Saben, sin embargo, que la tarea no les será fácil. “Hay una ausencia de pensamiento crítico en el país”, comenzó diciendo Marco Kremerman, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas y Máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales. Los animadores de la Fundación –nueve en la actualidad- aspiran a convertirla a la larga en un “centro de referencia nacional para cuestiones de trabajo, sindicalismo y educación que discuta las ‘verdades instaladas’ que sostienen al modelo económico actual”, según señalan en su página web. Allí definen sus objetivos: “incidir en el debate público sensibilizando a la población sobre el conflicto de clases, promover la auto-organización de los trabajadores, producir investigaciones y análisis empíricos de la realidad y difundir el conocimiento generado, permitiendo su acceso libre y gratuito”. “Tratamos de ir generando investigación en temáticas vinculadas al trabajo, especializándonos en distintas áreas, como relaciones laborales, desigualdad y salarios, seguridad social y pensiones, educación, estadísticas del empleo, abarcando con distintas miradas el conflicto permanente entre capital y trabajo”, agregó Kremerman. “Los empresarios cuentan con centros de reflexión y pensamiento financiados, quienes defendemos una visión alternativa no”, dijo a su vez Carla Brega, argentina, socióloga de la Universidad de Chile. La Fundación Sol se financia con investigaciones y con microdonaciones, pero no acepta contribuciones de empresas o partidos políticos, para mantener su independencia.

Lo ilustró con algunos datos muy significativos: la mitad de los trabajadores tiene un sueldo inferior a los 450 dólares mensuales y 70 por ciento ganan menos de 650. Unos 600.000 trabajadores están a su vez por debajo de la línea de pobreza, y llegarían a casi el doble si se les sacaran los subsidios que reciben. “Todo esto va de la mano de un alto endeudamiento, un endeudamiento por necesidad”, apuntó. Kremerman citó un informe de la OCDE según el cual un 30 por ciento de los chilenos se tiene que endeudar para comer, mientras otro estudio, de una universidad privada, establece que 11 millones de los 18 millones de habitantes del país están endeudados, y 4 millones de ellos no pueden pagar esas deudas.

Las tasas de rentabilidad de las empresas son a su vez mucho más altas que en el promedio de América Latina, de 20, 30 por ciento, incluso de 50-60 por ciento, como fue el caso de la minería en algunos años”. En resumen, dijo, Chile “es un paraíso empresarial construido en base a bajos salarios y endeudamiento”. También la legislación laboral es favorable a los empresarios. “El modelo de relaciones laborales es el de la dictadura. El código del trabajo actual, que apenas modificó el de 1979, favorece los convenios por empresa, limita extraordinariamente el derecho de huelga, alienta que haya varios sindicatos por empresa e incluso la formación de grupos de trabajadores para negociaciones específicas, que así como surgen desaparecen…”, dijo Carla Brega. Por otro lado, si bien se generan puestos de trabajo (1.200.000 en seis años, “un número no despreciable”, según Marco), se trata de empleos de baja calidad: dos de cada tres empleos creados en los últimos 6 años son tercerizados, cuenta propia de baja calificación o familiar no remunerado. El nivel de sindicalización es bajo, de menos del 14 por ciento, y los sindicatos, salvo los de algunos sectores, son débiles. Los gobiernos “progresistas” que se han sucedido desde el fin de la dictadura, con el breve interregno de Sebastián Piñera, no han alterado en lo más mínimo las reglas del juego, subrayó Brega. “La matriz productiva sigue sin transformarse. No se genera valor agregado. Ha llegado mucho dinero extranjero, pero la tasa de inversión no ha variado, y la plata se va: se la llevan las transnacionales o va a paraísos fiscales, o se destina a los gastos suntuarios de los ricos y muy ricos”. Apuntar a transformar ese modelo “es la razón de ser la Fundación. Y en esa lucha seguiremos”, concluyó Kremerman.