Por Gonzalo Durán y Marco Kremerman/Investigadores Fundación SOL
Si uno quisiera hacer un balance de la situación del empleo en Chile durante el año 2011, una referencia casi obligatoria para establecer un adecuado termómetro corresponde a la meta fijada por el actual Gobierno: Crear un millón de empleos de “calidad” en 4 años.
Transcurridos casi 20 meses de la administración Piñera y de acuerdo a los datos procesados por Fundación SOL a partir de la base de la Nueva Encuesta de Empleo del INE, se puede concluir que al registrase una variación de 570 mil ocupados entre enero-marzo 2010 y agosto-octubre 2011, el Gobierno ya ha cumplido el 57% de la meta, sin embargo, se ha omitido algo fundamental, la calidad de los empleos, y aquí el Gobierno y el país reprueban con nota mínima.
En primer lugar, el tipo de empleos creados son de carácter inestable, informal y sin protección. El 55% de los 570 mil empleos son por cuenta propia (principalmente tiempo parcial y de baja calificación), familiar no remunerado, personal de servicio doméstico o microempresarios que tiene menos de 5 trabajadores. El resto corresponde a empleos asalariados, pero no de los que usted imagina, sino que el 100% es trabajo tercerizado, vía subcontratación o suministro de personal. Un dato adicional: se registran 1,2 millones de falsos asalariados que reciben órdenes y tiene que cumplir un horario (subordinación y dependencia), pero que no tienen contrato, ni liquidación de sueldo, ni cotizan, sino que en su gran mayoría sólo tienen un acuerdo a trato, o sea, ni siquiera boletean.
En segundo lugar, el subempleo (personas que trabajan menos de 30 horas a la semana, desean trabajar tiempo completo, pero no encuentran ese tipo de empleos), ha alcanzado sus valores más altos desde que es posible medirlo (enero 2009). Son más de 750 mil personas que están en esta situación, principalmente mujeres y trabajadores de las regiones y comunas afectadas por el terremoto. Vale decir, hemos aumentado la tasa de participación femenina y reducido la tasa de desempleo de las zonas más dañadas a puro subempleo, fenómeno que para la Organización Internacional del Trabajo es sinónimo de precariedad.
En tercer lugar, se observa que un 30% de los trabajadores asalariados que tienen la posibilidad de trabajar tiempo completo (los que no están subempleados), tiene jornadas diarias que superan las 11 horas, comprometiendo seriamente su salud y el buen vivir. Sin duda, aquí tampoco hay calidad.
En cuarto lugar, la vergüenza nacional que significó que 33 mineros quedaran enterrados bajo tierra, todavía no se ha traducido en políticas de salud laboral que estructuralmente modifiquen el actual sistema. Sólo hay un Comité de Expertos funcionando y a esperar hasta la próxima catástrofe.
En quinto lugar, el actual gobierno, a pesar de lo prometido hace más de 1 año, todavía no ha podido resolver el problema de los “multirut”, el cual ha permitido que las grandes empresas dividiéndose en varias razones sociales erosionen los derechos de los trabajadores y debiliten a los sindicatos y la negociación colectiva, lo que les ha permitido generar mayores tasas de ganancias, perpetuando así las desigualdades.
En sexto lugar, no se ha ingresado ningún proyecto de ley para fortalecer el sindicalismo y la negociación colectiva, ni menos para eliminar el reemplazo de trabajadores ni el descuelgue en caso de una huelga legal. En Chile todavía no existe un real derecho a huelga y estamos a la cola a nivel internacional. Empleos que violen los tratados internacionales que sustentan los derechos colectivos, jamás podrán ser empleos de calidad.
En séptimo lugar, los datos nos muestran que ya no basta con tener un empleo para salir de la pobreza ni superar la desigualdad. Actualmente en Chile existen más de 500 mil trabajadores bajo la línea de pobreza estadística, entre los cuales 75% son asalariados. Sin ir más lejos, en la última discusión sobre el salario mínimo, solo se legisló un aumento de $10 mil y el Gobierno recurrió a la infundada amenaza del desempleo para no entregar un mayor reajuste. El actual salario mínimo de $182 mil, que ganan cerca de 1 millón de personas, solo cubre el 65% de la línea de pobreza familiar. Esto resulta aún más frustrante cuando en una misma empresa pueden convivir personas en situación de indigencia ganando el salario mínimo y manteniendo un hogar de 6 personas por ejemplo ($30 mil por persona) y un alto ejecutivo que recibe un salario de más de $15 millones y pertenece al 1% de las familias más ricas del país.
Ante esta situación, no es de extrañar que seamos el país con el peor nivel de ingresos de la OCDE y la peor calidad del empleo. Sin duda esto es responsabilidad de los gobiernos anteriores, que se durmieron en los laureles en la lucha por la generación de empleos de calidad. No obstante el actual gobierno, al centrarse en su slogan del millón de empleos y olvidarse de la promesa de la calidad (contrato, estabilidad, buenos salarios, formalidad, derechos colectivos), nos tiene a todos adormecidos en una peligrosa siesta, que ante la llegada de una inminente crisis, provocará que nos despertemos de golpe y se sincere la real situación de los trabajadores chilenos.
Publicada en elquintopoder y en edición en papel de The Clinic n°423
Por Gonzalo Durán y Marco Kremerman/Investigadores Fundación SOL
Si uno quisiera hacer un balance de la situación del empleo en Chile durante el año 2011, una referencia casi obligatoria para establecer un adecuado termómetro corresponde a la meta fijada por el actual Gobierno: Crear un millón de empleos de “calidad” en 4 años.
Transcurridos casi 20 meses de la administración Piñera y de acuerdo a los datos procesados por Fundación SOL a partir de la base de la Nueva Encuesta de Empleo del INE, se puede concluir que al registrase una variación de 570 mil ocupados entre enero-marzo 2010 y agosto-octubre 2011, el Gobierno ya ha cumplido el 57% de la meta, sin embargo, se ha omitido algo fundamental, la calidad de los empleos, y aquí el Gobierno y el país reprueban con nota mínima.
En primer lugar, el tipo de empleos creados son de carácter inestable, informal y sin protección. El 55% de los 570 mil empleos son por cuenta propia (principalmente tiempo parcial y de baja calificación), familiar no remunerado, personal de servicio doméstico o microempresarios que tiene menos de 5 trabajadores. El resto corresponde a empleos asalariados, pero no de los que usted imagina, sino que el 100% es trabajo tercerizado, vía subcontratación o suministro de personal. Un dato adicional: se registran 1,2 millones de falsos asalariados que reciben órdenes y tiene que cumplir un horario (subordinación y dependencia), pero que no tienen contrato, ni liquidación de sueldo, ni cotizan, sino que en su gran mayoría sólo tienen un acuerdo a trato, o sea, ni siquiera boletean.
En segundo lugar, el subempleo (personas que trabajan menos de 30 horas a la semana, desean trabajar tiempo completo, pero no encuentran ese tipo de empleos), ha alcanzado sus valores más altos desde que es posible medirlo (enero 2009). Son más de 750 mil personas que están en esta situación, principalmente mujeres y trabajadores de las regiones y comunas afectadas por el terremoto. Vale decir, hemos aumentado la tasa de participación femenina y reducido la tasa de desempleo de las zonas más dañadas a puro subempleo, fenómeno que para la Organización Internacional del Trabajo es sinónimo de precariedad.
En tercer lugar, se observa que un 30% de los trabajadores asalariados que tienen la posibilidad de trabajar tiempo completo (los que no están subempleados), tiene jornadas diarias que superan las 11 horas, comprometiendo seriamente su salud y el buen vivir. Sin duda, aquí tampoco hay calidad.
En cuarto lugar, la vergüenza nacional que significó que 33 mineros quedaran enterrados bajo tierra, todavía no se ha traducido en políticas de salud laboral que estructuralmente modifiquen el actual sistema. Sólo hay un Comité de Expertos funcionando y a esperar hasta la próxima catástrofe.
En quinto lugar, el actual gobierno, a pesar de lo prometido hace más de 1 año, todavía no ha podido resolver el problema de los “multirut”, el cual ha permitido que las grandes empresas dividiéndose en varias razones sociales erosionen los derechos de los trabajadores y debiliten a los sindicatos y la negociación colectiva, lo que les ha permitido generar mayores tasas de ganancias, perpetuando así las desigualdades.
En sexto lugar, no se ha ingresado ningún proyecto de ley para fortalecer el sindicalismo y la negociación colectiva, ni menos para eliminar el reemplazo de trabajadores ni el descuelgue en caso de una huelga legal. En Chile todavía no existe un real derecho a huelga y estamos a la cola a nivel internacional. Empleos que violen los tratados internacionales que sustentan los derechos colectivos, jamás podrán ser empleos de calidad.
En séptimo lugar, los datos nos muestran que ya no basta con tener un empleo para salir de la pobreza ni superar la desigualdad. Actualmente en Chile existen más de 500 mil trabajadores bajo la línea de pobreza estadística, entre los cuales 75% son asalariados. Sin ir más lejos, en la última discusión sobre el salario mínimo, solo se legisló un aumento de $10 mil y el Gobierno recurrió a la infundada amenaza del desempleo para no entregar un mayor reajuste. El actual salario mínimo de $182 mil, que ganan cerca de 1 millón de personas, solo cubre el 65% de la línea de pobreza familiar. Esto resulta aún más frustrante cuando en una misma empresa pueden convivir personas en situación de indigencia ganando el salario mínimo y manteniendo un hogar de 6 personas por ejemplo ($30 mil por persona) y un alto ejecutivo que recibe un salario de más de $15 millones y pertenece al 1% de las familias más ricas del país.
Ante esta situación, no es de extrañar que seamos el país con el peor nivel de ingresos de la OCDE y la peor calidad del empleo. Sin duda esto es responsabilidad de los gobiernos anteriores, que se durmieron en los laureles en la lucha por la generación de empleos de calidad. No obstante el actual gobierno, al centrarse en su slogan del millón de empleos y olvidarse de la promesa de la calidad (contrato, estabilidad, buenos salarios, formalidad, derechos colectivos), nos tiene a todos adormecidos en una peligrosa siesta, que ante la llegada de una inminente crisis, provocará que nos despertemos de golpe y se sincere la real situación de los trabajadores chilenos.
Publicada en elquintopoder y en edición en papel de The Clinic n°423en Actualidad
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