Publicada en El Mostrador el 10 de septiembre de 2019

Por Benjamín Sáez, investigador Fundación SOL.

Luego de años de movilizaciones, de una creciente incidencia en el debate público y de un importante proceso de elaboración de una propuesta para salir de la crisis actual de las pensiones, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP (CNT NO+AFP) ha escuchado por primera vez una respuesta directa del Gobierno.

La Subsecretaría de Previsión Social replicó algunas de las proyecciones y cifras de la propuesta, que ha demostrado resistir incluso en los escenarios económicos más desfavorables.

Recordemos que, para demostrar su factibilidad y sostenibilidad financiera, la propuesta inicial de la CNT NO+AFP (noviembre de 2016) contempló un crecimiento pesimista de la economía (o PIB), con un 1% como promedio real anual hasta el año 2100. También se utilizaron supuestos conservadores en cuanto a las remuneraciones imponibles y el salario mínimo, proyectados con una expansión del 1% real. El aspecto más desafiante, para estresar el modelo y dar cuenta de la factibilidad de esta propuesta inicial, fue trabajar con una rentabilidad real promedio del 2,5% anual. Este aspecto es importante, pues la Propuesta de la CNT NO+AFP no es un sistema de reparto puro (PAYG), sino un sistema de reparto con un Fondo de Reservas Técnicas, es decir, con mecanismos de capitalización colectiva.     

Contando con nueva información disponible en relación con las proyecciones de población actualizadas al 2019, a las tasas de rentabilidad proyectadas por la propia Superintendencia de Pensiones y a cifras de la Subsecretaría que indican la desaparición del pilar no contributivo hacia mediados del siglo XXI, la actualización de la propuesta a 2019 ha permitido robustecer aún más la alternativa de un sistema real de seguridad social, capaz de pagar pensiones suficientes.

La Superintendencia de Pensiones definió (a mediados de 2018) tres escenarios proyectados de rentabilidad hacia el año 2039. Un escenario optimista que, considerando el Fondo C, contempla una rentabilidad real promedio de 5,28%; un escenario intermedio, que proyecta para el mismo Fondo una rentabilidad real promedio de 4,15%; y un escenario pesimista en el cual la rentabilidad de dicho Fondo sería de un 3,03%. Resulta fundamental considerar que esta última cifra, considerada como pesimista por la superintendencia, es mayor a la rentabilidad proyectada en la propuesta inicial de 2016, en torno a un 2,5%.

Incorporando a la Propuesta de la CNT NO+AFP los escenarios planteados por la superintendencia, se reafirma su sostenibilidad financiera pagando pensiones muy por sobre las actuales. Con una rentabilidad de 5,28%, las reservas del sistema de pensiones excederían más de 134 veces los gastos al año 2100. En el escenario intermedio, con una rentabilidad del 4,15%, hacia el fin de siglo las reservas superarían en más de 38 veces los gastos. Y en el escenario pesimista, con una rentabilidad del 3,03% se tendría un monto de reservas 2,4 veces superior a los gastos del sistema. En este último caso, se requeriría de algún tipo de ajuste paramétrico, para alcanzar la curva de equilibrio proyectada. El equilibrio de las reservas se conseguiría con una rentabilidad del 3,52% real anual.

Considerando estos datos, sorprende que la subsecretaria de Pensiones, María José Zaldívar, declare que quienes defienden la propuesta de la CNT NO+AFP “siguen sin poder responder qué pasa el año 2101”. Lo cierto es que se entrega una respuesta contundente que, en un escenario intermedio, permitiría acumular reservas más de 38 veces por sobre los gastos. Y esto considerando los efectos del envejecimiento, que llevarían al sistema a pagar cerca de 7 millones de pensiones a fines del siglo XXI.   

Lo que realmente no está del todo claro, es que el actual sistema de AFP logre sobrevivir de aquí al año 2101 y es esa la pregunta que la autoridad sigue sin poder responder. En principio, no se ha respondido porque las propias cifras oficiales no han intentado proyectar los resultados del sistema a lo largo del siglo. Es más, en su dictatorial origen, el sistema de AFP no contempló estudio o cálculo alguno que permitiera solventar la afirmación de que la capitalización individual sería capaz de garantizar tasas de reemplazo del 70% o 100%, hacia el año 2020.

La mitad de las actuales pensiones llegan a tasas de reemplazo del 20% o menos (33% para los hombres y 12% para las mujeres) y solo con el gasto público del Estado, mediante el Pilar Solidario en su Aporte Previsional Solidario (APS), la tasa de reemplazo mediana logra llegar a un 40% de las últimas remuneraciones, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones. Esta cruda realidad también es válida para quienes han cotizado toda su vida. A diciembre de 2018, la mitad de quienes cotizaron entre 30 y 35 años recibió una pensión de vejez edad menor a $297.000.

Pero la situación de los actuales jubilados es aún peor. La mitad de las 125 mil personas que jubilaron el 2018, solo logró autofinanciar una pensión menor a los $48.000. Y la mitad de quienes cotizaron entre 30 y 35 años solo pudo autofinanciar una pensión menor a los $246.000. Con ello, la mitad de quienes han cotizado prácticamente toda su vida, no son capaces de obtener una pensión que supere el sueldo mínimo.

Las propias AFP han admitido esta tremenda dificultad. Según declaró el gerente general de AFP Habitat en 2017, las pensiones de 2,5 millones de personas serán inferiores al sueldo mínimo, incluso al considerar una rentabilidad real del 4%, una cotización del 15% y ninguna laguna previsional en la vida laboral. Esto tiene directa relación con la baja rentabilidad.

Los resultados obtenidos por el actual sistema, se han dado con una rentabilidad promedio de un 7,91% real anual entre 1981 y julio de 2019. La baja de un punto en la rentabilidad, podría implicar de un 18% a 20% menos de pensión. Recordemos que, en un escenario optimista, la rentabilidad real futura será de un 5,28%, o sea, se estabilizaría en 2,6 puntos porcentuales menos que la rentabilidad histórica del sistema. Esto en el mejor de los casos. En un escenario más probable (intermedio), las rentabilidades reales estarán casi 4 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad histórica del sistema.      

La conclusión más preocupante de estas cifras es que, incluso en un escenario optimista, el actual sistema irá pagando, generación tras generación, peores pensiones que las actuales. Los mecanismos que han encontrado los últimos gobiernos para postergar esta profunda crisis son riesgosos y tienen un techo definido por los vaivenes de la economía nacional y los mercados financieros. Estos mecanismos son el Pilar Solidario y la inversión en instrumentos financieros de mayor riesgo-rentabilidad, como los activos alternativos.

El Pilar Solidario implica aumentar el gasto público, no solo para el componente no contributivo del sistema, sino incluso para el componente privado contributivo. La creciente insuficiencia de las pensiones irá aumentando la presión sobre el fisco, que posterga la crisis aliviando la pobreza, mejorando en algo las pensiones que el sistema de AFP no es capaz de garantizar. A su vez, con mecanismos como la inversión en activos alternativos (venture capital, compra de deuda nacional o extranjera, inversión en infraestructura, concesiones, etc.) se incrementa la exposición del sistema a los riesgos del mundo financiero. Esto en un escenario económico internacional cada vez más complejo.

Estos antecedentes dan cuenta de que hacia el año 2101 será prácticamente imposible la continuidad de un sistema como el de AFP. Más aún, contemplando estos antecedentes estructurales, resulta muy probable que la crisis del sistema se desate incluso antes de llegar al año 2050. El reemplazo del sistema de AFP es inminente y, tal como en otros países que han revertido la privatización de los fondos, un cambio así podría provenir tanto de un gobierno de izquierda como de derecha. Por el momento, las autoridades han decidido postergar la crisis. No obstante, será probablemente esta generación la que vea el fin de las AFP y la instalación de un sistema basado en los principios de la seguridad social.