Publicada en El Desconcierto el 03 de mayo 2019
Por Valentina Doniez, investigadora Fundación SOL
No basta con alarmarse o alegrarse por la tasa de sindicalización en Chile cuando se perfila desde hace años, y a pesar de una Reforma Laboral que el progresismo presentó con bombos y platillos como un gran avance, una política que restringe permanentemente la acción sindical. No basta con contar sindicatos o sindicalizados si perdemos de vista los grandes desafíos que quedan en el reconocimiento y respeto institucional al derecho que todo trabajador tiene a organizarse y a exigir sus derechos.
El fin de semana previo a la conmemoración del 1° de Mayo, apareció en un diario de circulación nacional un titular que informaba sobre el “estancamiento” de la tasa de sindicalización en Chile, la cual habría alcanzado cerca del 20% en 2018. Esta cifra forma parte de la información que el Consejo Superior Laboral (CSL), instancia tripartita creada al alero de la Reforma Laboral de 2017, debería entregar regularmente a propósito de la puesta en marcha de la misma reforma y sus efectos en las relaciones laborales en el país.
La nota entregaba datos imprecisos y poco contrastables, especialmente porque se refería a un informe que aún no es público (surge la duda ¿la tasa de sindicalización del 2017 era 20,6% o 20,9%?). Pero lo verdaderamente relevante de discutir es cuáles son los argumentos que se presentan para fijar la atención en el fenómeno de la sindicalización.
Para comenzar, es necesario referirse a qué significa la tasa de sindicalización. Se trata de un promedio nacional donde se divide la población afiliada a organizaciones sindicales sobre el total de trabajadores. Aquí cabe hacer varias precisiones para explicar las estadísticas oficiales, en las cuales se calculan tres tasas distintas: A) de sindicalizados sobre ocupados, B) de sindicalizados sobre trabajadores privados y C) de sindicalizados privados (asalariados y cuentapropia) sobre asalariados del sector privado. Esta multiplicidad, enuncia la división formal que existe entre sindicato y asociación de funcionarios, dado que el Estado no reconoce el principio de sindicalización en el sector público, por lo que son eliminados de la base de cálculo de las tasas B y C. No existe una tasa de sindicalización que reúna a trabajadores públicos y privados. Asimismo, refleja los contrastes entre el sector asalariado y los trabajadores por cuenta propia, quienes representan casi un cuarto de la fuerza de trabajo y que se restan de la tasa C. Si consideramos el último anuario de la Dirección del Trabajo del año 2017, la tasa de sindicalización B fue de 17% mientras que la C fue de 20,5%.
Un segundo aspecto por debatir tiene que ver con la relación entre sindicalización y legislación. Al respecto, se señaló que uno de los objetivos de la Reforma Laboral realizada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet sería “fortalecer a las organizaciones sindicales y aumentar la tasa general de sindicalización”, pero un análisis de los contenidos nos permite concluir que éstos son al menos contradictorios: se aumentó el quórum para formar sindicatos en las empresas de mayor tamaño, se generaron nuevas normas en la negociación que tienden a hacer más contencioso el proceso (por ejemplo, la definición de servicios mínimos), entre otras complicaciones para las organizaciones. Por esto, no basta con los aspectos que describe el CSL en su informe: el Fondo de Formación Sindical, las normas sobre extensión de beneficios y el discutible “fortalecimiento del derecho a huelga”. En este sentido, no basta con que una reforma exponga discursivamente su refuerzo a la acción sindical, sino que debe plantear medidas coherentes al respecto.
Un tercer aspecto tiene que ver con elementos estructurales. Algunos expertos laborales son hábiles en identificar las debilidades de la reforma para avanzar en la sindicalización, aduciendo aspectos estructurales del mundo del trabajo chileno, pero desde su sesgo empresarial escapan a las soluciones. Hablando de las empresas de menor tamaño, nos dicen que “es voluntarioso pensar que en aquellos sectores en que no se ha dado por estructura, historia y convicciones, se pueda crecer en sindicalización”, omitiendo experiencias de organizaciones sindicales y procesos de negociación colectiva más allá de la empresa que se han probado exitosas, incluso en la historia de Chile para revertir aquello que se alude como determinismo.
Es cierto que la estructura según distintos tamaños de empresas, los nuevos empleos que mezclan características de los trabajadores independientes y dependientes (como los honorarios del Estado o los trabajadores de aplicaciones web); y la subcontratación, entre otros fenómenos, configuran desafíos que no han sido abordados efectivamente por nuestra institucionalidad laboral. En este sentido, probablemente una de las reformas más relevantes hubiera sido ampliar el derecho de negociar más allá de la empresa, además de eliminar las trabas que se añadieron al ejercicio de la huelga, aspectos que no se tuvieron firmemente sobre la mesa.
Los aspectos estructurales del “mercado del trabajo” y de las empresas, unido a variables económicas como la posición estratégica y su vinculación con mercados internacionales, va configurando un panorama sindical que queda lejos de la tasa nacional de sindicalización. Esto, a su vez, permite observar de mejor manera, y no de forma fatalista, los desafíos que aún quedan para la organización de los trabajadores. Junto con esto se suma la necesaria reflexión de cuánto duran los sindicatos y a cuántos organizan: según un estudio de Fundación SOL en 2016, el 53,5% de los sindicatos tiene 40 o menos socios, y contabilizando aquellos sindicatos de empresa creados en 2014, el 65% había dejado de existir para el año 2016.
A esto podemos sumar que, desde el mismo informe del CSL se informa que se han negociado menos instrumentos colectivos y se ha ejercido en menor medida la huelga. Desde el mundo sindical también se ha informado que un porcentaje importante de organizaciones han visto detenidos sus procesos de negociación colectiva por desacuerdos en la fijación de servicios mínimos, que terminan en tribunales con una evidente disparidad de recursos, e incluso un reciente dictamen de la DT ha quitado el derecho a negociar a una cantidad importante de empresas que reciben más del 50% de recursos del Estado y que hasta enero de 2019 lo estaban haciendo.
En síntesis, no basta con alarmarse o alegrarse por la tasa de sindicalización en Chile cuando se perfila desde hace años, y a pesar de una Reforma Laboral que el progresismo presentó con bombos y platillos como un gran avance, una política que restringe permanentemente la acción sindical. No basta con contar sindicatos o sindicalizados si perdemos de vista los grandes desafíos que quedan en el reconocimiento y respeto institucional al derecho que todo trabajador tiene a organizarse y a exigir sus derechos.
En este nuevo Día del Trabajador y Trabajadora cabe celebrar a aquellos que pese a las múltiples trabas institucionales y de políticas gubernamentales permiten que existan sindicatos que luchan incansablemente por crear nuevas formas de acción para transformar la sociedad, que es lo que finalmente cuenta.