Editorial

Fundación SOL
01/05/2021

Durante el periodo de pandemia en Chile, ha quedado de manifiesto que sólo algunas personas tienen la posibilidad de realizar cuarentenas efectivas: aquellas que han logrado mantener sus empleos e ingresos en un escenario de desocupación inédita[1]. La actual pandemia sanitaria no sólo ha evidenciado las desigualdades existentes y hoy profundizadas en el país, también demostró que el mundo del Trabajo no estaba preparado para una crisis de esta magnitud y que el gobierno ha sido incapaz de proteger a los y las trabajadoras y sus hogares. El futuro del Trabajo o el Trabajo del Futuro se instaló rápidamente en el país catapultado por la crisis sanitaria del COVID-19.  En este periodo de tránsito acelerado la estructura laboral no ha logrado “absorber” a toda la fuerza de trabajo disponible en Chile y, como siempre, ha dejado personas en el camino, informales, comercio minorista y pequeñas empresas han sido las más afectadas en este periodo convulso que mira cómo se caen viejas estructuras, pero que aún no vislumbra cómo se podrían levantar nuevas.

En este tiempo de crisis proteger el trabajo, es proteger la vida. El actual gobierno ha sido incapaz de resguardar el trabajo y la vida de los y las trabajadoras. Desde que comenzó la pandemia, no se han impulsado políticas públicas enfocadas en salvaguardar la seguridad de quienes han perdido sus empleos o siguen laburando por la falta de ingresos y la alta carga de deudas. El jaguar de América Latina que se construyó a partir de una matriz productiva  extractivista, escasos salarios y endeudamiento, en medio de la peor crisis de los últimos 100 años, se ha transformado en un gatito indefenso; los economistas del orden han establecido que no hay que sacrificar más la economía y llaman a mantener la responsabilidad fiscal; pero estos mismos economistas son los primeros en respaldar subsidios a las grandes empresas en lugar de trasferencias directas a los hogares.

Hasta el momento, la crisis la han pagado fundamentalmente los y las trabajadoras, a partir de sus fondos de cesantía, de sus fondos de pensiones o a costa de su propio endeudamiento y salud. El gobierno ha hecho poco y nada para avanzar en una política pública real que ponga el foco en la suficiencia y universalidad; y ha abordado la crisis como una gran negociación colectiva, entregando beneficios por “goteo". Tras los dos primeros retiros de los fondos de AFP y el nuevo tercer retiro, es imprescindible concentrarse en mejorar las condiciones de vida de los hogares. La pandemia es incierta, desconocemos sus impactos de largo plazo y menos tenemos claridad sobre cuánto dure la recuperación económica y social, pero lo que sí sabemos es que la ayuda de los hogares es urgente, ya que no aguantarán otro mes observando en primera fila la indolencia de quienes no quieren avanzar en políticas públicas universales sólo por sus posiciones ideológicas.

Más que nunca es urgente debatir en torno a políticas públicas que se centren en mejorar las condiciones de vida de los hogares en Chile de forma inmediata.; una solución para ello es la Renta Básica Universal de Emergencia (RBUE) enfocada al menos en 6,4 millones de hogares con vigencia de al menos 3 meses, esto para lograr que las personas realicen una cuarentena efectiva y no se mantengan -o aumenten- las cadenas de contagio. Esta RBUE debe ser suficiente, esto implica que un hogar pueda tener los ingresos necesarios para reproducir su vida en el periodo de confinamiento. En Chile según el Ministerio de Desarrollo Social, la línea de la Pobreza para un hogar de 4 personas es de $465.000 y el gasto mediano de un hogar es de $912.000[2], por lo que una renta básica debe ubicarse entre estos dos montos para asegurar el bienestar de las personas en Chile y así disminuir la movilidad.

Una RBUE promedio en torno a los $650.000 según tamaño del hogar, es lo mínimo que se puede exigir para el actual momento que vive el país. Este aporte -en un periodo de 3 meses- significa USD 18.000 millones aproximadamente, lo cual representa un tercio del total de los tres retiros de las AFP. Los montos señalados no son posibles de recaudar sólo con la propuesta del impuesto a los “súper ricos”, también es necesario apuntar hacia los fondos soberanos que hoy ascienden a  casi USD 19.000 millones (entre el fondo de estabilización económica y reserva de pensiones), acciones que sumadas a un royalty minero, la eliminación de beneficios tributarios para las grandes fortunas y el aumento de la deuda nacional de manera responsable (en este periodo la mayoría de los países han recurrido a la deuda para mejorar los beneficios sociales)[3], lograrían financiar una propuesta de RBUE que contemple montos suficientes para los hogares y se pueda extender el tiempo adecuado para que el contagio del COVID-19 no siga propagándose.

 A mediano plazo, hay que concentrarse en la recuperación no precaria del empleo y en un salario mínimo que responda a los criterios de suficiencia (muy por sobre los $337.000 propuestos por el gobierno, que implican un incremento de apenas $10.500), poniendo énfasis en mejorar las condiciones de los sectores más afectados a nivel económico por la pandemia con un programa de empleo robusto que no siga creando trabajos de mala calidad. Sumado a ello, se debe avanzar en políticas que reactiven la economía de las medianas y pequeñas empresas y dejar de subsidiar a las grandes empresas con fondos estatales. Por último, dado que las mujeres han llegado a niveles de desocupación históricas, hay que fomentar programas que se enfoquen en política de cuidado comunitario para evitar que ellas sigan perdiendo autonomía económica en un escenario crítico.

En este 1 de mayo de 2021, proponemos una Renta Básica Universal de Emergencia que sea suficiente para la clase trabajadora chilena y proponemos reflexionar un futuro con recuperación económica no precaria, porque es necesario que los trabajadores y trabajadoras de Chile estén cuidados, sanos y con ingresos, ya que son los y las verdaderas artífices de la riqueza. Que la crisis no la sigan pagando los y las trabajadoras, que a partir de este 1º de mayo la crisis la pague el capital.