Publicada en The Clinic el 25 abril 2017

Por Recaredo Gálvez, investigador Fundación SOL

El pasado 13 de abril la presidenta de la República planteó al país los ejes centrales de lo que será el proyecto de ley para una reforma previsional. Con esto, el gobierno va más allá de lo que fue su propuesta inicial en materia de pensiones, la ya desaparecida AFP Estatal. Lamentablemente pese a llegar un poco más lejos no logra dar en el blanco del problema que se ha generado por las pensiones de miseria que otorga el sistema. A continuación, se presentan tres puntos que contrastan los titulares del gobierno y la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP (CNT NO+AFP).

El gobierno ha señalado que -en un plazo de 6 años- espera aumentar el porcentaje de cotización obligatoria para jubilación con cargo al empleador. Con esto, busca llegar a un 15% de cotización para vejez en el año 2024 (si es que la reforma se iniciara el próximo año), porcentaje al cual hay que adicionar el 1,37% de promedio como cobro de las AFP por administrar, y el 1,41% del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS). Con todo, el monto final de cotización alcanzaría un 17,78% del salario imponible, del cual un 6,41% correspondería al empleador (el 5% más el SIS) y un 11,37% al trabajador.

Por otro lado, la propuesta de la Coordinadora, propone que la cotización llegue a un total de 18% en el año 2024, es decir, 0,22 puntos porcentuales más que lo que plantea el gobierno. La composición de esta tasa de cotización sería de la siguiente forma:

• 9% de cotización del trabajador con cargo a su salario imponible (2,37 puntos porcentuales menos que lo plantea el gobierno), y

• 9% de cargo al empleador, esto corresponde a 2,59 puntos porcentuales más que lo que está sobre la mes.

La cotización total incluye los costos de administración del sistema y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Además, es muy importante señalar que la propuesta de la CNT NO+AFP considera un aporte del Estado al Fondo de Reserva de pensiones, que llegaría hasta el 3% como porcentaje del PIB recién en el año 2033.

Quién administra

El gobierno ha señalado que la cotización adicional será administrada por un ente estatal autónomo. A lo cual agrega algunas modificaciones relacionadas con la elección de directores de las AFP, consecuencias para las AFP por pérdidas de los fondos, entre otros titulares. En definitiva, al observar el esquema total tendríamos que la estructura de administración se compondría de un 13% del salario imponible de cada trabajador administrado bajo la lógica de capitalización individual y un 2% de la cotización administrada con un mecanismo colectivo, que podría ser reparto. El propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés señaló respecto del nuevo ente administrador que “el Estado puede administrar de forma más barata y simple que las AFP, sin multifondo, ni fuerza de venta.”

Con un enfoque en la seguridad social y en una visión distinta al gobierno, la propuesta de la CNT NO+AFP señala que todos los fondos y cotizaciones dedicados a pagar pensiones serían administrados por un ente autónomo del Estado, es decir, el 18% más lo que corresponde al aporte del Estado. La lógica de administración propuesta –además- combina el reparto y la capitalización colectiva. El primero es la piedra angular para financiar las pensiones de quienes contribuyeron y el segundo es el oxígeno necesario para seguir corriendo la carrera por mejores pensiones cuando la cantidad de trabajadores activos estrese financieramente al modelo, en otras palabras, cuando la población se envejezca.

¿Qué pasa con los ahorros actuales que cada persona tiene en su fondo de pensión? Según la propuesta de la CNT NO+AFP nadie perdería el registro de años cotizados y el fondo de pensión acumulado. Cada persona mantendría dichos registros con una nueva administración estatal y sobre aquello su pensión se vería mejorada con el sistema de reparto con reservas técnicas. Es decir, NO propone la expropiación de los recursos.

Aumento del monto de pensiones

Según lo señalado por la presidenta, con el 2% del monto extra de cotización, las pensiones de vejez actuales más bajas aumentarían en promedio un 20%. Por ejemplo, si miramos las pensiones pagadas a enero de este año en la modalidad de vejez edad retiro programado, tenemos que el monto promedio alcanza los $125.309, si este monto aumenta un 20% llegaría a los $150.371, en definitiva mientras menor sea la pensión de base, ningún aumento menor al 100% será realmente significativo. Por ejemplo, si aumentáramos 100% llegaríamos a $250.618, es decir, un 94,9% del salario mínimo.

Si observamos los datos de las pensiones de vejez edad en todas las modalidades, pagadas en junio de 2016, considerando tramo de meses cotizados, tenemos que el 50% de aquellas personas que cotizaron entre 25 y 30 años con un ingreso promedio de sus últimos 10 años de $672.185 recibieron una pensión de $214.148 o menos, lo que equivale a una tasa de reemplazo de 31,8% (30,5% para mujeres y 32,8% para hombres.) En este escenario, si se aplicara la propuesta del gobierno, es decir, un aumento de 20%, la pensión recibida solo llegaría a un 97% del salario mínimo.

La propuesta de la CNT NO+AFP implica que las pensiones contributivas, es decir las pagadas a toda persona que haya cotizado, reconozcan años cotizados y volumen de cotización bajo un esquema de seguridad social, es decir, sacando los factores de riesgo de las AFP. Esto quiere decir que las personas que hayan cotizado 25 años tendrían una pensión equivalente al 60% del promedio de remuneraciones de sus últimos 10 años. Con lo anterior, si un hombre cotizó 25 años, con un salario imponible promedio de $672.185 obtendría una pensión de $403.311. En el caso de las mujeres, la propuesta de la Coordinadora señala que sobre 10 años cotizados, se considerará un incremento para el cálculo de la pensión de 5 años. Por ejemplo, si una mujer cotizó 25 años, su pensión se calcula como si hubiera cotizado 30, con esto tendría una tasa de reemplazo de 70%. Esta medida tiene como principio buscar reconocer en parte el trabajo doméstico no remunerado, las brechas salariales y otros aspectos de desigualdad por discriminación entre hombres y mujeres.

En resumen, la propuesta del gobierno tiene una careta similar a la de los trabajadores, pero debajo de la máscara lo que busca es deprimir los ánimos de movilización con soluciones que no abordan el problema en la profundidad que es necesaria. A la luz de los datos, es altamente probable que la mayoría de las pensiones sigan por debajo del salario mínimo y que el Estado deba gastar más en pensiones básicas o aporte previsional solidario, tal como han pedido las AFP. El debate aún sigue abierto y es necesario seguirlo con atención. Con la experiencia de la reforma laboral, se puede señalar que un proyecto de ley con aires progresistas puede terminar siendo profundamente regresivo y dañino para los trabajadores, y que las protestas grandilocuentes del empresariado al final tienen más de fachada que de realidad (esto a la luz de las altas utilidades alcanzadas por el gran empresariado en estos años de desaceleración). Las cartas están sobre la mesa y resulta fundamental el fortalecimiento de los actores vinculados al movimiento de trabajadores para avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social y no un sistema de AFP con apéndice público.