Columna de opinión publicada en Cooperativa el 23 de mayo 2023
Por Andrea Sato, investigadora Fundación SOL
El actual Presidente Gabriel Boric, en su programa de gobierno, proponía en el primer punto de la dimensión Educación superior inclusiva y de futuro la condonación universal de las deudas estudiantiles. En el programa se profundizaba: "Proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas". A más de un año de gobierno de Boric, esta promesa, que fue un eje central de la campaña presidencial, se desvanece con la esperanza de miles de estudiantes que mantienen deudas.
El Presidente durante marzo de este año, en un canal nacional, estableció que se necesitaban más recursos y que había otras prioridades en torno a desafíos en la educación. Esto se suma a las recientes declaraciones del ministro de Educación, Marco Ávila, en las que señala "este es un compromiso de campaña, es parte de nuestro programa, hay un compromiso muy claro. Pero también debemos ser muy claros en que cuando hay restricción de carácter fiscal, en eso tenemos que ser muy responsables". En esa entrevista enfatizó que no existían los recursos para la condonación del CAE. También aludió a que "no para todos va a ser igual. Esto tiene que ser justo, progresivo y gradual", poniendo en duda el carácter universal de la condonación de la deuda estudiantil.
La condonación universal de las deudas por estudiar es un mínimo ético, especialmente porque el origen de esta deuda es ilegítimo ya que sirve a intereses de privados en desmedro del interés público, lo que está en contradicción con la garantía de derechos sociales que todas las personas deberían gozar. Sumado a aquello, es una deuda insostenible por las personas y hogares en un país donde la mediana salarial no supera los 460 mil pesos y exestudiantes pagan al menos tres veces el valor de la carrera que estudiaron (si es que terminaron sus estudios).
La deuda por estudiar es una expropiación financiera, ya que en esta relación desigual son los acreedores, o sea los bancos, quienes han sacado beneficio y provecho de las expectativas de quienes ingresan a la educación superior sin tener los recursos suficientes para poder pagar los elevados aranceles de las instituciones educacionales en el país.
En el último estudio de Fundación SOL "Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2023)" se establece no solo que el CAE es un mecanismo de expropiación financiera, sino también que el Fisco ha comprado más de 2 millones créditos a los bancos, equivalentes a $5,24 billones, lo que representa 58 % del total. Este porcentaje más que duplica la cifra propuesta originalmente, en torno al 25 %. En los créditos comprados por el Fisco se pagó un sobreprecio o recarga a los bancos de más de $1,3 billones. Esto evidencia el carácter expropiatorio de un modelo que solo beneficia a los bancos, en el cual el Estado realiza un gasto excesivo en mantener esta política y los hogares se mantienen endeudados.
Los bancos se han beneficiado con una política que mantiene a los estudiantes cautivos de las deudas en un escenario en el cual hay 777 mil personas pagando el CAE que coexisten con altos niveles de morosidad. Para el año 2022 la morosidad total del sistema ascendía a 60% de las personas que debían pagar el crédito, el porcentaje más alto consignado desde que existe este sistema de endeudamiento. Para el caso de las personas que desertaron de las carreras y a pesar de esto deben seguir pagando el CAE, los niveles morosidad alcanzan a 86%.
Es decir, las personas que estudiaron con el CAE en su mayoría son incapaces de mantener estos pagos al día y la mayoría de ellas ni siquiera terminaron las carreras con las que están endeudados.
El Estado ya ha pagado un monto superior a la deuda total del CAE (vigente a diciembre de 2022) mediante la recompra de créditos con recargo a la banca, y solo en 2022 el Fisco gastó más de $417 mil millones por la compra de créditos a la banca, con un recargo de más de $91 mil millones por lo que hay que evaluar quienes son los verdaderos ganadores de este entramado financiero ¿estudiantes, el Estado o la banca?
En este modelo depredador han ganado principalmente los bancos y las instituciones privadas de educación superior, que se han beneficiado de los sobrepagos del Fisco y han mantenido un modelo que obliga al Estado y a los estudiantes a pagar sin siquiera una garantía de que ese cartón universitario sirva para mejorar la calidad de vida de estudiantes o sus hogares.
Hay que desnaturalizar esta idea de que es necesaria la mediación financiera a través de la deuda para acceder a derechos básicos que deberían estar garantizados para todas las personas sin condenarlos a deudas insostenibles. El Gobierno debe cumplir con la condonación del CAE y hacer que los bancos no sigan fagocitando de las esperanzas de movilidad social de los hogares en Chile.