Publicada en The Clinic el 12 de junio 2011

Por Marco Kremerman, investigador Fundación SOL

Dado que el 1º de julio tiene que existir una ley que fije el nuevo salario mínimo, tal como ocurre todos los años, durante 2 o 3 semanas del mes de junio se forma un tibio debate sobre el monto del reajuste y sobre el nivel de salarios que existen en Chile.

Los gremios empresariales, los economistas vinculados a casas de estudio y centros de estudio “no independientes”, amplios sectores políticos y gran parte de los medios de comunicación comienzan a desplegar argumentos que son parte de la rutina de siempre: El salario mínimo en Chile es muy alto, el reajuste debe ser muy pequeño porque puede provocar desempleo y presiones inflacionarias o simplemente no es el momento de subirlo porque estamos en una crisis, venimos saliendo de una crisis o podríamos entrar en una nueva crisis.

Sin olvidarnos del infaltable argumento expuesto curiosamente por los representantes de las grandes empresas, quienes nos dicen que un alza “fuera de rango”, podría ocasionar la quiebra de algunas pequeñas empresas.

En palabras sencillas, déjese de molestar y confórmese con tener un empleo y un salario mes a mes.

Esta rutina anual teñida por un proceso de pseudo consulta, donde el Gobierno se junta un par de veces con la CUT, para intentar llegar a un acuerdo antes de que el proyecto de ley (un reajuste que finalmente es decidido de forma unilateral por el Ejecutivo) ingrese al Congreso, es un fiel reflejo de la baja intensidad de nuestra democracia y de instituciones poco representativas e inclusivas (¿le suena Hidroaysén y la crisis de nuestro sistema educacional?)

El Ejecutivo termina ofreciendo un reajuste marginal y en el parlamento algunos intentan presionar para que suba otro poquito, en un acto más bien de improvisación que por convicción, ya que no he tenido la suerte de conocer parlamentarios que hayan pensado con varios meses de antelación un plan de reajuste del salario mínimo.

El aumento final, termina siendo mucho menos de lo que pedía la CUT e infinitamente menos de lo que una persona que se saca la mugre todos los días trabajando 8, 10 o más horas merece por su trabajo.

El actual salario mínimo es de $172.000 y seguramente el Gobierno dirá (tal como dicen los empresarios durante las negociaciones colectivas) que haciendo uso del “raspado de la olla” podría llegar a lo sumo a $180.000. Pero por favor, ¿qué hace una familia de 4 personas, donde sólo una de ellas trabaja (realidad del 50% de los hogares chilenos) con un salario mínimo tan miserable?

Según los datos del Seguro de Cesantía, que sólo agrupa al empleo más formal y protegido, a marzo de 2011, 1 de cada 4 trabajadores impone por un sueldo menor a $200.000 (por tanto para el bolsillo le queda sólo $160 mil o menos) y 1 de cada 2 trabajadores presenta una remuneración imponible menor a $300 mil. Esto incluye el sueldo base, gratificaciones y horas extras e involucra a las empresas pequeñas, medianas y grandes.

Bajo este contexto, la política de salario mínimo resulta fundamental, ya que muchos chilenos y chilenas que trabajan arduamente ganan el mínimo o un valor muy cercano a este.

La línea de la pobreza que actualmente se utiliza en Chile y que requiere ser reformulada con urgencia, nos dice que a precios de hoy, una familia de 4 personas, necesitaría al menos un ingreso de $280.000 para superar la pobreza estadística, no obstante nuestro salario mínimo sólo representa un poco más del 60% de este valor.

Chile es un país que ha crecido bastante y ya alcanza un PIB por persona de 15 mil dólares ajustados por poder de compra, sin embargo, los datos nos indican que mientras un pequeño segmento de la población vive como en Suiza o Luxemburgo, más de la mitad de los hogares tienen ingresos equivalentes a los países africanos.

La vergonzosa desigualdad de la cual mucho rasgan vestiduras, pero que me imagino usted ya está cansado o cansada de escuchar. Esta desigualdad que se juega en el espacio del trabajo, donde las personas deberían conseguir un salario justo y por consecuencia que permita satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar.

Tal como lo expresa el Convenio 131 de la OIT, el objetivo de la política de salario mínimo es asegurar un piso que posibilite a un trabajador y su familia desarrollar su humanidad y conseguir una justa retribución por su trabajo, considerando que quienes ganan bajos salarios tienen muy poco poder de negociación y casi siempre serán remunerados por un valor inferior al valor que agregan a la empresa en que trabajan.

Nuestra cultura de la desigualdad, la escuálida cobertura de la negociación colectiva y la nula participación de los actores sociales en la discusión sobre el salario mínimo, conforman un agreste escenario, en donde los reajustes seguirán siendo marginales, ya que otras personas (los de siempre), están decidiendo por usted.

Pero siempre es posible que las rutinas inicien un proceso de transformación. Nuestro salario mínimo no alcanza para vivir y por ende todavía no cumple uno de los objetivos fundamentales.

Chile ha crecido mucho y pertenece al club de los países más avanzados de la OCDE. Ya no están los tiempos (ni tampoco se ve bien) para seguir atemorizando a las personas con la amenaza del desempleo.

No es posible que la decisión de una política tan crucial como esta, que afecta el desarrollo y los grados de libertad de tantos chilenos, sea forjada bajo cuatro paredes y sin la participación activa de la ciudadanía.