Santiago, 12 de marzo 2015

En la instancia, convocada por la Fundación SOL, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y la Unión Portuaria del Biobío, se generaron duras críticas al proyecto, centradas en que no solo mantiene intacto el Plan Laboral impuesto en dictadura sino que además lo consolida.

 “Si el gobierno quiere hacer algo con este proyecto de ley, debería retirarlo”, señaló en su exposición el abogado laboralista José Luis Ugarte, quien además explicó que la negociación colectiva por rama no es inconstitucional, como se ha argumentado desde otros sectores pro reforma. Además la abogada laboralista Karla Varas, también presente en la actividad, especificó que el proceso legislativo es tan engorroso como el procedimiento de negociación colectiva.

Por otro lado, Manuel Ahumada, presidente de la CTC, manifestó que los mayores avances que los trabajadores han conseguido ha sido por la vía de los hechos: “Si este proyecto se aprueba tal cual está, la gran mayoría de los dirigentes sindicales vamos a estar desaforados. Pero eso no nos va a impedir organizarnos”.

En la jornada también se cuestionó la nula participación de los trabajadores en este proyecto, “nos presentan reformas en educación, en salud, en trabajo, pero sin que los docentes participen, sin que los trabajadores de la salud propongan y ahora, una reforma laboral sin participación de los trabajadores chilenos”, señaló Sergio Parra, dirigente del Sindicato de Estibadores de San Vicente de la Unión Portuaria del Biobío.

En la instancia también estuvo presente el diputado Giorgio Jackson y el ex líder estudiantil Francisco Figueroa, en representación del diputado Gabriel Boric, quienes también criticaron duramente el proyecto.

Entre las principales conclusiones se estableció que se trata de un proyecto que criminaliza, persigue y limita la acción sindical, incorpora el concepto de “servicios mínimos” en la huelga para proteger los intereses del empresario y mantiene una negociación colectiva encerrada en la empresa, entre otros graves retrocesos. “Para mejorar la distribución de los ingresos, resulta necesaria la existencia de una negociación colectiva en distintos niveles (nacional, por rama, por empresa)”, señalaron los investigadores de Fundación SOL.