Nota publicada en El Mostrador el 29 de mayo de 2018 Cuando el 9 de agosto de 2016 Michelle Bachelet anunció su reforma a las pensiones, la industria de las AFP estalló. Varias eran las ideas que rechazaban, pero en particular dos golpeaban al mentón del sistema. Por un lado, la entonces Mandataria había decidido avanzar en un pilar parcial de reparto, paralelo al sistema de capitalización individual vigente, mediante una cotización adicional de 5% que iría a un fondo solidario. Dichos recursos no irían a las cuentas individuales que manejan las AFP, sino que a un pozo común del cual se sacarían parte de los recursos destinados a mejorar las pensiones en forma inmediata. El segundo anuncio apuntaba a modificar lo que se llamó “comisiones ocultas”, comúnmente conocidas como “comisiones fantasmas”, que son los pagos que las AFP realizan –con cargo a los fondos de pensiones– a brokers o intermediadores financieros locales e internacionales para invertir los ahorros de los trabajadores y trabajadoras afiliados al sistema. “Ese día las pensiones cayeron un poco más”, señala el gerente general de una AFP al recordar esa medida, pues el incentivo a generar sería que se invertiría más en fondos de renta fija, lo que haría caer las rentabilidad de los fondos y, por ende, el monto futuro de las pensiones. Pero Bachelet cambió de opinión y en pocos meses terminó siendo convencida por las AFP de que era una mala medida y, finalmente, el 13 de agosto del año 2017, Valdés reconocería que la Presidenta no tenía toda la información para dimensionar el efecto de una idea de ese tipo. Aunque el tema genera polémica, ya que los montos son considerables, hoy está completamente fuera de la agenda. De hecho, el Gobierno actual planea enviar su propia reforma a las pensiones y en su contenido las comisiones fantasmas simplemente no existen. No obstante, los recursos de los fondos de pensiones siguen yendo a pagar estas comisiones cada año. La Fundación Sol, crítica del sistema de pensiones, sumó las comisiones informadas por la autoridad desde 2004 a 2017 y, en tal período, estas acumulan unos US$ 5.500 millones (3,3 billones de pesos). La cifra incluso es similar a las utilidades obtenidas por las AFP. Entre 2006 y 2015 las administradoras, de acuerdo a un estudio del académico de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando López, ganaron unos US$ 4.400 millones, de los cuales un 80% se habría generado por falta de competencia. Afiliados: ¿ganan o pierden? El sistema de capitalización individual o de AFP es uno de los pilares del sistema de ahorro del país. Casi 10 millones de afiliados mantienen en sus cuentas US$ 217.426 millones, de los cuales un 43,4% está invertido fuera de Chile. De esa forma, casi 100 mil millones de dólares se mueven en distintos instrumentos financieros en el resto de mundo, por los cuales las administradoras pagan, con cargo a los fondos de pensiones de los trabajadores, las polémicas comisiones. Según Marco Kremerman, de Fundación Sol, estos pagos, si bien son legales desde el punto de vista de la legitimidad de la industria, “hay una explicación mayor que dar al respecto, más allá de señalar que los intermediadores cobran por su servicio”. “Aquí hay un elemento clave que es por qué no se traspasa a las AFP el riesgo de esas inversiones en vez de traspasárselo al cotizante. Se trata de una doble comisión”, apunta, junto con recordar que dichos pagos son adicionales a la comisión “de entrada” y obligatoria (de 10%) que cobran las gestoras y que, además, no está explicitada en la cartola en que se informa cada trimestre a los afiliados. De acuerdo a sus cálculos, estas comisiones podrían llegar a representar poco menos del 1% del sueldo de los trabajadores, por lo que, al sumarse ambas, prácticamente se duplica el costo de las comisiones que pagan los afiliados al sistema, dependiendo de la AFP a que se pertenezca (0,7% a 1,4%). La Asociación de AFP discrepa de esa mirada, advirtiendo que esa comisión es clave para tener los mejores brokers locales e internacionales que inviertan los más de US$ 217 mil millones de los cuales hoy dispone el sistema privado de pensiones. El gerente de estudio del gremio, Roberto Fuentes, explica que no solo las comisiones de intermediación están autorizadas por ley, sino que también sus montos máximos son regulados por la Superintendencia de Pensiones. Junto con ello, asegura que dichos pagos –unos 2 mil pesos por afiliado– han permitido obtener jugosas ganancias para los fondos de pensiones. Recuerda que desde 2003 tales fondos subieron de US$ 50 mil millones a los actuales US$ 217 mil millones y que “parte importante del aumento se debe a la rentabilidad y particularmente a las ganancias vía fondos en el extranjero, a pesar de las crisis del 2008 y 2011”. De hecho, afirma que en 2017 las ganancias generadas por las inversiones efectuadas a través de los brokers a los que se les pagan estas comisiones se acercaron a los US$ 10 mil millones, casi diez veces el monto total de las mismas. Fuentes asevera que estas comisiones son una modalidad muy utilizada en el mundo y, en efecto, el Estado chileno también las paga: “La evidencia internacional muestra que las comisiones de intermediación de cargo de planes de pensiones son una práctica habitual para acceder a costos razonables a carteras diversificadas internacionalmente. En todo el mundo la administración de los fondos de pensión, endowments y fondos soberanos, las comisiones operan de la misma manera y se deducen del valor cuota. No existen sistemas de pensiones en el mundo en que se separe el beneficiario de la rentabilidad del que asume el costo de la inversión. De hecho, los fondos soberanos del Estado de Chile, se invierten usando esta misma práctica”. Además, precisa que el costo es similar a lo que pagan fondos de pensiones de Estados Unidos, Canadá o Suecia. En el caso de Calpers, el fondo de pensiones del Estado de California delega en administradores externos el 48% de las inversiones en estos fondos (en Chile el 43%). Junto con ello, el gremio recuerda que tanto el monto total de las comisiones como el máximo son información que se publica desde hace 15 años por parte de la superintendencia. Aunque eso es efectivo, no todos creen que exista real transparencia sobre estas comisiones, ni acerca de la forma en que se realizan. En estos días, de hecho, la Corte de Apelaciones tramita una disputa entre la Superintendencia de Pensiones y el Consejo por la Transparencia por el rechazo de la autoridad sectorial a entregar información de las operaciones que a diario realizan las AFP con los fondos de pensiones y que permitirían, entre otras cosas, acceder al desglose de los pagos que justamente realizan las administradores a los brokers locales e internacionales. El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, se ha negado reiteradamente a acceder a la solicitud de informar al respecto, bajo el argumento de la confidencialidad con que las AFP le entregan los datos de estas operaciones y porque sería información que podría afectar sus intereses comerciales. En los próximas días, el tribunal de alzada dará vista a la causa y estará en manos de los ministros y las ministras abrir la información de cómo circulan por el mundo y a diario los más de 200 mil millones de dólares ahorrados por los trabajadores.