Las vidrieras de Providencia, corazón comercial de Santiago de Chile, lucen blindadas con cortinas metálicas de amplio grosor. Supermercados, farmacias, ferreterías e iglesias de todo el país han tomado resguardos similares por temor a que se repita la ola de saqueos que sobrevino desde el estallido social que comenzó el 18 de octubre del año pasado.

Publicado por El Comercio el 8 de marzo, 2020

A casi cinco meses de iniciada la mayor crisis político-social desde la dictadura de Augusto Pinochet, las calles están lejos de recuperar su normalidad. El costo de la vida, la inequidad, la corrupción, las bajas pensiones y las deficiencias en salud y educación mantienen descontento y movilizado a un país que durante los últimos 30 años, tras recobrar la democracia, había recibido elogios por sus cifras macroeconómicas, donde destacaban su alto ingreso per cápita para la realidad latinoamericana y una notable disminución de la pobreza.

Fruto del Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, firmado por el oficialismo y la oposición el 15 de noviembre, se fijó un derrotero para dejar atrás la Carta Magna de 1980, herencia de Pinochet. El 26 de abril, 14 millones de votantes decidirán si aprueban un cambio constitucional y bajo qué mecanismo: si por medio de una convención o asamblea constituyente compuesta solo por ciudadanos o a través de una convención mixta, con un 50% de personas electas para tal efecto y la otra mitad integrada por Parlamentarios en ejercicio.

Una nueva Constitución fue una de las demandas de la movilización. Pero el acuerdo no ha logrado apaciguar los ánimos ni levantar la imagen del presidente Sebastián Piñera, quien exhibe la aprobación más baja de un mandatario desde la vuelta a la democracia: entre un 6 y un 13%. Hay quienes incluso dudan si podrá terminar su período, que concluye en marzo de 2022.

Al poco tiempo de derrocar al gobierno de Salvador Allende, en 1973, la dictadura de Pinochet giró el rumbo de una economía que llegó a alcanzar un 600% de inflación, cambiándola por un modelo de libre mercado. Se logró controlar la inflación, hubo un ‘boom’ de exportaciones y tuvo años de crecimiento económico (aunque no sostenidos), pero también un alto desempleo (que se mantuvo en torno al 15% y llegó al 20% en la recesión de 1982). Se disparó la pobreza, se ejecutó una reforma laboral cuestionada, y se dejó en manos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) el sistema previsional.

El impulsor de esta fórmula, el entonces ministro del Trabajo José Piñera, hermano del actual Presidente, aseguró que los chilenos obtendrían una jubilación de por lo menos el 70% de su última remuneración anual.

Cuando Chile recuperó la democracia, el 11 de marzo de 1990, el presidente Patricio Aylwin recibió un país con casi un 40% de la población bajo la línea de la pobreza (según la herramienta actual para medir la pobreza en Chile, era incluso mayor al 60%). En las tres décadas que vinieron, gobernadas mayoritariamente por la Concertación, coalición de centroizquierda, el país dio un salto cualitativo bajo el mismo modelo neoliberal. Creció un promedio de 5% anual, favorecido en mucho por el alto precio del cobre, y con un ingreso per cápita que lo situó a la cabeza de América Latina. La pobreza bajó al 8%. Se firmaron tratados de libre comercio con las potencias y Chile ingresó a la exclusiva OCDE.

Para altos dirigentes de la ya disuelta Concertación, esos años fueron “el período más fructífero de la historia de Chile”. Sin embargo, la ciudadanía mascullaba su descontento ante un bienestar del que no participaba por sus bajos salarios y el alto costo de los servicios.

“No son 30 pesos, son 30 años” fue el eslogan de los manifestantes cuando comenzaron las protestas por el alza de 30 pesos en la tarifa del metro.

El reventón de la “era dorada” tiene a la desigualdad como actor principal. En su último informe, el Banco Mundial situó a Chile entre los 25 países más desiguales del orbe.

El economista Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, da pistas sobre el problema que subyace bajo la imagen que tantos elogios había traído a Chile: “la mitad de los trabajadores chilenos gana menos de 400 000 pesos (USD 490) y el 70% recibe menos que el promedio, que es 573 000 pesos (USD 705)”, apuntó en una conferencia en la Universidad de Valparaíso.

En una investigación de la Universidad de Chile titulada “La parte del león: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, los economistas Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez sostienen que “el real problema de distribución en Chile está en lo más alto de la distribución y no tanto dentro del grueso de la población, donde tiende a ser relativamente pareja. Es realmente en el 1% más rico y, sobre todo, en el 0,1% y 0,01% más rico donde se concentra el ingreso, llegando a más de 30%. En términos internacionales estas son las más altas participaciones que se conocen”.

Lo que describen los economistas lo vive a diario Carmen, santiaguina de 58 años, quien trabaja en una pastelería de la zona oriente -el sector acomodado de la capital chilena- hasta donde se desplaza durante una hora y media desde el poniente de la ciudad. Carmen gana 380 000 pesos mensuales (USD 464), levemente superior al salario mínimo, que es de 301 000 pesos (USD 367).

Como la edad de jubilación para las mujeres en Chile es a partir de los 60 años, ella está a dos de poner fin a su vida laboral, por lo que consultó a la empresa de AFP por sus fondos ahorrados: le dijeron que acumula 17 millones de pesos (USD 20 700), por lo que al pensionarse recibiría un salario de 78 000 pesos. Es decir, menos de USD 100 mensuales.

Las pensiones de la mayoría de los chilenos están lejos de llegar al 70% de la última remuneración, como se había prometido. Y muy lejos, también, de las utilidades que se embolsan las empresas administradoras. El año pasado, las AFP registraron USD 649 millones de utilidades, un 60% más que en 2018.​

La salud tampoco tiene una cara más amable. Según un informe del Ministerio de Salud, al menos el 42% de los afiliados a Fonasa -el sistema público sanitario- deben esperar en promedio un año por una cirugía.

En caso de que en el plebiscito del 26 de abril gane la opción Apruebo, la elección de los integrantes del órgano que redactará la nueva Constitución se realizará en octubre. Luego, los asambleístas tendrán un plazo de nueve meses, prorrogables por otros tres, para entregar el texto -con un quórum de aprobación de cada norma de 2/3 -, el que será sometido a un nuevo referéndum para su aprobación o rechazo.

¿Una nueva Constitución es la llave maestra para ponerle fin a la crisis? En la derecha están mayoritariamente por el Rechazo porque creen que la discusión sobre una nueva Carta Magna no solucionará los problemas de la ciudadanía, pondrá en riesgo el modelo y empeorará la ya delicada situación económica porque frenará las inversiones. Con el estallido social, el desempleo subió a un 7,4%, la cifra más alta desde 2011, y la expectativa de crecimiento para este año bajó a un 0,9%.

La centroizquierda reconoce que una nueva Constitución no va a mejorar las pensiones ni los salarios, pero sí pondrá en discusión el orden imperante desde la dictadura.

La ciudadanía observa desconfiada. El sociólogo Felipe Portales es totalmente escéptico: “Este acuerdo está repitiendo la historia: la centroizquierda le entrega a la derecha el poder de veto con el mecanismo de los 2/3 de quórum de aprobación para las normas constitucionales. ¿Cómo 34 va a valer lo mismo que 66? Va a ganar el Apruebo, la gente se va a ilusionar, pero la dirigencia de la ex Concertación no ha cambiado su punto de vista: ellos legitimaron el modelo de Pinochet, lo consolidaron y perfeccionaron. Chile despertó, pero el nuevo despertar, después de este proceso acordado, puede ser mucho peor. Ojalá me equivoque”.

A 30 años de la recuperación de la democracia y luego de recibir solo elogios, Chile mira en el espejo su crisis de identidad, la crisis de los 30 años. Y ante ello, busca desesperadamente una salida.