su cuerpo como lo han hecho históricamente. En este escenario, las inequidades sociales son patentes, para las mujeres empobrecidas que no pueden acceder de manera segura a un proceso para interrumpir el embarazo. Que la maternidad sea deseada y no impuesta, es el primer paso para el desarrollo integral de la infancia en el país, además de resguardar que todos los niños y niñas, puedan tener sus necesidades cubiertas a lo largo de su vida. La planificación familiar, es un problema colectivo que se debe vincular con el bien estar de todas las personas. En toda Latinoamérica se están discutiendo proyectos de aborto legal, Brasil y Argentina han ingresado al Congreso propuestas para la despenalización y legalización del aborto. En Chile, se levantó un proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14, como mujeres feministas, hay que resguardar que cualquier legislación que se apruebe proteja a las mujeres; el aborto legal, sin persecución, sin criminalización, son prioritarias en la conquista de los derechos básicos para las mujeres. La discusión respecto al aborto, es una discusión de justicia social y acceso universal a los derechos. La situación de las mujeres en Chile, enfrentadas a violencias en distintas esferas, se intensifica cuando lo observamos desde una perspectiva económica. El aumento de lo que se ha llamado “feminización de la pobreza” está directamente vinculado a las opciones que tienen las mujeres de desarrollarse en países donde la maternidad no sea obligatoria y los derechos sociales estén garantizados. Las acotadas causales por las que las mujeres pueden abortar en Chile, no logran integrar a la discusión otras áreas fundamentales para el desarrollo de las mujeres. En un país donde no hay seguridades mínimas para tener una maternidad saludable, ni abortos seguros, exponemos a las mujeres a abortos clandestinos a partir de altos costos. En Chile, acceder a un aborto protegido – sin importar causales-  es privativo de los sectores más acomodados y mantiene a las mujeres pobres expuestas.