Por Gonzalo Durán y Marco Kremerman.
Ha salido humo blanco. El Gobierno anunció su proyecto de Ley de Reforma Tributaria y por fin nos hemos podido enterar qué se ofrece al país para los próximos años.
Si analizamos el aumento de la recaudación propuesto por el Ejecutivo, sin duda más que una Reforma, se trata de un pequeño “Ajuste” Tributario. Con suerte, sumando y restando podremos contar con US$700 millones adicionales por año, lo que equivale a 0,28% de nuestro PIB, al 75% de las utilidades generadas por la Banca en los primeros tres meses de 2012 o al 42% de las utilidades del Banco Chile y el Banco Santander durante el 2011.
No obstante, el principal problema de esta propuesta tiene que ver con lo que no incluye. El proyecto que el presidente Piñera anunció en cadena nacional, no toca en un ápice los fundamentos del actual sistema tributario, los cuales consideran que los impuestos corresponden a una sanción por parte del Estado más que a una oportunidad para que a través de un pacto social se pueda construir un país democrático que asegure educación, salud, pensiones y otros derechos sociales para todos sus habitantes.
En 1974 y en 1984, se diseñó un traje a la medida de la elite nacional. En primer lugar se articula un esquema donde los impuestos que pagan las empresas sirven de crédito para los impuestos que pagan sus dueños como personas naturales. En segundo lugar, se crea el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) que permite diferir el pago de impuestos, mientras no se retiren las utilidades. Ambos dispositivos posibilitan, que en términos proporcionales, los que más ganan, no sean los que más pagan impuestos en Chile y que se haya constituido una verdadera Zona Franca para la elite nacional.
La propuesta que hace el presidente, como se esperaba, no altera estos dispositivos y por tanto, más allá de recaudar algunos pesos más, no tendrá mayor impacto para combatir nuestra desigual distribución en los ingresos ni tampoco permitirá diseñar un proyecto país inclusivo que nos saque del subdesarrollo. Veamos por qué a través de un sencillo ejemplo:
Un gran empresario que hoy decide no retirar utilidades de su empresa, puede crear otras sociedades de responsabilidad limitada que funcionan como sociedades de inversión y a través de éstas, por ejemplo, puede comprar una casa en la playa para un miembro de su familia sin pagar impuestos por esa compra. Aunque los impuestos a las utilidades de las empresas suban a 20% O 25%, esta práctica puede seguir realizándose y por tanto su impacto podría ser marginal. Este es el problema del FUT que inmoviliza y priva de recursos para Chile, pero que beneficia a los segmentos más ricos de la población, con la excusa de fomentar la inversión y el crecimiento de la economía.
Supongamos que este mismo empresario retira las utilidades que genera su empresa, las que equivalen a $200 millones anuales. Si es dueño del 50% de la empresa, le corresponden $100 millones y supongamos que el impuesto a las utilidades proporcionales a su participación es de $20 millones. Estos $20 millones le sirven como crédito para el pago de sus impuestos personales, por tanto si consideramos estos $100 millones como base tributable, sólo hubiera tenido que pagar impuestos adicionales por $4.850.000 antes de la propuesta y tendrá que pagar $2.323.000 adicionales después de la propuesta (se baja la tasa marginal al tramo de mayores ingresos de 40% a 36%), lo que equivale a los impuestos que paga un trabajador asalariado que hoy impone por $925.000 al mes.
Tal como existe el FUT o la posibilidad de utilizar como crédito para el pago de impuestos personales, el impuesto a las utilidades de las empresas, los dueños del capital cuentan con múltiples mecanismos para eludir u adelgazar el pago de impuestos. Esta arquitectura no sufrirá fisuras con el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Como las Reformas Tributarias se discuten cada 10 o 15 años, tomaremos esta Propuesta como una anécdota, y esperaremos que los próximos candidatos presidenciales, presionados por el sentido común y el malestar de la ciudadanía propongan un verdadero pacto social y fiscal para Chile.
Los autores son economistas Fundación SOL – @lafundacionsol
Publicada en The Clinic Papel y The Clinic Online