Artículo publicado en El Desconcierto
“Realismo sin renuncia” fue el eufemismo con que la Presidenta confirmó el giro conservador de su administración el viernes pasado: si antes se ponía en duda la realización de las reformas prometidas por su gobierno, hoy se tiene la claridad de que para la Nueva Mayoría “sin crecimiento no hay reforma sustentable“.
Problemas de gestión y principalmente la desaceleración económica significan para Bachelet y su equipo que “la administración estatal no estaba preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente“.
“No se discute sobre el modelo de desarrollo. Sin embargo, se hacen pequeñas modificaciones que se supeditan a él. Cuando hablamos de esto es fundamental referirse al componente laboral, sin duda ahí hay una relación”, explica en conversación con El Desconcierto.
“Mientras no se cuestionen los fundamentos de la economía y de cómo se genera la producción, es muy difícil que se generen cambios sustantivos a lo que hoy podemos observar”, añade.
Según el especialista, el cuestionamiento a las bases económicas actuales no pasa por un tema técnico, sino político-ideológico. “Lo que hay detrás es un tema de poder, y por tanto nos lleva a una discusión política. Lo que se ve con esta reforma (tributaria) es que los grupos dominantes no van a ceder esos espacios de poder. En ese sentido un modelo extractivista, que permite que el 1% más rico acumule el 31% de los ingresos, es algo que está en la fibra de los grupos dominantes”, argumenta Durán.
APLAZAMIENTOS
Que la primera baja del ajuste sea la gratuidad en educación superior permite apreciar el sentido ideológico del giro gubernamental. El discurso de la Democracia Cristiana, convertida desde el regreso de la democracia en el veto conservador de los impulsos legislativos de La Moneda, mezcla los pretextos financieros con unos razonamientos ideológicos que en su caso es necesario mostrar explícitamente.
En palabras del senador Ignacio Walker, “el programa de Bachelet añadió, sin consulta a los partidos y contraviniendo el acuerdo de 2012, llegar a la gratuidad universal en 2020, cuestión que tiene una serie de complejidades tanto conceptuales como financieras”.
Las “complejidades conceptuales” son políticas y tienen que ver con el nivel de igualación social que podría quedar establecido como piso luego de este gobierno. Se trata de constreñir en el debate público los bordes de lo deseable, porque una elevación de las expectativas de justicia redistributiva y acceso a derechos implicaría para los escenarios políticos futuros un corrimiento del espectro político a la izquierda. Es por eso que la DC, que en muchos aspectos actúa como un partido de derecha, exhibe una coherencia a toda prueba en sus cuestionamientos al programa, frente a lo cual, y pese a las molestias de Quintana, Bachelet no puede, ni parece querer, intentar nada.
LA RENUNCIA A RECAUDAR MÁS
Uno de los límites más claros que se exhiben está relacionado con la capacidad de recaudación del Estado en una situación de baja de la tasa de crecimiento. Se estima que en 2015 los ingresos fiscales se reducirán en mil 500 millones de dólares respecto de lo inicialmente calculado por Hacienda, lo que se relaciona tanto con la caída del precio del cobre como con una reducción en la recaudación tributaria, que sería 667 millones de dólares más baja que la considerada en la Ley de Presupuestos 2015.
Se omite, sin embargo, que la Reforma Tributaria impulsada por el ex ministro Arenas durante el 2014 fue mucho menos profunda de lo necesario para atender a las transformaciones propuestas: “A nuestro modo de ver, fueron bastante sutiles los cambios que se hicieron. De hecho el FUT de alguna manera sigue presente en su espíritu, es decir, en la medida que no se retiren las ganancias los dueños pueden suspender la tributación”, declara Durán.
“Siguen habiendo espacios para que la gente más rica pueda seguir operando como si no pagara impuestos. Las tasas corporativas a las empresas también siguen bajas en relación a lo que los otros países de América Latina”, dice el economista y añade que el déficit de la reforma fue de “origen”, en tanto se planteó de forma moderada y no instaló una discusión de fondo que incluyera los recursos naturales, el royalty y la nacionalización.
Para reforzar el argumento, se exhibe además un aumento del gasto público de más de 58 mil millones de dólares. El argumento mercurial no admite dos lecturas: uno de los responsables de ese aumento, en medio de una situación contractiva, se relaciona con las expectativas de sectores como los ex presos políticos, el reajuste del sector público, etcétera. En una argumentación muy alineada con el hablar económico que gobierna el debate público, el diagnóstico contiene la solución: más Merkel, menos Tsipras.
Una vez más, lo que no se dice es lo que importa: supeditar el proceso de reformas a la tasa de crecimiento puede leerse también como la renuncia a todo intento de acción sobre la desigualdad en lo que queda de administración bacheletista.
Pero como hizo ver Camila Vallejo en un twitter de inmerecidos cuestionamientos, la escasez no se origina solo en la desaceleración de la economía, sino en la estructura distributiva. Si un 2,5 % de crecimiento no es suficiente para financiar una expansión fiscal no es solo porque esa cifra sea baja, sino porque en el ordenamiento actual no alcanza más que para sostener la rentabilidad de los grandes negocios, objetivo principal de la orientación económica vigente.
Para el Estado neoliberal la necesidad de tasas de crecimiento más altas no está dada, primariamente, por que ella asegura los recursos para el gasto público, sino porque luego de asegurar la rentabilidad privada puede dejar disponibles fondos para políticas sociales.
De ese modo, la corrección de las expectativas de crecimiento se ha transformado en el argumento central de un giro en la disputa de sentidos que organizan la actividad política. La economía recibe allí una atención obsesiva. Una vez tecnocratizada y ubicada como un reino autonomizado de todo lo demás (en especial de lo político), se convierte en el habla del poder, y como tal reclama un lugar de sensatez y razón institucional desprovisto de todo contenido ideológico. Una vez más “la medida de lo posible”, como límite estructural de la política, emerge de un realismo económico que se ofrece como verdad incuestionable. Una vez más la demanda social se ubica en el lugar de la irrealidad, en el supuesto imperio de deseos de unas mayorías infantilizadas por el discurso oficial. Así se disfraza lo que no es otra cosa que un giro conservador y una renuncia al programa, marcadas primero por la llegada de la dupla Burgos-Valdés a las carteras de Interior y Hacienda, el nombramiento del otrora ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre en la Segpres, y luego por el discurso de la Primera Mandataria el pasado viernes. Sin embargo, tanto la cuestión de la disponibilidad de recursos como el carácter ideológico del giro, pueden someterse a examen. LO QUE HAY, NO SE TOCA En las reglas del neoliberalismo, la economía se promueve como un conocimiento de superioridad absoluta, que funciona como fijación de los límites de lo posible: una coyuntura internacional sobre la que resulta imposible responsabilizar al gobierno, se constituye en límite de la política. Los “expertos” han comenzado a repetir que el problema no es la política, sino la economía. Para el economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, esto ocurre cuando las discusiones se aíslan de un contexto más amplio y acabado, “que tiene que ver con cuál es el de desarrollo país que nos fijamos de aquí a los próximos 30 años”.
“No se discute sobre el modelo de desarrollo. Sin embargo, se hacen pequeñas modificaciones que se supeditan a él. Cuando hablamos de esto es fundamental referirse al componente laboral, sin duda ahí hay una relación”, explica en conversación con El Desconcierto.
“Mientras no se cuestionen los fundamentos de la economía y de cómo se genera la producción, es muy difícil que se generen cambios sustantivos a lo que hoy podemos observar”, añade.
Según el especialista, el cuestionamiento a las bases económicas actuales no pasa por un tema técnico, sino político-ideológico. “Lo que hay detrás es un tema de poder, y por tanto nos lleva a una discusión política. Lo que se ve con esta reforma (tributaria) es que los grupos dominantes no van a ceder esos espacios de poder. En ese sentido un modelo extractivista, que permite que el 1% más rico acumule el 31% de los ingresos, es algo que está en la fibra de los grupos dominantes”, argumenta Durán.
APLAZAMIENTOS
Que la primera baja del ajuste sea la gratuidad en educación superior permite apreciar el sentido ideológico del giro gubernamental. El discurso de la Democracia Cristiana, convertida desde el regreso de la democracia en el veto conservador de los impulsos legislativos de La Moneda, mezcla los pretextos financieros con unos razonamientos ideológicos que en su caso es necesario mostrar explícitamente.
En palabras del senador Ignacio Walker, “el programa de Bachelet añadió, sin consulta a los partidos y contraviniendo el acuerdo de 2012, llegar a la gratuidad universal en 2020, cuestión que tiene una serie de complejidades tanto conceptuales como financieras”.
Las “complejidades conceptuales” son políticas y tienen que ver con el nivel de igualación social que podría quedar establecido como piso luego de este gobierno. Se trata de constreñir en el debate público los bordes de lo deseable, porque una elevación de las expectativas de justicia redistributiva y acceso a derechos implicaría para los escenarios políticos futuros un corrimiento del espectro político a la izquierda. Es por eso que la DC, que en muchos aspectos actúa como un partido de derecha, exhibe una coherencia a toda prueba en sus cuestionamientos al programa, frente a lo cual, y pese a las molestias de Quintana, Bachelet no puede, ni parece querer, intentar nada.
LA RENUNCIA A RECAUDAR MÁS
Uno de los límites más claros que se exhiben está relacionado con la capacidad de recaudación del Estado en una situación de baja de la tasa de crecimiento. Se estima que en 2015 los ingresos fiscales se reducirán en mil 500 millones de dólares respecto de lo inicialmente calculado por Hacienda, lo que se relaciona tanto con la caída del precio del cobre como con una reducción en la recaudación tributaria, que sería 667 millones de dólares más baja que la considerada en la Ley de Presupuestos 2015.
Se omite, sin embargo, que la Reforma Tributaria impulsada por el ex ministro Arenas durante el 2014 fue mucho menos profunda de lo necesario para atender a las transformaciones propuestas: “A nuestro modo de ver, fueron bastante sutiles los cambios que se hicieron. De hecho el FUT de alguna manera sigue presente en su espíritu, es decir, en la medida que no se retiren las ganancias los dueños pueden suspender la tributación”, declara Durán.
“Siguen habiendo espacios para que la gente más rica pueda seguir operando como si no pagara impuestos. Las tasas corporativas a las empresas también siguen bajas en relación a lo que los otros países de América Latina”, dice el economista y añade que el déficit de la reforma fue de “origen”, en tanto se planteó de forma moderada y no instaló una discusión de fondo que incluyera los recursos naturales, el royalty y la nacionalización.
Para reforzar el argumento, se exhibe además un aumento del gasto público de más de 58 mil millones de dólares. El argumento mercurial no admite dos lecturas: uno de los responsables de ese aumento, en medio de una situación contractiva, se relaciona con las expectativas de sectores como los ex presos políticos, el reajuste del sector público, etcétera. En una argumentación muy alineada con el hablar económico que gobierna el debate público, el diagnóstico contiene la solución: más Merkel, menos Tsipras.