Publicada en El Mostrador el 11 de junio 2014

Por Marco Kremerman, investigador Fundación SOL

Fotografía: Agencia UNO

¿Usted cree que algún país de la OCDE hubiese permitido algo así? Para que se haga una idea, el promedio de la matrícula primaria pública en los países de la OCDE es 90%, en Japón 99%, Finlandia 98%, Alemania 96%, Reino Unido 95% y Estados Unidos 91%. En 50 comunas de Chile, ni siquiera se alcanza al 30% de matrícula pública, entre ellas Maipú, La Florida y Puente Alto, tres de las comunas más pobladas de Chile, donde en promedio el 60% de las escuelas particulares subvencionadas (que son mayoría) tienen fines de lucro.

Gracias a los estudiantes y sus imprescindibles movilizaciones, nuevamente estamos discutiendo sobre lo importante: la Educación Pública, la desmercantilización del sistema educativo y la calidad.

El Gobierno, el 19 de mayo, comenzó su etapa de reformas, ingresando el proyecto del ley que elimina la selección, el lucro y el copago. Bien que se elimine la selección (aunque por qué no tocar a los liceos emblemáticos, que gracias a sus procesos de admisión se transformaron en emblemáticos), bien que se elimine el copago (pero por qué demorarse 12 años y compensar aumentando el valor de la subvención o voucher, generando una extraña gratuidad mercantilizada) y bien con eliminar el lucro (pero por qué no incluir a los colegios particulares pagados que pueden llegar a cobrar más de $300.000 mensuales y una cuota de incorporación de $2.000.000).

Sin embargo, la principal omisión del Ejecutivo corresponde a la ausencia de un plan contundente para recuperar la Educación Pública, que hoy está en el sótano, a punto de extinguirse.

Lo que sucedió en la dictadura con el sistema educativo, al igual que con las pensiones, el modelo de relaciones laborales, la salud, la minería, el agua y la Constitución, es que se configuró una serie de políticas que dieron vuelta el sistema, algo imposible de hacer en cualquier gobierno que tenga algún rasgo democrático.

El clásico modelo de provisión mixta de la educación escolar, que en general se configuraba por un 80% de matrícula pública y un 20% de matrícula privada (o a lo sumo 70% y 30%), se transformó a fines de la dictadura rápidamente en un modelo 58%-42%, y hoy, ya podemos afirmar que ni siquiera nos queda modelo mixto, sino que tenemos un sistema privado con acápite público, donde la matrícula de las escuelas municipales sólo representa un 37% y con tendencia a la baja.

¿Usted cree que algún país de la OCDE hubiese permitido algo así? Para que se haga una idea, el promedio de la matrícula primaria pública en los países de la OCDE es 90%, en Japón 99%, Finlandia 98%, Alemania 96%, Reino Unido 95% y Estados Unidos 91%.

En 50 comunas de Chile, ni siquiera se alcanza al 30% de matrícula pública, entre ellas Maipú, La Florida y Puente Alto, tres de las comunas más pobladas de Chile, donde en promedio el 60% de las escuelas particulares subvencionadas (que son mayoría) tienen fines de lucro.

En términos de establecimientos, entre 1992 y 2013, se registra una pérdida neta de 940 Escuelas Municipales y un aumento de 3.238 Particulares Subvencionadas.

Lo que tenemos, se trata de una historia conocida.

En Chile se configuró un sistema cuya filosofía se sostenía en el desprecio y el temor por la educación pública y, para no caer en lo burdo, la mejor forma de dejarla caer fue descuidándola y desfinanciándola (vía subsidios a la demanda con valores arbitrarios).

La oferta privada se comenzó a hacer imprescindible para las familias, ante la escasez de oferta pública, el abandono por parte del Estado, la presión cultural por diferenciarse y los incentivos que el propio Estado otorgó a las escuelas particulares subvencionadas.

Esto les permitió seleccionar, lucrar y, bajo los gobiernos de la Concertación, pudieron empezar a cobrar mensualidades (el 68% de la matrícula va a un colegio con copago), subsidiando la infraestructura (acumulación originaria asistida por el Estado).

Por si fuera poco, a las escuelas subvencionadas que reciben alumnos que pertenecen a hogares de bajos ingresos y, por ende, reciben la Subvención Escolar Preferencial, se les permite contratar Agencias Técnicas de Educación (ATE), creando otro nicho de mercado (en el cual participan los propios sostenedores a través de distintas razones sociales y una variada gama de grupos de interés).

Lamentablemente, las políticas tan celebradas por los gobiernos de la Concertación, que permitieron avanzar enormemente en acceso (principalmente en educación secundaria), coexisten con una falla de origen: el descuido de la educación pública. Y este abandono progresivo generó un proceso irreversible, que sólo podrá modificarse con un cambio estructural.

Los estudiantes tienen muy clara la película. Para sacar al mercado de la Educación, se agradece eliminar la selección, el copago y el lucro, pero la gran batalla se juega en la recuperación de la educación pública como eje central del sistema educativo (con la correspondiente revolución en el aula) y en el cambio del sistema de financiamiento (que permita financiar a través de aportes basales esta revolución en el aula).

De lo contrario, la educación pública quedará reducida a un reformatorio de calidad para el 30% de la población y el grueso del sistema educativo descansará en la libertad de emprendimiento de los holdings educacionales, las distintas iglesias, o de la variada gama de emprendedores. A eso le llaman libertad de enseñanza, a eso le llaman modelo mixto, a eso le llaman proyecto país.