Columna de opinión publicada el 18 de octubre de 2024 en Le Monde Diplomatique
Por María José Azócar y Karina Narbona, investigadoras Fundación SOL
El 8 de octubre de 2019, ante las preocupaciones económicas de la población, Felipe Larraín Bascuñán, entonces ministro de Hacienda, invitó a los “románticos” a regalar flores, ya que el precio de éstas había bajado un 3,7%. En el mismo tono de comedia, en medio de la desestabilización económica nacional e internacional, el ministro anteriormente había pedido “a las madres que nos ayuden” y que “recen” por el fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China (6 de agosto de 2019).
El gabinete de Piñera ya acumulaba una serie de declaraciones polémicas antes de octubre de 2019: durante una discusión sobre proyectos habitacionales de integración social, el entonces ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, dijo que “la gran mayoría son o somos propietarios... La casita, dos departamentos, ahí radica el patrimonio de los chilenos...la casa en la playa o un terreno” (14 de agosto de 2018). Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales, atribuyó las largas esperas y la llegada de madrugada a los recintos de salud al afán de reunión social de las personas (11 de julio de 2019). Ante la discusión parlamentaria sobre la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, Nicolás Monckeberg, entonces ministro del Trabajo, planteó su oposición señalando que Chile podría no participar en la Copa América si aprobaba el proyecto (2 de septiembre de 2019).
El mismo día 8 de octubre resonaron otras palabras, además de las de Felipe Larraín. El presidente Piñera señaló que Chile era un “oasis” comparado con los desordenados y convulsionados países de América Latina. Y esas palabras se acompañaron de otras, que fueron formuladas para apoyar la antipopular política de subir el pasaje del metro capitalino en hora punta, lo que terminó por colmar la paciencia. El entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, instó a la gente a levantarse y salir más temprano para pagar un pasaje más barato y así ahorrar en el metro, como si la clase trabajadora de Chile no supiera de madrugar y hacer malabares para llegar a fin de mes.
Todo esto fue recibido como una provocación. Estos dichos, el divorcio oligárquico de la realidad y la política de clase de no ceder un milímetro cayeron en un terreno delicado. Porque la situación económica y financiera de los hogares estaba (y está) apretada desde hace mucho tiempo, porque la desigualdad era (y es) colosal y descarnada, porque se habían destapado importantes casos de corrupción y con ello aumentado la sensación de arbitrariedad del poder y las instituciones, porque circulaban noticias de grandes protestas populares en la región y otras partes del mundo y porque también ciertos actores sociales en Chile habían desarrollado una capacidad para hacerse oír y posicionar en el imaginario colectivo la necesidad de una pronta solución a las urgencias sociales, como se vio en las protestas contra las AFP o, más cerca de la coyuntura del 18-0, en las protestas estudiantiles.
Todo ello en un contexto de bajos salarios, a pesar de las largas jornadas laborales, de precariedad laboral, de endeudamiento y de falta de seguridad social. Es decir, de una aguda dificultad material, y ante la cual resultaban especialmente insultantes las palabras despectivas o que falseaban el estado de cosas de quienes, por su origen, trayectoria profesional y apellidos, son símbolo de los ancestrales privilegios de clase que atraviesan la historia de Chile.
La revuelta social del año 2019 levantó importantes esperanzas de cambio. Fue un momento de violencia y también de movilización popular, con asambleas y cabildos en las calles, donde las personas se desahogaron, compartieron diagnósticos y dibujaron alternativas de transformación. Si hacemos memoria, el año 1989 también fue un momento particularmente movilizador. Terminaba nada menos que una dictadura de 17 años y el nuevo gobierno concertacionista llegaba a la administración del Estado con una batería de propuestas que buscaban instalar una democracia en el país, comenzar a desmontar la regulación neoliberal, ampliar derechos y reducir las exigencias a los hogares. Pero ya sabemos lo que pasó durante los 30 años de gobiernos posdictatoriales. La seguridad social siguió siendo prácticamente inexistente, los salarios se mantuvieron bajos y los empleos se precarizaron aún más. Para contener esta situación, los gobiernos posdictatoriales abrieron canales de endeudamiento e instalaron una política de bonos sin precedentes. En este contexto, en octubre de 2019, cuando un economista especializado en Harvard sugirió comprar flores y cuando un economista especializado en Chicago sugirió madrugar, los hogares simplemente no toleraron la broma de mal gusto.
Hoy volvemos a navegar en una bomba de tiempo. Quizás aún no hay movilización, ni asambleas, ni cabildos en las calles. Quizás se aprendió a guardar prudencia con las expresiones más palaciegas y con excesos políticos que puedan resultar incendiarios, pero persiste la política estructural de contención de los salarios directos e indirectos (sociales) y de atomización de lo colectivo, sin que aún se reconozcan institucionalmente, por ejemplo, las instancias de negociación colectiva amplia para mejorar las condiciones de vida. El modelo económico que ha apuntalado el proceso de acumulación capitalista y la riqueza de unos pocos a costa de la explotación y opresión de la mayoría sigue vigente. Peor aún, en los últimos años, la riqueza de esos pocos ha aumentado aún más, de modo que Chile es ahora el país más desigual de América. El 1% más rico de la población ha concentrado la mitad de la riqueza total del país. Chile (con el 49,6% de su riqueza concentrada en el 1% más rico) supera a Estados Unidos (34,9%) y, en la cara más desigual de América Latina y el Caribe, a México (46,9%) y Brasil (48,9%).
El atraso salarial con relación al producto social generado no da tregua: los salarios en los últimos 5 años apenas han aumentado $15 mil pesos en términos reales, y el PIB creció cuatro veces más que el salario promedio. Más del 70% de las pensiones actuales, que incluyen el aporte estatal, son inferiores al salario mínimo, y entre quienes se pensionaron en 2023 habiendo podido cotizar entre 35 y 40 años (es decir, toda su vida laboral), la pensión autofinanciada que consiguieron fue de 32,6% de su salario promedio.
La historia de los movimientos sindicales y sociales en Chile nos muestra que el aguijón de la necesidad y el sentimiento de injusticia dan paso a respuestas populares, y esas respuestas probablemente seguirán produciéndose. La respuesta más completa es siempre en comunidad, es decir, generando vínculos, formas organizativas y lazos de solidaridad con otras personas, para pensar juntas como sacudirse de esta realidad. Organizarnos en nuestros propios espacios laborales y habitacionales, tejer alianzas, cuestionar lo que se nos ha presentado como natural y dado (que el trabajo de todos/as sea la riqueza de unos pocos), proyectar estrategias que aborden la cuestión del poder y poner la dignidad en el centro, han demostrado en el pasado frenar el avance de una lógica mercantil que deja dolor, violencia y destrucción a su paso.
La democracia se ancla en nuestra capacidad colectiva de decisión sobre nuestros asuntos comunes, en el autogobierno, y no en el gobierno de una elite que es indiferente a los efectos que provocan sus decisiones y que perpetúa la subordinación de nuestras necesidades a la valorización de las acciones de las empresas y del capital. En este sentido, la construcción de esperanza colectiva a través de la organización y de una política común ofrece un horizonte que guía un camino. A cinco años de la revuelta social, la imaginación colectiva de alternativas al modelo actual y a la lógica capitalista que opera en el fondo está en nuestras manos, y es uno de los ejercicios más necesarios que hoy podemos impulsar en este aniversario.
En este momento, la constitución de actores sociales y sindicales fuertes, donde instancias como la negociación colectiva ramal son claves, y la recuperación del fondo de pensiones para las y los trabajadores, se perfilan como medulares para avanzar socialmente en el horizonte de corto y mediano plazo, sin dejar de situarlo dentro de una perspectiva emancipatoria mayor.