Publicada en El Mostrador el 18 de marzo 2020
Por Recaredo Gálvez, investigador Fundación SOL
En estas circunstancias no solamente los sistemas de salud deben dar el ancho para abordar la crisis, también el modelo laboral está siendo puesto a prueba. El empresariado sigue presionando para dilatar lo más posible una cuarentena. Bajar el tono de riesgo y tratar de hacer ver que nada pasa, fueron las líneas centrales de una de las primeras entrevistas públicas del nuevo presidente de la CPC, al igual que el representante de la Cámara Nacional de Comercio. Que ellos manifiesten ese relajo, debiese a lo menos abrir las sospechas. Ya sea contaminando el agua o la naturaleza y acumulando recursos de forma infinita, el capital no busca preservar la vida, sino mantenerse y expandirse a sí mismo.
El lunes 16 de marzo el Gobierno notifica que los casos de personas con COVID-19 (coronavirus) se han duplicado desde la última cifra conocida, superando las 150 personas contagiadas. Con lo anterior, Chile se pone a la cabeza de los países en Latinoamérica con mayor tasa de contagios según cantidad de habitantes. Entrábamos en la Fase 4 de la enfermedad, señalaba el Gobierno. Esta vez, enfrentamos una crisis que nadie podrá decir que no se vio venir. A los ojos de todo el mundo, las medidas más urgentes y necesarias no han sido tomadas aún y, aunque se tomen, ya será tarde.
¿Por qué es necesario tomar medidas de forma urgente, ante una enfermedad que hasta ahora ha dejado un saldo de personas muertas menor al de la influenza? Probablemente no es una pregunta que tenga una sola respuesta y no basta con señalar que la enfermedad no tiene cura ni tratamiento. A continuación, se exponen tres aristas que deberían ser consideradas en el momento en que se diseñen políticas complementarias para enfrentar esta crisis.
Primero, en estas circunstancias no solamente los sistemas de salud deben dar el ancho para abordar la crisis, también el modelo laboral está siendo puesto a prueba. El sistema de relaciones laborales pro empresa que opera en Chile, hace muy difícil abordar una crisis de esta magnitud con celeridad y eficacia. No existen grandes actores colectivos que representen al trabajo asalariado de forma sectorial. La tasa de sindicalización en Chile es menor al 20% y los sindicatos son muy pequeños. Se registran casi 12 mil organizaciones de trabajadores y el 50% tiene 40 o menos socios. Además, en muchas empresas existe más de un sindicato.
Dado lo anterior, aquellas personas en régimen de asalarización formal tienen escasas herramientas para que sus urgencias derivadas de la crisis de salud sean representadas de forma eficaz y oportuna, el aislamiento social como medida de protección depende de la voluntad patronal.
Por otro lado, se registra más de 1 millón de personas cumpliendo órdenes y obedeciendo horarios, pero sin contrato de trabajo escrito. Además, la creación neta de empleos en la última década se ha concentrado en las categorías de asalariados externos (subcontrato, suministro y enganche) y trabajo por cuenta propia de baja calificación y pocas horas, las cuales explican el 65,1% de los nuevos empleos del periodo. Como si lo anterior no bastara para acumular a destajo, el 38% de la fuerza laboral ocupada no tiene contrato (independientes e informales) y 2,3% está a honorarios.
Segundo, la gruesa capa de deudores y deudoras, que crece velozmente. A fines de 2019, se estima que en Chile existen casi 11,5 millones de personas con deuda, entre las cuales 4,7 millones tenían deuda morosa, con un monto promedio que se aproxima a los $2 millones. Difícilmente una persona pondría en riesgo su salario o ingreso del trabajo, tomando una medida de aislamiento social de forma unilateral, si es que el asedio de la deuda está a la vuelta de la esquina. Una gran porción de esta deuda se concentra en el retail y la banca. Para la mayoría de quienes trabajan, llegar a fin de mes es posible solo con deuda, puesto que el 70% de los trabajadores y trabajadoras recibe un ingreso menor a $550 mil líquidos mensuales.
En Chile el 1% más rico, concentra el 33% de los ingresos, mucho más de lo que acumula este selecto grupo en países como Estados Unidos, Australia, Rusia o Finlandia. Chile es uno de los 15 países más desiguales del mundo. Para que estos enormes niveles de acumulación tengan lugar es necesario el despojo de millones de trabajadores y trabajadoras que ven que sus ingresos crecen más lento que sus deudas.
Tercero, las miserables pensiones que se pagan en Chile y el debilitado sistema de salud. Ambas son dimensiones directamente implicadas a la crisis actual, puesto que una persona mayor de 70 años no solamente forma parte del grupo de riesgo, sino que también puede encontrar mayores dificultades para valerse por sí misma y con sus propios ingresos, debido a las bajas pensiones. La mitad de las personas que recibió su primera pensión de vejez en 2019 apenas pudo autofinanciar un monto menor a $49 mil, quizás por eso casi un millón de personas en edad de jubilar aún continúa trabajando.
Dado lo anterior, más que autonomía en la vejez, muchas personas dependen de los ingresos y cuidados de otros miembros de su hogar. Además, las transferencias del Estado al sector privado de la salud han ido en desmedro del fortalecimiento del sistema público, por ello el colapso es lo más probable y lo que se busca evitar.
El empresariado sigue presionando para dilatar lo más posible una cuarentena. Bajar el tono de riesgo y tratar de hacer ver que nada pasa, fueron las líneas centrales de una de las primeras entrevistas públicas del nuevo presidente de la CPC, al igual que el representante de la Cámara Nacional de Comercio. Que ellos manifiesten ese relajo, debiese a lo menos abrir las sospechas. Esas sospechas cobran sentido al considerar los elementos acá planteados. Ya sea contaminando el agua o la naturaleza y acumulando recursos de forma infinita, el capital no busca preservar la vida sino mantenerse y expandirse a sí mismo.
Todo lo anterior ocurre mientras las bolsas mundiales se encuentran devastadas, el coronavirus ha sido la chispa para encender los escombros de una economía mundial que se sostiene más en la fuerza bruta que en la legitimidad política. La barbarie del sálvese quien pueda es ideal para quienes han amasado fortunas gracias al trabajo ajeno, pero para quienes viven con lo justo y menos, la solidaridad es la única forma de hacer frente a la emergencia.
¿Cómo se mantendrán económicamente los millones de trabajadores y trabajadoras precarizados y endeudados ante una cuarentena total? O más directamente, ¿cómo se paga el consumo de agua, electricidad, alimentos y deuda si es que no tienes ingresos?
Un ingreso universal como punto de partida, al nivel del salario mínimo, para las personas jubiladas, es la propuesta que la Coordinadora de trabajadores y trabajadoras NO+AFP han impulsado desde hace años. Un salario mínimo de al menos $551 mil mensuales para que una persona trabajando pueda sacar a su hogar de la pobreza. Una negociación colectiva sectorial para que las definiciones urgentes se tomen a tiempo. Ninguna de estas medidas básicas se encuentra vigente para enfrentar una crisis sanitaria, económica, política y social como la que estamos comenzando.
En definitiva, tomar medidas urgentes, como el aislamiento social, resulta necesario porque quienes reciben el mayor impacto por esta crisis posiblemente no tienen las mejores herramientas para hacerle frente. Pero el problema es quién paga una medida como el aislamiento social, pues existe una gran desprotección sanitaria y financiera de la mayoría de la sociedad, debido al impulso del capital por llevarse todo antes de una fuerte caída. El trabajo asalariado es mal pagado y con altas posibilidades de ser precario, la vida se reproduce sosteniéndose en el trabajo no remunerado de las mujeres y el endeudamiento progresivo, la participación sindical se encuentra tan mermada como la participación política y la represión se ha convertido en la más efectiva herramienta del Gobierno para impulsar su agenda.
Un escenario de desastre que le acomoda al capital para devorar todo a su paso. Ante este caos, es fundamental el orden colectivo, el autocuidado y la defensa de la vida de quienes viven de su trabajo. Luego se podrán sacar cuentas sin dejar de exigir los cambios urgentes, hoy hay que dejar de asistir al trabajo y organizarse colectivamente para aquello, junto con democratizar las obligaciones y cuidados del hogar.