Salario mínimo y justicia de género
Columna de María José Azócar en CNN Chile

Publicada en CNN Chile el 5 de mayo de 2022.
Por María José Azócar, investigadora de Fundación SOL.
Imagen: Agencia Uno.

La investigadora de la Fundación SOL reflexiona sobre el modelo de desarrollo, la economía chilena y la propuesta del Gobierno para aumentar el sueldo mínimo. En ese sentido, asegura que "implementar una política de salarios mínimos es importante por dos motivos. Primero, sirve como un mecanismo de justicia de clase (...) Segundo, el salario mínimo es un mecanismo de justicia de género".

Desde los años ’70, el modelo de ‘desarrollo’ en Chile se ha anclado en cuatro apuestas: financiarización de la economía, promoción de una industria exportadora extractivista, debilitamiento de la organización sindical y robo de salarios de la clase trabajadora. En esta columna, nos referiremos al último punto y explicaremos por qué implementar una política de mediano plazo (de aquí a tres años) en materia de salario mínimo es un asunto de justicia de clase y de género.

En Chile, y en otros países del mundo, la desigualdad ha aumentado a niveles prácticamente equivalentes a los de principios del siglo XX. Una de las razones de este aumento viene dada por la diferencia entre el aumento de la productividad y la disminución de los salarios. Hoy se produce más y más rápido que décadas anteriores, pero los salarios de la clase trabajadora están estancados o en fase de decrecimiento. En palabras simples, la desigualdad de hoy se explica en parte por el robo de salarios.

Por ejemplo, entre los años 1990 y 2022, la variación real del salario mínimo en nuestro país, es decir, variación corregida por la inflación, no ha superado el 3% promedio. Al mismo tiempo, la economía ha crecido y como consecuencia, unos pocos se han beneficiado de este crecimiento. Esto llega al punto de que hoy el 10% con más riqueza acumula el 80,4% de la riqueza.

Siguiendo las discusiones de los últimos días, el Gobierno reajustará el salario mínimo bruto de $350 mil a $380 mil y en unos meses más a $400 mil. Estos reajustes siguen la tendencia de hace tres décadas. No implican un aumento sustantivo. De hecho, un salario bruto de $400 mil hoy equivale a $324 mil líquidos, cifra que ni siquiera logra cubrir la línea de la pobreza para un hogar de tres personas, monto que equivale a $419.641.

La genialidad de los gobiernos de la Concertación -por usar un término generoso- para contener la crisis estructural que implica el expolio de los salarios fue hacer transferencias directas a los hogares. Gracias a estas transferencias, los índices de pobreza en el país han ido decreciendo en los últimos años. Pero es importante enfatizar que, a pesar de las transferencias hechas, la crisis estructural que provoca el actual nivel de salarios se mantiene.

Por ejemplo, cuando se hace el ejercicio de medir la pobreza considerando sólo los ingresos vía salarios o por pensiones autofinanciadas (sin incluir las transferencias directas del Estado ni otros elementos), la pobreza en 2020 hubiese sido de un 39,9% y no de un 10,8% como lo indicó la cifra oficial, lo anterior fue ampliamente investigado en el estudio de la Fundación SOL, La pobreza del modelo chileno (2021). Es decir, cuatro de cada 10 personas estarían en una situación de pobreza en Chile si sólo hubiese dependido del valor de su trabajo.

Implementar una política de salarios mínimos es importante por dos motivos. Primero, sirve como un mecanismo de justicia de clase. En teoría, el salario mínimo debería asegurar a los hogares un piso para que las personas puedan mantenerse materialmente. Es una garantía de acceso a la ciudadanía. Además, sirve como mecanismo de redistribución. De acuerdo con la analogía de la navegación, el salario mínimo opera como un ‘faro’ que ilumina la ruta, y como consecuencia sirve como referencia para fijar los reajustes de salarios del resto de la clase trabajadora.

Segundo, el salario mínimo es un mecanismo de justicia de género. Las mujeres ganan el salario mínimo en mayor proporción que los hombres y, durante estos años, se han llevado los golpes más duros de la pandemia. Por ejemplo, si sólo se consideran los ingresos del trabajo y pensiones contributivas para medir la pobreza, en el año 2020 un 55,8% de las mujeres jefas de hogares monomarentales (hogares donde sólo vive la madre con su grupo familiar, sin el padre) estarían en una situación de pobreza.

Desde la Fundación SOL desarrollamos la propuesta Reajuste del Salario Mínimo (2022) la cual, entre otras cosas, considera un sistema de apoyo estatal a las micro y pequeñas empresas. Es una propuesta que, contrario a lo que se ha hecho en estos últimos 30 años, propone un plan que fija una meta concreta (el año 2025) para que la política del salario mínimo haga lo que tiene que hacer: garantizar un piso para que los hogares puedan vivir y no estén en una situación de pobreza. Y como hemos revisado aquí, esta propuesta también fija una meta para que sectores históricamente marginalizados de nuestra sociedad (por ejemplo, las mujeres) cuenten con el mínimo para vivir una vida digna. Con esto, es una propuesta que hace una intervención directa a cómo se ha definido el concepto de ‘desarrollo’ desde hace cincuenta años en Chile.