Cuando el Trabajo NO está al centro de la estrategia de desarrollo
Por Gonzalo Durán/Investigador Fundación SOL
El proyecto de Ley sobre el Ingreso Ético Familiar enviado al Parlamento demuestra, una vez más, que el trabajo no está en el centro de la estrategia de desarrollo. El mundo laboral se considera un satélite que orbita alrededor de lo que pretendemos ser como país y las personas que de algún modo se deben vincular al trabajo o se vinculan directamente a él, sienten (saben) que el desarrollo que tanto se anuncia en los medios no es su desarrollo (es sólo el de unos pocos). Falta aquí una mirada integral, que observe al mundo del trabajo de manera crítica, no complaciente y que proponga soluciones dentro de un esfuerzo de insertarlo en un proyecto de conjunto, en una visión de sociedad. Lo anterior sin duda merece un largo tratamiento. Para partir mirando el mapa de la cuestión, una alternativa útil parece ser clasificar la población en edad de trabajar en 3 grupos, tal y como lo hacen las encuestas de hogares. Quienes trabajan, los desempleados y los inactivos o personas que no trabajan y tampoco buscan trabajar.
En esta perspectiva, es evidente que para el primer grupo -que es la mayoría- es decir, para los trabajadores, ha primado una completa desidia política, engendrando un cuadro lleno de carencias. A modo de ejemplos: 8 de cada 10 trabajadores gana menos de 350 mil pesos, más del 50% de los empleos asalariados son precarios, se transita por una situación de un alto subempleo y desaliento. Existen más de 500 mil trabajadores técnicamente “pobres”, de los cuales el 70% son asalariados, la gratificación legal depende de la utilidad líquida que es un concepto totalmente obsoleto a los tiempos presentes e inadecuada a los tiempos de los múltiples RUT, los resultados económicos de la negociación colectiva no superan el 1% real como promedio para los últimos 10 años, la cobertura de nuestra negociación colectiva no supera el 11% (mientras que en los países de la OECD el promedio es 70%), existen sectores de la economía donde la diferencia entre lo que ganan los gerentes y lo obtenido por los trabajadores “de cuello azul” supera las 100 veces (este indicador, conocido como el Injustice Index, bordea las 20 veces para los países de la UE), etc. Existe un amplio abanico de instituciones que justamente están orientadas a subsanar, aunque sea en parte, las privaciones engendradas en el trabajo. En este grupo, se inserta la negociación colectiva, la huelga, el sueldo ético y sueldo mínimo, el sindicalismo y las gratificaciones, también por cierto, las políticas públicas que promuevan puestos de trabajo de los buenos, de calidad. Es en el trabajo propiamente tal, donde nacen y se reproducen parte importante de las desigualdades, y es ahí donde instituciones laborales, como las mencionadas anteriormente, tienen un rol ganado e intransferible. En efecto, y a modo de ejemplo, los países con mejor distribución de ingresos antes de impuestos y transferencias (antes de aplicar políticas sociales), son aquellos que tienen mayor cobertura en cuanto a la negociación colectiva (Dinamarca, Bélgica, Islandia, Francia, Italia, Noruega, Luxemburgo, Suecia). Para este primer grupo no parece razonable que el Estado de Chile por medio de un ingreso ético subsidie las malas prácticas de empresas que pagan sueldos indignos (9 de cada 10 chilenos gana menos del ingreso mínimo promedio de la OECD). Si algunas empresas, como las más pequeñas, no tienen la capacidad de pagar sueldos dignos, es momento de debatir sobre una política industrial pro-miPyme que ataque el corazón del problema, que es el estrecho margen que tienen estas empresas ante las condiciones impuestas por las empresas grandes y por los Bancos. La competitividad no puede pasar por pagar sueldos que no permitan llevar una vida digna. El segundo grupo son los desempleados. En este caso, las escuelas más modernas de Economía del Trabajo, así como diversos institutos que estudian el tema a nivel mundial (BLS, IRD – DIAL,STATCAN, EUROSTAT) comparten el diagnóstico de ampliar el criterio de poner atención sobre grupos que marginalmente están relacionados con el desempleo. Se trata de los subempleados (o desempleados a tiempo parcial) y de los desalentados (o personas que han decidido salir de la fuerza de trabajo por considerar que no existen opciones de trabajo). En Chile, la Fundación SOL elabora sistemáticamente estos indicadores y otros más, pero desde el Gobierno, no hay interés en seguir esta recomendación que incluso la promueve el premio nobel de economía Joseph Stiglitz y la misma Organización Internacional del Trabajo. El desempleo entonces, tampoco está en la agenda. Una política industrial consistente permitiría salir de la mera estrategia de exportación de materias primas y de desarrollo del comercio, abriendo en el país un campo de generación de empleos estables y robustos, más calificados. Respecto al tercer grupo, los inactivos, la idea de un ingreso ético es buena, pero se requiere mucha más audacia, menos conservadurismo. Falta imaginación para que estas personas reciban algo más que $53 mil pesos y el dinero bien se podría obtener de un impuesto a la riqueza (tal y como hoy se debate internacionalmente a raíz de las declaraciones del magnate Warren Buffett). En algunos países de hecho se habla de una “renta de ciudadanía” o “renta básica”. Sin entrar de lleno en el debate, al menos en esos casos es más legítimo sacar a relucir “un ingreso por el sólo hecho de vivir en el país”. Se requiere también un rol más protagónico de las políticas de promoción del ingreso a la actividad laboral. Este mapa ayuda en parte a ordenar la dirección de los esfuerzos. Con todo, interesa destacar, especialmente en función de la agenda actual, que la creación de puestos de empleos precarios y un Ingreso Ético que ayuda a que las empresas paguen sueldos no éticos, dificultan no sólo el real desarrollo de un importante grupo de la población, sino el desarrollo de todo el país.
Columna publicada en El Mostrador