Por Gonzalo Durán y Marco Kremerman*

Hace poco, la empresa alemana Porsche informó sobre el aumento en las ventas de sus autos para 2011. En Chile, se alcanzó una cifra record vendiéndose 330 unidades de este vehículo de lujo. Tal como el poderoso auto Porsche es capaz de llegar a los 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos, la aristocracia trabajadora chilena – esa franja de altos ejecutivos, directores y dueños de empresas – ha configurado un traje a la medida, que les permite acumular y moverse velozmente en los circuitos del consumo y el lujo. El menú a la carta ofrece yates, descapotables, mansiones de hasta US$6 millones, escaladas en el monte Everest, cenas que valen un salario mínimo, y una larga lista de excentricidades que desafían la más avezada imaginación. Pero lejos de un mero acto de voyerismo hacia la élite, la consideración del buen vivir del súperrico tiene elementos institucionales que ameritan un profundo análisis. Uno de estos elementos es la relación con el actual sistema tributario chileno. La historia se remonta al tiempo de la dictadura militar, donde sendas reformas implementadas el año 74′ y 84′ sentaron las bases de un sistema diseñado para privilegiar a unos pocos (los dueños del capital). Así, hoy en Chile los que se llevan en términos proporcionales la mayor carga de impuestos son los asalariados con contrato de trabajo. La cuestión funciona más o menos así. Un empresario o una persona que recibe rentas del capital, paga impuestos de manera consolidada a través de lo que se conoce como Global Complementario. En términos simples, esto significa que el impuesto que pagan a través de sus empresas (primera categoría) sirve como crédito que permite descontar el pago de sus impuestos personales. Pero, los dueños de las empresas sólo pagan impuestos por las utilidades que reciben y por lo tanto si no las retiran pueden diferir su pago de manera indefinida. De esta forma, se constituye un sistema donde no son las empresas las que pagan impuestos, sino que los sujetos de renta, vale decir, las personas. Por ejemplo, gran parte de las mayores empresas en Chile no son controladas por personas sino por sociedades de responsabilidad limitada, que funcionan como sociedades de inversión. En el momento en que una empresa genera utilidades y estas no son retiradas por sus dueños finales (personas), la figura de la sociedad de responsabilidad limitada puede transferir estas utilidades retenidas a otras sociedades de inversión donde puede figurar el hijo, esposa, o algún familiar (por ejemplo) del controlador final. Estos, desde aquí, podrían adquirir un lujoso Porsche o una estupenda casa en la playa (un bien inmueble en estricto rigor) y pagar “cero impuesto” por ello. De esta forma los dueños del capital, llámense los Luksic, Angelini, Matte, Paulmann, entre otros, no sólo pueden postergar permanentemente el pago de impuestos sino que además tener su propia Zona Franca para sus singulares estilos de vida. Por ello, no es de extrañar que, de acuerdo a los datos del ex-director de estudios del SII y actual investigador de la CEPAL, Michel Jorratt, en el 10% de los contribuyentes más rico se presenta una tasa de evasión de un 47%. En este sentido, el debate acerca de la reforma tributaria que se ha generado durante los últimos meses, podría transformarse, dólares más dólares menos, en un proyecto de Ley que sólo terminará siendo un mero saludo a la bandera. Se podrá subir unos puntos a los impuestos que pagan las empresas, se podrán eliminar algunos beneficios tributarios o se podrán hacer algunas modificaciones al IVA, sin embargo, si no se tocan los aspectos fundacionales del régimen tributario que protege la acumulación de los más ricos, la carga tributaria seguirá siendo sostenida por una parte de los trabajadores asalariados de Chile y el consumidor endeudado a través del IVA. Por tanto, se verán seriamente invalidados los objetivos de una verdadera reforma: i) no podremos avanzar hacia la conformación de un país serio, democrático y moderno que brinde educación y salud pública, gratuita y de calidad y pensiones decentes a todos sus habitantes; ii) la poca educación y salud pública que nos va quedando y las exiguas pensiones que entrega el Estado seguirán siendo pagadas en mayor proporción por las personas que menos tienen. El dilema que se presenta es ¿Porsche o Educación Gratuita? Economistas Fundación SOL Twitter: @lafundacionsol Publicada en The Clinic