Columna de opinión publicada en CNN Chile el  27 de noviembre 2023

Por Recaredo Gálvez, investigador Fundación SOL

El investigador de Fundación SOL analizó la relación entre el nuevo proyecto constitucional, el caso de los audios filtrados y el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). "En síntesis, la nueva Constitución busca resguardar las cuentas individuales para la inversión en el mercado de capitales, ya sea que las administre un ente privado o público, lo fundamental es no cortar la correa de transmisión del capital fresco a bajo costo", sostuvo.

Uno de los debates que se ha dado en torno a la propuesta de la nueva constitución se relaciona con la llamada “constitucionalización de las AFP”. A continuación, desarrollaremos argumentos para plantear que lo que se constitucionaliza es la estrategia de negocios de las AFP basada en la administración e inversión de cuentas individuales.

El texto que se plebiscitará el 17 de diciembre contiene 17 capítulos más un apartado de disposiciones transitorias. El capítulo segundo de este texto lleva por nombre: “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales.”

En esta sección se desarrollan 5 apartados, siendo el primero el de “Derechos y Libertades Fundamentales”. Es acá, en el artículo 16 numeral 28, dónde se desarrollan cuatro párrafos, el segundo de ellos indica: “Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta.”

Claramente, el párrafo anterior no alude directamente a las AFP, sino que hace referencia a la mantención del negocio, indicando que la institución que sea elegida para que los administre e invierta puede ser estatal o privada. No es algo nuevo, ya en 2014 la expresidenta Michelle Bachelet impulsó formalmente el desarrollo de una AFP estatal, indicando: “Sabemos que no es una solución al problema de fondo”.

Esta propuesta nunca se concretó. Sin embargo, el proyecto constitucional trae de vuelta la posibilidad de una entidad estatal a cargo de los ahorros.

Al mes de octubre de 2023, las AFP invierten desde el ahorro previsional de las y los trabajadores más de US$22.544 millones. La mayor proporción de esas inversiones corresponde a deuda en instrumentos financieros llamados bonos de empresas. Es decir, financiamiento a bajo costo para las grandes empresas del país, en tiempos de altas tasas de interés.

Esto último afecta negativamente a la mayoría de los bonos, pues estos son contratos que se establecen con un interés fijo, que, al ser menor a la tasa de interés, genera un efecto de disminución de valor del bono.

El perjuicio para quienes tienen sus ahorros en AFP es importante: la caída en las rentabilidades y las pérdidas de los fondos afecta al ahorro acumulado y la pensión futura. En Chile los datos ya son alarmantes, por ejemplo, el 50% de las personas que recibieron su primera pensión de vejez autofinanciada, es decir, el resultado del ahorro y la rentabilidad, obtuvieron un monto por debajo de los $285.600 (equivalente a un 62,1% del sueldo mínimo) a septiembre de 2023.

Así las cosas, la propuesta de nueva constitución consagra un esquema en el que obligatoriamente las cotizaciones de las y los trabajadores se deben destinar a inversión. Inversiones como, por ejemplo, las que se realizan en el Grupo Patio, controlado por el grupo familiar Jalaff, que recibe a través del ahorro de las y los trabajadores las AFP inversiones por más de US$3,5 millones.

También en, Patio Comercial S.A (empresa controlada por el Grupo Patio) las inversiones alcanzan a superar los US$21 millones, la totalidad de esta inversión corresponde a bonos de la empresa, es decir, deuda corporativa. Como ha sido de público conocimiento, miembros de la familia Jalaff se encuentran involucrados con Factop, el factoring relacionado con Daniel Sauer, el mismo personaje del difundido audio sobre coimas, facturas falsas y hasta la quema de oficinas de SII, derivado de una reunión sostenida con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

El meollo del audio filtrado apuntaba a una serie de empresas que estarían involucradas en diversas formas con negocios truculentos, como los que hace algún tiempo se conocieron en el caso Penta.

Lo ilustrativo de la información difundida por el artículo de Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, es como decenas de empresas se sostienen con base en mecanismos financieros que terminan volviéndose insostenibles si no es que se ven apoyados en la emisión de documentos, tales como facturas falsas o acciones como el cohecho.

A medida que pasan los años, las AFP se han vuelto menos selectivas de las empresas en las cuales se debe invertir, esto debido a que “a mayor riesgo, mayor rentabilidad”, pero dicho mantra contiene explícitamente la lógica de casino de las administradoras. Pues mientras tienen asegurada su comisión por administración, las y los trabajadores pueden ver pasar las pérdidas de sus ahorros.

En estas estrategias de mayor riesgo, es donde entran los llamados activos alternativos que corresponden a instrumentos financieros de instituciones como el Grupo Patio SpA.

En síntesis, la nueva Constitución busca resguardar las cuentas individuales para la inversión en el mercado de capitales, ya sea que las administre un ente privado o público, lo fundamental es no cortar la correa de transmisión del capital fresco a bajo costo.

La entidad a cargo de esto puede ser estatal o privada, pero lo cierto es que deberá “administrar e invertir” los ahorros. Lo problemático, consiste en que esta situación no es más que una especie de privilegio de los grandes capitalistas y sistema financiero chileno, dado que en el resto de los países del mundo los sistemas previsionales o son principalmente basados en regímenes contributivos solidarios de reparto o tienen estructuras mixtas, pero son muy pocos los esquemas que solamente ofrecen una alternativa privada de capitalización en cuentas individuales, como las AFP.

Finalmente, las y los trabajadores seguirán viendo el Estado mediante gasto público, deberá seguir alimentado la PGU como opción para mejorar las pensiones. Mientras tanto, sus cotizaciones, el fruto de su trabajo y sacrificio cotidiano seguirán destinadas a la inversión en el gran capital, sin garantizar siquiera pensiones suficientes.