Por Marco Kremerman/Investigador Fundación SOL
El nuevo ministro de educación Felipe Bulnes, el día lunes respondió a las propuestas presentadas por los estudiantes secundarios, de la educación superior y profesores. En un documento de 18 páginas y cumpliendo los plazos comprometidos, presentó 21 propuestas que de acuerdo al Ejecutivo, permitirán generar un cambio profundo en la Educación Chilena, invitando a deponer las movilizaciones y a retomar las clases.
¿Son adecuadas las propuestas del Gobierno? ¿Son los cambios profundos que se necesitan? ¿Responden a parte importante de las demandas de los estudiantes?
Lamentablemente la respuesta es negativa. Y no se trata de criticar por criticar, obstaculizar los acuerdos, ni menos pretender cambiar en algunos meses lo que no se ha hecho en más de 35 años. Se trata de reconocer que el sistema educativo chileno nunca ha sido objeto de un debate ni de una construcción vinculante con plena participación de la ciudadanía.
¿A usted acaso le preguntaron si estaba de acuerdo que la matrícula particular subvencionada podía superar el 50% del total en Chile?; ¿Le preguntaron alguna vez si le parecía adecuado que las escuelas había que financiarlas con un subsidio por alumno que asiste a clases y hacer competir a las municipales con las particulares subvencionadas? Tampoco me acuerdo que haya sido motivo de consulta que Chile haya optado por no tener Centros de Formación Técnica ni Institutos Profesionales del Estado, entre otras tantas cosas.
El documento presentado por el Ministro Bulnes, no tiene memoria, no reconoce ni describe la historia, ni identifica las falencias específicas de la educación chilena. De allí, que los esfuerzos por entregar soluciones o medidas no conformen a los jóvenes que están sacrificando su año escolar ni a los académicos que estudian objetivamente las políticas educativas. Cuando el diagnóstico no es certero, los cambios tampoco irán a la médula del problema, por mucho esfuerzo que se coloque.
El Gobierno y los partidos políticos en general tienen un tremendo problema y los resultados de las últimas encuestas son un buen reflejo de ello. Esta vez, no bastará con más recursos, ni con políticas focalizadas, disminución de tasas de interés, ni híbridos cambios constitucionales. Lo que se demanda (gracias a los estudiantes) son cambios estructurales, se pide un proyecto país distinto, una mirada de largo plazo, un desafío que sólo puede ser encarnado por estadistas, justamente valores que están agotados o escasean en la clase política chilena, atravesada por conflictos de interés en temas educacionales y mal acostumbrada a legislar a espaldas de la población.
Las leyes impuestas bajo la dictadura, permitieron la configuración deliberada de un sistema educativo que apostó por la privatización para aumentar la cobertura. Doctrina coronada bajo los gobiernos de la Concertación con nefastas políticas como la del Financiamiento Compartido en 1993 y el Crédito con Aval del Estado en 2005-2006.
La lógica detrás de este experimento queda muy clara en el documento “El Sistema de Subvenciones en Educación: La Experiencia Chilena”, escrito por Gerardo Jofré, asesor del Ministro de Hacienda en el año 1986, y en donde se expone lo siguiente:
“Deben existir los incentivos para que los beneficiarios se autoclasifiquen, en cuanto a su situación socioeconómica para evitar la entrega de subsidios en exceso, por los graves daños que ésta provoca a la economía y a la sociedad. Para ello debe aceptarse que existirán diferencias de calidad asociadas al esfuerzo que acepte efectuar cada familia.” (Cuando habla de los beneficiarios se refiere a los estudiantes)
Esta perfecta descripción de lo que se esperaba de la educación chilena y en lo que finalmente se transformó nuestro sistema educativo, finalmente generó el siguiente panorama:
1.- El sistema educativo chileno es el segundo más segregado del mundo.
2.- El sistema de educación superior chileno es el más privatizado del mundo y donde menos dinero coloca el Estado como porcentaje del PIB.
3.- Los aranceles en la educación superior chilena son los más caros del mundo.
4.- Chile es el único país en donde se entregan recursos públicos a escuelas que pueden seleccionar a sus alumnos, cobrarle mensualidad a los padres e incluso pueden lucrar.
5.- A la educación pública se le ha dejado agonizar y bajo el slogan que Chile tiene un Modelo Mixto de Educación, el sistema privado pasó a ser el pilar.
Si la respuesta del ministro Bulnes hubiese partido al menos, reconociendo estos 4 puntos, más los antecedentes históricos precedentes, quizás podríamos ver con mayor confianza un potencial llamado a formar mesas de trabajo junto a los distintos actores sociales, que permitan elaborar los nuevos ejes de la educación chilena y los proyectos de ley pertinentes como consecuencia.
Sin embargo, las soluciones planteadas por el Ejecutivo parecen más recetas para recuperar la rentabilidad de un negocio o regulaciones para guiar el mercado que un cambio sustancial de enfoque.
Por ejemplo, se puede desmunicipalizar la educación primaria y secundaria, pero sin embargo, la educación pública propiamente tal, continuará perdiendo terreno y podría quedar relegada a sólo un 30% de la matrícula, algo así como una especie de reformatorio. ¿Eso es lo que quiere Chile? ¿Para respetar la propuesta de asegurar constitucionalmente el derecho a una educación de calidad en cada territorio de Chile, lo haremos sólo con las escuelas particulares subvencionadas?
Esta es la ardua tarea que tiene el sistema político chileno (que sigue sin dar el ancho) y que sin duda es lo que nos ha mantenido preocupados todo este tiempo, ya que estamos muy lejos de llegar a una solución. Estamos muy lejos, porque la educación chilena se transformó en un negocio y políticas como la subvención por alumno que asiste a clases o el financiamiento compartido o el crédito con aval del Estado han profundizado ese negocio. Los cambios no sólo tienen que traer bienestar a los estudiantes sino que debe implicar costos para quienes se han aprovechado de este experimento.
Recuperar el sentido público de la educación y entenderla de una vez por todas como un derecho, obliga a desestructurar completamente el experimento educacional chileno. Todavía no hemos entrado a esa etapa, todavía estamos lejos de la solución…Por Marco Kremerman/Investigador Fundación SOL
El nuevo ministro de educación Felipe Bulnes, el día lunes respondió a las propuestas presentadas por los estudiantes secundarios, de la educación superior y profesores. En un documento de 18 páginas y cumpliendo los plazos comprometidos, presentó 21 propuestas que de acuerdo al Ejecutivo, permitirán generar un cambio profundo en la Educación Chilena, invitando a deponer las movilizaciones y a retomar las clases.
¿Son adecuadas las propuestas del Gobierno? ¿Son los cambios profundos que se necesitan? ¿Responden a parte importante de las demandas de los estudiantes?
Lamentablemente la respuesta es negativa. Y no se trata de criticar por criticar, obstaculizar los acuerdos, ni menos pretender cambiar en algunos meses lo que no se ha hecho en más de 35 años. Se trata de reconocer que el sistema educativo chileno nunca ha sido objeto de un debate ni de una construcción vinculante con plena participación de la ciudadanía.
¿A usted acaso le preguntaron si estaba de acuerdo que la matrícula particular subvencionada podía superar el 50% del total en Chile?; ¿Le preguntaron alguna vez si le parecía adecuado que las escuelas había que financiarlas con un subsidio por alumno que asiste a clases y hacer competir a las municipales con las particulares subvencionadas? Tampoco me acuerdo que haya sido motivo de consulta que Chile haya optado por no tener Centros de Formación Técnica ni Institutos Profesionales del Estado, entre otras tantas cosas.
El documento presentado por el Ministro Bulnes, no tiene memoria, no reconoce ni describe la historia, ni identifica las falencias específicas de la educación chilena. De allí, que los esfuerzos por entregar soluciones o medidas no conformen a los jóvenes que están sacrificando su año escolar ni a los académicos que estudian objetivamente las políticas educativas. Cuando el diagnóstico no es certero, los cambios tampoco irán a la médula del problema, por mucho esfuerzo que se coloque.
El Gobierno y los partidos políticos en general tienen un tremendo problema y los resultados de las últimas encuestas son un buen reflejo de ello. Esta vez, no bastará con más recursos, ni con políticas focalizadas, disminución de tasas de interés, ni híbridos cambios constitucionales. Lo que se demanda (gracias a los estudiantes) son cambios estructurales, se pide un proyecto país distinto, una mirada de largo plazo, un desafío que sólo puede ser encarnado por estadistas, justamente valores que están agotados o escasean en la clase política chilena, atravesada por conflictos de interés en temas educacionales y mal acostumbrada a legislar a espaldas de la población.
Las leyes impuestas bajo la dictadura, permitieron la configuración deliberada de un sistema educativo que apostó por la privatización para aumentar la cobertura. Doctrina coronada bajo los gobiernos de la Concertación con nefastas políticas como la del Financiamiento Compartido en 1993 y el Crédito con Aval del Estado en 2005-2006.
La lógica detrás de este experimento queda muy clara en el documento “El Sistema de Subvenciones en Educación: La Experiencia Chilena”, escrito por Gerardo Jofré, asesor del Ministro de Hacienda en el año 1986, y en donde se expone lo siguiente:
“Deben existir los incentivos para que los beneficiarios se autoclasifiquen, en cuanto a su situación socioeconómica para evitar la entrega de subsidios en exceso, por los graves daños que ésta provoca a la economía y a la sociedad. Para ello debe aceptarse que existirán diferencias de calidad asociadas al esfuerzo que acepte efectuar cada familia.” (Cuando habla de los beneficiarios se refiere a los estudiantes)
Esta perfecta descripción de lo que se esperaba de la educación chilena y en lo que finalmente se transformó nuestro sistema educativo, finalmente generó el siguiente panorama:
1.- El sistema educativo chileno es el segundo más segregado del mundo.
2.- El sistema de educación superior chileno es el más privatizado del mundo y donde menos dinero coloca el Estado como porcentaje del PIB.
3.- Los aranceles en la educación superior chilena son los más caros del mundo.
4.- Chile es el único país en donde se entregan recursos públicos a escuelas que pueden seleccionar a sus alumnos, cobrarle mensualidad a los padres e incluso pueden lucrar.
5.- A la educación pública se le ha dejado agonizar y bajo el slogan que Chile tiene un Modelo Mixto de Educación, el sistema privado pasó a ser el pilar.
Si la respuesta del ministro Bulnes hubiese partido al menos, reconociendo estos 4 puntos, más los antecedentes históricos precedentes, quizás podríamos ver con mayor confianza un potencial llamado a formar mesas de trabajo junto a los distintos actores sociales, que permitan elaborar los nuevos ejes de la educación chilena y los proyectos de ley pertinentes como consecuencia.
Sin embargo, las soluciones planteadas por el Ejecutivo parecen más recetas para recuperar la rentabilidad de un negocio o regulaciones para guiar el mercado que un cambio sustancial de enfoque.
Por ejemplo, se puede desmunicipalizar la educación primaria y secundaria, pero sin embargo, la educación pública propiamente tal, continuará perdiendo terreno y podría quedar relegada a sólo un 30% de la matrícula, algo así como una especie de reformatorio. ¿Eso es lo que quiere Chile? ¿Para respetar la propuesta de asegurar constitucionalmente el derecho a una educación de calidad en cada territorio de Chile, lo haremos sólo con las escuelas particulares subvencionadas?
Esta es la ardua tarea que tiene el sistema político chileno (que sigue sin dar el ancho) y que sin duda es lo que nos ha mantenido preocupados todo este tiempo, ya que estamos muy lejos de llegar a una solución. Estamos muy lejos, porque la educación chilena se transformó en un negocio y políticas como la subvención por alumno que asiste a clases o el financiamiento compartido o el crédito con aval del Estado han profundizado ese negocio. Los cambios no sólo tienen que traer bienestar a los estudiantes sino que debe implicar costos para quienes se han aprovechado de este experimento.
Recuperar el sentido público de la educación y entenderla de una vez por todas como un derecho, obliga a desestructurar completamente el experimento educacional chileno. Todavía no hemos entrado a esa etapa, todavía estamos lejos de la solución…en Actualidad
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