Nota de prensa publicada en Cenital el 14 de octubre 2024

A contrapelo de la propia historia reciente y de la orientación de su vecina Argentina, Chile revisará su política de préstamos universitarios a través de la banca. Así lo anunció el presidente Gabriel Boric la semana pasada, cuando expuso el proyecto de ley que propone la creación de un nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) para reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE). Desde su creación en 2006, estos créditos ya suman 1.200.000 deudores e instalaron una suerte de cultura de “evasión”.

La iniciativa oficial es criticada por no ir a fondo con la promesa de campaña -tan militada por la generación en el gobierno- de condonación de deudas y por seguir lejos de la eliminación del arancelamiento universitario. Otros ponen el foco en la insostenibilidad presupuestaria. En un país que ha privatizado hasta la culpa (de eso vamos a hablar), los especialistas alertan sobre el desgobierno que genera dejar derechos librados “al consumo y el endeudamiento”, y advierten que educación no es igual a crecimiento.  
La evasión, ¿una herramienta de lucha?

Durante el estallido social de octubre de 2019, una palabra se repetía en los grafitis: “Evadir”. En ese momento estaba cubriendo los hechos desde Santiago y pude también escuchar esa consigna como canción: “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”. ¿Por qué un pueblo apela a la evasión cómo estrategia de resistencia? Lo que me transmitían las personas con las que hablaba era que el común denominador, lo realmente igualitario en la sociedad chilena -tan apoyada en los extremos- es el endeudamiento. “La contracara de los bajos salarios es el endeudamiento masivo. Deuda por estudiar, deuda para pagar salud, deuda para alimentarse, deuda para vestirse, deuda para pagar las cuentas básicas -agua, luz, gas- y deuda para pagar deudas”, me dijo entonces el economista e investigador en la Fundación Sol Marco Kremerman. Volví a hablar con él para preguntarle por el reemplazo del CAE, pero antes recapitulemos un poco.

Si miramos los años del regreso democrático en Chile, las consignas eran otras. De todos modos, la constante fue el sujeto político: el movimiento estudiantil. En 2006 con la Revolución Pingüina en la enseñanza media; en 2011 y 2012 con las marchas lideradas por quienes presidían las federaciones universitarias (hoy en el gobierno); y en el estallido social de 2019, que comenzó con adolescentes saltando molinetes de subte y derivó por un amplio pliego de demandas, entre ellas, las educativas. Claro, la historia está llena de superposiciones, adhesiones y movimientos pendulares, como el de la generación “no estoy ni ahí” de los años 90, pero los estudiantes siguieron ocupando ese rol clave. Un legado de tiempos de la dictadura, donde también fueron parte de la resistencia. Por ejemplo, frente al Decreto Ley 1 de 1981 que desarticuló el sistema universitario público. Según especialistas, fue el puntapié para el modelo neoliberal en el nivel superior: “Era ‘más fácil’ abrir una universidad que un club deportivo”.

Todo eso signó lo que vino después, ya que todo el sistema profundizó el arancelamiento. Y si bien las marchas universitarias en democracia alzaron un programa integral de cambio, sintetizado en la consigna “educación pública, gratuita y de calidad”, la urgencia estaba ligada al no arancelamiento. “No al lucro” y “gratuidad”, eran la constante. Es que para acceder a este tipo de formación en Chile hay que pagar. Hay excepciones y varias datan del gobierno de Michelle Bachelet; instituciones que se adhieren a programas de gratuidad, becas, etc. Pero la norma es el pago de un arancel en cualquiera de las 137 instituciones de educación superior; 58 Universidades -18 son estatales-; 44 Centro de Formación Técnica (CFT); y 33 Institutos Profesionales (IP). A estas asisten 1.277.340 estudiantes (sin contar posgrados). Solo cerca del 15% de la matrícula es pública, el resto es privada con o sin subvención.

En los años siguientes, el problema del acceso a la educación superior siguió en la esfera privada, solo que el Estado se involucró un poco más. El gobierno de Ricardo Lagos, cuando ya estaba en retirada, aprobó en 2005 el CAE a fin de ampliar el número de matrícula en la educación superior. Dicho rápido, desde 2006, cuando la medida entró en vigencia, si las familias no podían costear los aranceles universitarios, los estudiantes podían tomar un crédito en una institución financiera y el Estado era su garante. Este “permitió ampliar de manera importante la matrícula de educación superior y con el tiempo se transformó en una carga para los estudiantes”, reconoció Boric el lunes. Luego agregó: “Son más de un millón y medio de personas las que tienen deudas por estudiar. Fondo Solidario, Crédito Corfo o CAE. Y de ellas, el CAE es el instrumento más significativo con 1.200.000 deudores“.

Antes quedaban afuera de la universidad. Con el CAE entraban, pero terminaban endeudados o incluso sin poder asistir y morosos. Y es que la tasa de morosidad en el pago de las cuotas del CAE alcanza al 73% entre quienes deciden dejar de estudiar. Mientras que entre los que sí egresan, la morosidad es del 34%. ¿Por qué no pagan? Hay que tener en cuenta que el 69% de quienes adeudan el CAE tiene ingresos mensuales inferiores a 750 mil pesos chilenos (cerca de 825 dólares), según datos citados por la subsecretaría de Educación. Este monto solo alcanza para cubrir un costo básico de vida (establece la “obligación de endeudarse”). “Además, cada tanto llega un gobierno y dice que va a eliminar el CAE, entonces la gente deja de pagar”, me contó una amiga chilena que pudo estudiar gracias a lo que ella define como “crédito papi”.  

En ese escenario, “evadir” fue una consigna no solo para saltar los molinetes de subte en 2019, sino que también se volvió una estrategia frente a la imposibilidad de pagar la educación. ¿Es acaso algo deseable? No se trata de eso, sino de describir un fenómeno que está tan extendido en Chile que hay estudios jurídicos que asesoran para evadir “de forma segura”.

Además, la contracara de este mecanismo eran los altos intereses que la banca cobraba al Estado por la morosidad de los estudiantes. Estas entidades aún tienen en torno al 40% de los créditos que entregaron, porque el otro 60% lo compró el Estado, incluso pagando  sobreprecios por esas recompras que rondan el “25% del valor de los créditos iniciales”, dijo Kremerman. De nuevo, el problema seguía en la esfera privada y ahora, además, sumaba deudas al sector público mientras la banca se beneficiaba.

Boric sostuvo que hay que eliminar esta forma de financiamiento porque el Estado desembolsó “hasta la fecha más de 9.000 millones de dólares para poder financiar el CAE”.  En tanto, sus diputados replicaron ese argumento.
Entre el gap insondable y “hacer lo que se pueda”

Boric, en tanto exdirigente estudiantil que llegó a presidente, representa en sí mismo un gap -una brecha entre lo institucional y las calles. Esa distancia siempre fue un desafío para su gestión, en la que tuvo que oficiar de traductor entre los mandatos de las protestas de las que surgió y los tiempos y mecanismos institucionales de todo gobierno. Una tarea que podría decirse que nace trunca, ya que es imposible dar una respuesta institucional a las infinitas -e incluso contrapuestas- demandas sociales. Pero hay formas de achicar el margen.
Sin embargo, el mandatario parece quedar a mitad de camino. Después de anunciar el lunes en cadena nacional que enviaría la iniciativa al Congreso, despertó esperanzas varias, pero también una catarata de dudas, entre propios y ajenos. Al día siguiente, en la Universidad de Santiago, presentó oficialmente el proyecto de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior. “El proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos de que así sea. Hay algunos que dicen ‘esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo’. Bueno, pero si las cosas cambian justamente es porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas”, dijo Boric el martes.

“El espíritu y la filosofía del proyecto de ley se distancia bastante de lo que había prometido el programa del gobierno de Boric y que había sido planteado por las actuales autoridades cuando fueron dirigentes estudiantiles. En primer lugar, no se propone un plan de condonación, vale decir, de eliminación de las deudas, sino de un plan de repactación. Se busca que la deuda sea menos dolorosa o disminuir su monto”, me dijo Kremerman. Esto significa que no hay condonación de deuda, sino quita y facilidades de pago.

En segundo lugar, el proyecto estipula la reducción de las deudas dependiendo de cuatro tipos de perfiles, según criterios económicos y académicos. Pero el especialista alerta que recibe más beneficio quien está al día, como si quien adeuda lo hiciera “a propósito y no tuviera que ver con sus condiciones socioeconómicas y su imposibilidad para encontrar trabajo porque su título en realidad no tenía ninguna vinculación con el campo laboral o la matriz productiva” (ya volveremos a eso). En suma, pocas personas van a quedar con deuda cero.

Pero un punto que más sectores destacan como positivo es el corrimiento de la banca, ya que además de la eliminación progresiva del CAE, de sancionarse la ley, los estudiantes podrían apelar al FES. Se trata de un financiamiento público que se comenzaría a retribuir un año después del egreso o interrupción de estudios y una vez que estas personas consiguieron trabajo. “Esta retribución dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje del sueldo. Será de hasta el 8%”, dijo el Gobierno y estipuló también que quienes ganen menos de 500 mil pesos chilenos mensuales (unos 540 dólares) estarán exentos de pago. Kremerman asegura que de esta forma se pasa de un “financiamiento a la demanda vía crédito, a uno vía impuesto al trabajo futuro”.

En tanto, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, si bien celebró algunos puntos de la propuesta de Boric, alertó que el texto “no hace ninguna diferencia en la naturaleza de las instituciones”, ya que está enfocado en los estudiantes, no en las universidades y “para que sea efectivo, debería ir acompañado de fortalecimiento de la educación, especialmente de la educación pública”. A su vez lamentó: “La educación pública todavía no tiene grandes defensores”. La iniciativa también elimina los copagos -aunque solo para quienes están en los deciles más bajos- y esto hizo que otros titulares de instituciones educativas criticaran ese punto. Alertan de que esto podría afectar las “exigencias de calidad y sostenibilidad”.

Ahora resta que la medida pase por el Congreso, donde Boric no tiene mayorías. Habrá que prestar atención a las bancadas de derecha, que no criticaron la iniciativa por los mismos motivos que los sectores más de izquierda o progresistas, sino por una supuesta falta de solidez en su financiamiento. El mandatario podría escudarse en ese punto frente a quienes consideran que no profundizó su programa. 

Le pregunté a Kremerman si veía más problemas en la falta de acuerdos políticos o en la supuesta falta de solidez fiscal para la aprobación. No eligió, dijo “ambos”. “Ahí es donde uno dice Ok, gobernar es difícil, y uno tiene que ver cuál es la correlación de fuerza en el Congreso, pero eso no significa que debas torcer tu hoja de ruta. El ministro de Hacienda [Mario Marcel Cullell], que proviene de la ex Concertación,  tiene esta impronta de hacer lo que se puede, sin considerar un horizonte mayor y de ajustar los recursos que tiene”. La alternativa que mencionó Kremerman hubiese sido, por ejemplo, la gradualidad en el pago a los bancos que aún tienen parte de las deudas. “Y, políticamente, no es la primera vez que se ve esto. El Gobierno, tanto en la reforma de pensiones que se está discutiendo hace casi dos años, como en otras, ingresó proyectos y después da indicaciones que tuercen el espíritu genuino inicial”.
La privatización de la culpa

En Chile, la Ley General de Educación establece en su artículo 4 que “corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos”, mientras al Estado, le asigna “el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. Pero al estar privatizados los derechos sociales -salud, educación, pensiones y vivienda- estos pasan a ser “prestaciones” y se genera una disminución de los salarios reales de cada uno de los hogares y afecta sus posibilidades de acceso. Además, muchos se ven empujados a la toma de créditos para alcanzarlos. Además las tasas siempre son mayores para las poblaciones de riesgo que para las familias mejor posicionadas.

En el estudio Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE, los investigadores de la Fundación Sol apelan al concepto de “expropiación financiera” para describir esa lógica de funcionamiento social. ¿Por qué? “Porque permite extraer beneficios financieros para la parte acreedora, a partir de la expropiación de los salarios reales de los hogares deudores. Esto, fundamentalmente bajo dos condiciones: primero, la precarización laboral y salarial; y segundo, la privatización de servicios asociados a derechos sociales (…). La relación expropiadora se basa en que los mecanismos institucionales han privilegiado el acceso vía consumo y deuda a servicios sociales que el Estado proveía de forma gratuita, disminuyendo los salarios reales de los hogares”. Endeudarse es una obligación.

Y al estar mercantilizado el sistema de educación superior, el desgobierno de las políticas educativas es amplio. “Es el mercado el que termina definiendo hacia dónde va la educación superior, adónde se orienta el crecimiento de carreras y de matrícula. No hay gobernanza de parte del Estado. Y si solamente nos contentamos con sacar a la banca, seguimos con ese proceso de desorientación”, dijo Kremerman.

En este proceso también se ha privatizado la responsabilidad y, en consecuencia, la culpa. Si tu familia no puede pagarte la universidad, o si tu salario no te alcanza para pagar tus estudios, el problema es tuyo. ¿Y qué pasa si aun superando esos obstáculos, estudiás, por ejemplo, una carrera de punta y vivís en un país con una matriz extractivista? Eso no parece alterar la cadena de responsabilidades. En Chile, “una parte importante de los nuevos profesionales no encontró los empleos donde aplicar sus conocimientos, entre otras razones, porque la producción nacional siguió ligada a las materias primas: es decir, siguió siendo una economía que requería mano de obra barata y ofrecía pocos buenos empleos”, en palabras de María Luisa Méndez y Juan Andrés Guzmán, en Tercera Dosis. Por eso, según los autores, “para una parte importante de las familias [chilenas] la apuesta por la educación superior fue frustrante”.

“Varios actores políticos y mediáticos trataron de ‘privatizar’ estos pobres resultados instalando ideas como ‘nadie los obligó a endeudarse’ o ‘es culpa suya haber estudiado en la Universidad del Mar” (una de las que quebró). Una consecuencia de esta compleja experiencia social aparece en varias investigaciones del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES): “(…) hoy son menos las personas que creen que el mérito es el mecanismo a través del cual la sociedad chilena distribuye los premios”, expresan y se preguntan si la formación ya no es un mecanismo válido de ascenso social: “¿hacia dónde dirigir los esfuerzos?”.

El economista coreano Ha-Joon Chang, autor del libro “Economía para el 99 por ciento de la población”, fue entrevistado hace unos años por el periodista Juan Andrés Guzmán en el sitio CIPER. Allí habló sobre la articulación entre sistema educativo y desarrollo de un país. “Aunque una industria de pescado puede ser tan rentable como una industria electrónica, la primera requiere y promueve menos habilidades productivas y organizativas que la última. Según Chang, la evidencia internacional muestra que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización y, especialmente, a través del desarrollo del sector manufacturero”. Agrega que si bien “el conocimiento es esencial para innovar, lo que logra cambiar la estructura productiva de un país no es el conocimiento individual, sino el conocimiento colectivo”, dice citado por Guzmán. Y continúa exponiendo que, indudablemente, para desarrollarse es necesario educar a las personas, pero que “es una fantasía creer que las personas mejor educadas van a crear sus propios trabajos. Esa fantasía se alimenta de la creencia de Sillicon Valley (…), pero Sillicon Valley no se creó así: ahora sabemos que buena parte de eso es resultado de la inversión en la industria militar norteamericana”.

Y sobre la educación superior en Chile, que aplica a otros países, asegura que si no se tiene una “estrategia para crear trabajos donde las personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades” la inversión en esa formación “se va a perder”. En suma, muchos profesionales muy bien capacitados no dan como resultado Alemania, Estados Unidos o Japón: “Lo que hace diferente a Chile de esos países no es solo la cantidad de doctorados, sino que Estados Unidos tiene a la Boeing y Alemania a la Volkswagen; y cada una de esas empresas está ligada a una red de firmas medianas y de proveedores pequeños”. Sector privado sí, pero también Estado.