Publicada en El Desconcierto el 20 de abril 2020
Por Valentina Doniez, investigadora Fundación SOL
En los medios se aviva la amenaza de la cesantía y de la falta de trabajo, aunque paradójicamente en esta crisis sanitaria hay un exceso de trabajo no remunerado: el cuidado de hijos y ancianos, las tareas domésticas, además del trabajo emocional necesario para contener esta situación extraordinaria ¿Quién sino la sociedad debe hacerse cargo de ese trabajo? ¿Por qué no una renta básica?
Frente al COVID 19 el gobierno del presidente Piñera ha actuado defendiendo al gran empresariado, oponiéndose a su propio discurso público de preocupación por los más vulnerables. Los gremios empresariales, por su parte, han enviado su mensaje. Bombardean todos los medios de comunicación con discursos apocalípticos respecto a la paralización del país; que seríamos el país más pobre de América Latina y que la cesantía va a subir a dos dígitos. Además, todos hablan del necesario apoyo a las pymes (pequeñas y medianas empresas), pero no se hacen políticas efectivamente diferenciadas por tamaño ni se analiza la realidad del trabajo. En términos de magnitud, la mitad de los asalariados del país están en las grandes empresas, según su nivel de ventas[1], o se cifra en 47%, si consideramos la definición laboral, de más de 200 trabajadores.
Si bien la medida más efectiva para contener el avance del virus llegada la fase 4 era realizar un lockdown efectivo, el gobierno optó, el 14 de marzo, por cerrar sólo los establecimientos educacionales y hacer llamados a la buena voluntad de empresas y trabajadores para cuidarse sin detener la producción. Este énfasis productivista resuena con la masacre que ocurrió en el norte de Italia, donde intereses empresariales primaron sobre decisiones de salud y dejaron las más altas tasas de mortalidad. En este contexto, el teletrabajo pasó de facto a ser la norma para un sector de los trabajadores y estos dos factores (hijos y trabajo remunerado en la casa) empujaron a los hogares a tener una sobrecarga totalmente invisibilizada.
Con la expansión de la pandemia se generaron corredores sanitarios y cuarentenas parciales, aunque sin haber asegurado ingresos para los hogares y teniendo parámetros laxos sobre sectores esenciales, que recién fueron definidos a comienzos de abril. Esto permite seguir operando el negocio a grandes sectores del retail (supermercados y cadenas de farmacia), el delivery y muchas categorías de trabajadores no esenciales. El llamado concreto debía ser al distanciamiento social, que conduciría a una paralización para protegerse. Pero el gobierno ha argumentado que esto llevaría necesariamente a un colapso, desconociendo que, en dicho caso, para resguardar a la mayoría de la población que está obligada a parar, existe el concepto de servicios esenciales para que las labores más vitales de la economía continúen operando, a partir de definiciones internacionales.
Junto con esto, amplios sectores de trabajadores son obligados a asistir a sus establecimientos sin contar con los equipamientos mínimos para proteger su salud, como ha sido ampliamente denunciado por las organizaciones de trabajadores, cuestión que pasa a ser aún más brutal en los servicios de salud, tanto públicos como grandes consorcios privados.
La gente sigue agolpándose en ferias, supermercados y filas del seguro de cesantía, porque no se han tenido en cuenta las necesidades vitales. El primer plan económico del gobierno fue lanzado el 19 de marzo y consistió en un bono de $50 mil pesos para los beneficiarios del Subsidio Único Familiar, que llegaría solo a un 15% de los ocupados precarios. Además, se aprobaron en tiempo récord las leyes sobre teletrabajo y la que flexibiliza las condiciones del Seguro de Cesantía, fondo creado primeramente por el ahorro de los trabajadores. Aun así, se calcula en cerca de 3,6 millones de trabajadores que no podrían acceder a estas medidas por no tener contrato y se verían en dificultades para llegar a fin de mes. Esto, sin contar otras condiciones precarizadoras como el endeudamiento y las bajas pensiones.
Con tardanza, el 8 de abril se lanzó un segundo plan económico orientado a independientes y empresas. Se crea un fondo de 2.000 millones de dólares para los cuentapropistas y se aprueba un fondo estatal de 3.000 millones de dólares para el Fondo de Garantía para Pequeñas empresas (FOGAPE), aunque servirá para empresas con ventas hasta de 1 millón de UF. Es decir, un crédito con aval del Estado para la actividad productiva. De todas formas, aún falta conocer bien el o los mecanismos a través de los cuales distribuirán los primeros recursos, por lo que no sabemos en qué medida aportará a las familias de trabajadores independiente y está por verse el rol que jugarán los bancos en los créditos, si apoyarán a los microempresarios o aprovecharán esta inyección de dinero para tener más ganancias.
De esta forma, el gobierno ha abordado el problema con lentitud, usando bonos, créditos y los ahorros de trabajadores, además de aprovechar para avanzar en su agenda laboral flexibilizadora. En la toma de decisiones la prioridad no ha estado puesta en la salud de los hogares, sino que ha estado en el mercado y las empresas, pidiendo siempre por favor que se comporten por el bienestar de la mayoría. Lo dijo el presidente de la SOFOFA “Ojalá la banca actúe con responsabilidad”.
En los medios se aviva la amenaza de la cesantía y de la falta de trabajo, aunque paradójicamente en esta crisis sanitaria hay un exceso de trabajo no remunerado: el cuidado de hijos y ancianos, las tareas domésticas, además del trabajo emocional necesario para contener esta situación extraordinaria ¿Quién sino la sociedad debe hacerse cargo de ese trabajo? ¿Por qué no una renta básica?
Si los trabajadores con contrato están poniendo su seguro de cesantía, las micro, pequeñas y medianas empresas estarán financiando con deuda futura los préstamos con garantía estatal ¿con qué se están poniendo las grandes empresas para esta crisis? Lo que se observa es que grandes transnacionales como Starbucks, McDonald, H&M, entre muchas otras, están aprovechando las garantías legales del gobierno, como la suspensión de ingresos. Pero según tesis jurídicas más rigurosas, estas empresas no deberían poder acogerse a esa posibilidad por millonarias ganancias.
AFrente al COVID 19 el gobierno del presidente Piñera ha actuado defendiendo al gran empresariado, oponiéndose a su propio discurso público de preocupación por los más vulnerables. Los gremios empresariales, por su parte, han enviado su mensaje. Bombardean todos los medios de comunicación con discursos apocalípticos respecto a la paralización del país; que seríamos el país más pobre de América Latina y que la cesantía va a subir a dos dígitos. Además, todos hablan del necesario apoyo a las pymes (pequeñas y medianas empresas), pero no se hacen políticas efectivamente diferenciadas por tamaño ni se analiza la realidad del trabajo. En términos de magnitud, la mitad de los asalariados del país están en las grandes empresas, según su nivel de ventas[1], o se cifra en 47%, si consideramos la definición laboral, de más de 200 trabajadores.
Si bien la medida más efectiva para contener el avance del virus llegada la fase 4 era realizar un lockdown efectivo, el gobierno optó, el 14 de marzo, por cerrar sólo los establecimientos educacionales y hacer llamados a la buena voluntad de empresas y trabajadores para cuidarse sin detener la producción. Este énfasis productivista resuena con la masacre que ocurrió en el norte de Italia, donde intereses empresariales primaron sobre decisiones de salud y dejaron las más altas tasas de mortalidad. En este contexto, el teletrabajo pasó de facto a ser la norma para un sector de los trabajadores y estos dos factores (hijos y trabajo remunerado en la casa) empujaron a los hogares a tener una sobrecarga totalmente invisibilizada.
Con la expansión de la pandemia se generaron corredores sanitarios y cuarentenas parciales, aunque sin haber asegurado ingresos para los hogares y teniendo parámetros laxos sobre sectores esenciales, que recién fueron definidos a comienzos de abril. Esto permite seguir operando el negocio a grandes sectores del retail (supermercados y cadenas de farmacia), el delivery y muchas categorías de trabajadores no esenciales. El llamado concreto debía ser al distanciamiento social, que conduciría a una paralización para protegerse. Pero el gobierno ha argumentado que esto llevaría necesariamente a un colapso, desconociendo que, en dicho caso, para resguardar a la mayoría de la población que está obligada a parar, existe el concepto de servicios esenciales para que las labores más vitales de la economía continúen operando, a partir de definiciones internacionales.
Junto con esto, amplios sectores de trabajadores son obligados a asistir a sus establecimientos sin contar con los equipamientos mínimos para proteger su salud, como ha sido ampliamente denunciado por las organizaciones de trabajadores, cuestión que pasa a ser aún más brutal en los servicios de salud, tanto públicos como grandes consorcios privados.
La gente sigue agolpándose en ferias, supermercados y filas del seguro de cesantía, porque no se han tenido en cuenta las necesidades vitales. El primer plan económico del gobierno fue lanzado el 19 de marzo y consistió en un bono de $50 mil pesos para los beneficiarios del Subsidio Único Familiar, que llegaría solo a un 15% de los ocupados precarios. Además, se aprobaron en tiempo récord las leyes sobre teletrabajo y la que flexibiliza las condiciones del Seguro de Cesantía, fondo creado primeramente por el ahorro de los trabajadores. Aun así, se calcula en cerca de 3,6 millones de trabajadores que no podrían acceder a estas medidas por no tener contrato y se verían en dificultades para llegar a fin de mes. Esto, sin contar otras condiciones precarizadoras como el endeudamiento y las bajas pensiones.
Con tardanza, el 8 de abril se lanzó un segundo plan económico orientado a independientes y empresas. Se crea un fondo de 2.000 millones de dólares para los cuentapropistas y se aprueba un fondo estatal de 3.000 millones de dólares para el Fondo de Garantía para Pequeñas empresas (FOGAPE), aunque servirá para empresas con ventas hasta de 1 millón de UF. Es decir, un crédito con aval del Estado para la actividad productiva. De todas formas, aún falta conocer bien el o los mecanismos a través de los cuales distribuirán los primeros recursos, por lo que no sabemos en qué medida aportará a las familias de trabajadores independiente y está por verse el rol que jugarán los bancos en los créditos, si apoyarán a los microempresarios o aprovecharán esta inyección de dinero para tener más ganancias.
De esta forma, el gobierno ha abordado el problema con lentitud, usando bonos, créditos y los ahorros de trabajadores, además de aprovechar para avanzar en su agenda laboral flexibilizadora. En la toma de decisiones la prioridad no ha estado puesta en la salud de los hogares, sino que ha estado en el mercado y las empresas, pidiendo siempre por favor que se comporten por el bienestar de la mayoría. Lo dijo el presidente de la SOFOFA “Ojalá la banca actúe con responsabilidad”.
En los medios se aviva la amenaza de la cesantía y de la falta de trabajo, aunque paradójicamente en esta crisis sanitaria hay un exceso de trabajo no remunerado: el cuidado de hijos y ancianos, las tareas domésticas, además del trabajo emocional necesario para contener esta situación extraordinaria ¿Quién sino la sociedad debe hacerse cargo de ese trabajo? ¿Por qué no una renta básica?
Si los trabajadores con contrato están poniendo su seguro de cesantía, las micro, pequeñas y medianas empresas estarán financiando con deuda futura los préstamos con garantía estatal ¿con qué se están poniendo las grandes empresas para esta crisis? Lo que se observa es que grandes transnacionales como Starbucks, McDonald, H&M, entre muchas otras, están aprovechando las garantías legales del gobierno, como la suspensión de ingresos. Pero según tesis jurídicas más rigurosas, estas empresas no deberían poder acogerse a esa posibilidad por millonarias ganancias.
Antes de asegurar que se distribuyan equitativamente los costos en la salud que tendrá este virus, se prefiere sostener a las bolsas de comercio y las tasas de ganancia empresarial, muy lejos de la economía real de los hogares. En este contexto, ¿Que es más importante la acumulación o la reproducción de nuestras vidas? La respuesta surge cruel y espontáneamente desde mundo empresarial: “No podemos seguir parando la economía y debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente”, como dijo el Director de Inversiones de Larraín Vial.
El 1% más rico de Chile concentra el 33% de los ingresos que el país genera cada año y 1.800 personas registran un ingreso per cápita mensual promedio de 620 millones y 2.000 millones por hogar. Hoy es el momento para empezar a hacer algo para corregir este modelo de sociedad y que sea ese 1% que aporte efectivamente a esta crisis sanitaria.
[1] Según datos de SII para el año 2015 http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.html