Publicada en El Mostrador el 10 de abril 2019

Por Benjamín Sáez, investigador Fundación SOL

La experiencia de los 30 países que privatizaron su sistema de pensiones entre 1981 y 2018 y el rol jugado por organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID y la OCDE, entre otros, da cuenta de una fuerte presión por parte del capital financiero para poder hacer negocios con el ahorro de la fuerza de trabajo de países de la periferia de la economía mundial. La distribución de la privatización de las pensiones no fue aleatoria. Según consigna el informe mencionado: 14 países latinoamericanos, 14 de Europa oriental y la antigua Unión Soviética y 2 países africanos. El Tercer Mundo emergente, capitalizando a los países ricos y sus empresas.

La última Encuesta de Microemprendimiento (EME 2017) señala que un 73% de los independientes* no cotiza en el sistema de AFP. Se estima que este porcentaje equivale a 1.453.297 personas. Su incorporación a este sistema implicaría que las AFP administren al menos 40 mil millones de pesos extra cada mes. Mientras, un 49% de los “microemprendimientos” no logra superar los $275.500 de ingreso mensual.

La incorporación de quienes “boletean” al sistema de pensiones ha sido una medida fuertemente resistida y postergada durante los últimos años. Se trata de reducir el ingreso presente, sin garantía alguna de recibir en el futuro una pensión que cumpla con mínimos criterios de suficiencia. Esta desconfianza de ingresar a un sistema que paga cada día peores pensiones se sustenta al observar la experiencia internacional.

Como señala un reciente estudio de la OIT sobre la reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en 18 países, la instalación de los sistemas de cuentas individuales llevó a un estancamiento o caída en las tasas de reemplazo por debajo de la norma internacional de suficiencia, en torno a un 40%-45% del salario. Recordemos que la tasa de reemplazo mediana para quienes jubilaron durante la última década en Chile es de un 20%, sin considerar los aportes del Estado mediante el Pilar Solidario.

Además de una reducción de los beneficios, la privatización de la seguridad social hizo retroceder la cobertura del sistema; aumentó las diferencias de género e ingresos; incrementó las presiones fiscales, debido al “costo de transición” del cambio de sistema; aumentó los costos de administración; benefició mayoritariamente al sector financiero y las aseguradoras; y empeoró la gobernanza, debido a la captura de las funciones de supervisión y regulación por grupos de interés.

Estos factores llevaron a varios países a plantear seriamente la posibilidad de retornar a un sistema basado en los principios de seguridad social. Dar un paso atrás en la decisión de permitir el lucro con la jubilación.

En nuestro país, en cambio, se reafirma el rol de las administradoras en el mercado de capitales, permitiendo la inversión en activos alternativos, como deuda privada, inversión en proyectos inmobiliarios, concesiones y otros. Se aumentan los fondos a administrar, con la incorporación de los independientes y el eventual aumento de 4% (o incluso 8%) en la cotización (que difícilmente logrará revertir la tendencia a la baja en la rentabilidad).

En definitiva, se profundiza la transferencia de recursos hacia el sector financiero, sobre todo el sector financiero internacional. Esta ha sido una tendencia sostenida desde fines de los 90, cuando las AFP comenzaron a invertir sobre un 10% de los fondos en el exterior.

La experiencia de los 30 países que privatizaron su sistema de pensiones entre 1981 y 2018 y el rol jugado por organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID y la OCDE, entre otros, da cuenta de una fuerte presión por parte del capital financiero para poder hacer negocios con el ahorro de la fuerza de trabajo de países de la periferia de la economía mundial. La distribución de la privatización de las pensiones no fue aleatoria. Según consigna el informe mencionado: 14 países latinoamericanos, 14 de Europa oriental y la antigua Unión Soviética y 2 países africanos. El Tercer Mundo emergente, capitalizando a los países ricos y sus empresas.

Durante la última década, el sistema de AFP ha reafirmado esta tendencia. Hace 10 años (febrero de 2009), las administradoras invertían un 24% del total del total de los ahorros en el exterior, cifra que hoy corresponde a un 42%. Esto quiere decir que, en la actualidad, de cada 10 pesos ahorrados en los fondos de pensión, 4 se encuentran invertidos en el exterior.

Pero no solo se incrementó el total de los fondos. Aunque sobre un 90% de estos se mantiene en Fondos Mutuos y de Inversión Extranjeros, se ha expandido considerablemente la cantidad de fondos invertidos en Empresas Extranjeras (de un 0,41% a un 1,33% de lo invertido en el exterior) y Estados Extranjeros (0,07% a 1,43% de lo invertido en el exterior). Lo que implica pasar de menos de $77 millones de dólares a más de $1.263 millones de dólares en el caso de las Empresas y de menos de $14 millones de dólares a más de $1.173 millones de dólares en el caso de los Estados.

En relación con los Activos Alternativos extranjeros, en los cuales no se podía invertir hace 10 años, las AFP invierten actualmente más de 2.700 millones de dólares, lo que equivale a un 3,12% de los fondos de AFP invertidos en el exterior. Al observar todas las inversiones, 1 de cada 3 pesos ahorrados en las AFP, se encuentran invertidos en dólares estadounidenses (34%).

La participación de empresas extranjeras en la propiedad de las administradoras es otra arista relevante. Metflife, Prudential Financial Inc y Principal administran sobre un 70% de los fondos ahorrados por trabajadoras y trabajadores desde la creación del sistema. En conjunto, las AFP controladas por estas compañías estadounidenses Provida, Habitat y Cuprum obtuvieron ganancias diarias cercanas a los 571 millones de pesos en 2018.

Más fondos para las administradoras significa, en definitiva, transferir más recursos de los ahorros de trabajadoras y trabajadores de las periferias, hacia la capitalización de empresas, estados y fondos de inversión de Estados Unidos, Europa y Asia, en un contexto en que se encienden las alarmas por un nuevo ciclo recesivo.

Parece ser una coyuntura oportuna para cuestionar si la finalidad del ahorro para la seguridad social es garantizar el pago de una buena pensión o la capitalización de los grupos económicos y estados extranjeros más “desarrollados” del mundo. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la rentabilidad real de los fondos (supuesta ventaja de invertir en tales empresas y estados) ha estado bajo el 4% durante la última década y difícilmente podrá volver a niveles sobre el 10% como en los 80.