Estudio Fundación Sol: 75% de las inversiones nacionales de las AFP van a empresas extractivistas de alto impacto ambiental
Publicado en El Ciudadano el 29 de octubre de 2020

"En algunos casos, grupos económicos que han participado de la propiedad de las AFP han sido dueños de empresas que son, a su vez, un destino de inversión de los ahorros previsionales, entregando capital para el financiamiento de proyectos que tendrán consecuencias permanentes sobre los territorios y comunidades", sostiene el último estudio de Fundación Sol. 


Publicado en El Ciudadano el 29 de octubre de 2020

La Fundación Sol presentó su más reciente estudio en el que reveló que el 75% de las inversiones nacionales de las AFP van a empresas extractivistas y de alto impacto ambiental que operan en Chile y que tienen consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la naturaleza y los territorios.

 El estudio llamado “Inversión de las AFP en las empresas extractivistas y de alto impacto ambiental”, da cuenta de “cómo el ahorro previsional de los trabajadores se utiliza para capitalizar a este tipo de empresas, por medio de la compra de acciones, bonos y otros instrumentos”, señaló Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación SOL y uno de los autores del informe.

La investigación señala además, que -a junio de 2020- las AFP invierten más de $15.777 millones de dólares en empresas nacionales (mediante Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas y Bonos de Empresas Privadas y Públicas), y el 56,3% del total de este tipo de inversiones las concentran 10 empresas emisoras.

La mayor parte de la inversión se orienta hacia actividades extractivistas de alto impacto, considerando los sectores Eléctrico (US$5.033 millones), Forestal (US$2.162 millones), Hidrocarburos (US$1.827 millones), Minería (US$1.659), SAPS (US$915 millones) y Monocultivos (US$325 millones).

De este modo, el informe plantea que en su conjunto, “las actividades extractivistas abarcan un 75,5% de las inversiones de las AFP en empresas que operan en Chile”.

“El hecho de que las AFP, por ejemplo, estén invirtiendo más de US$1.600 millones en empresas y que operan proyectos mineros, habla también de la matriz productiva nacional. Las grandes empresas están mayoritariamente asociadas a actividades extractivistas de alto impacto ambiental, y ello ha tenido y está teniendo consecuencias no solo sanitarias para los territorios sino económicas y sociales”, indicó Andrea Sato, investigadora y también autora del estudio..

La Fundación Sol también reveló que el 56,3% del total de las inversiones se concentran en sólo 10 empresas, entre las cuales destacan Celulosa Arauco, ENAP, AES Gener, Agrosuper y ENAEX. La inversión en estas empresas, que se han involucrado en conflictos con las comunidades y con la justicia, asciende a un total de $1.575.893 millones.

División sexual del trabajo


El estudio tomó en consideración los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y determinó que la dinámica de trabajo en empresas extractivistas fomenta la distribución de las actividades remuneradas y no remuneradas entre hombres y mujeres.

La participación directa de las mujeres en actividades extractivistas es minoritaria, representando el 19,8% del empleo en actividades extractivistas a nivel nacional. No obstante, la presencia del trabajo femenino en actividades de servicios asociados o soporte, como el aseo, la alimentación y el alojamiento es significativa.

Las principales actividades en las que se insertan las mujeres corresponden a los sectores agrícola, ganadero, de silvicultura y pesca, los cuales concentran el 68,6% del empleo femenino en ramas extractivistas. A estos sectores le sigue la explotación en minas y canteras, con un 15,8%. En el caso de los hombres, el 53,5% trabaja en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Al igual que en el caso de las mujeres, la segunda actividad de mayor peso es la explotación de minas y canteras, pero con mayor presencia, llegando al 28,9%.

“Tanto para hombres como para mujeres, más de la mitad del empleo en actividades extractivistas se concentra en el sector agrícola, ganadero, de silvicultura y pesca, justamente actividades que son más intensivas en el uso de fuerza de trabajo”, plantea el informe.

Calidad del empleo


El análisis de los datos señala que a nivel nacional, un 13,2 % de las personas asalariadas en el sector extractivista se encuentran externalizadas, y que la rama con mayor externalización es la minería, en la cual el 18,2 % de las personas empleadas se encuentran contratadas mediante subcontrato, suministro o enganche.

También se observa una alta incidencia en las actividades de suministro de agua, con el 16,5% del total de las personas ocupadas.

Sin embargo, el estudio indica que la subcontratación ha disminuido ante el escenario de la pandemia y crisis económica a nivel nacional. Así, en el trimestre de abril-junio 2020 se redujo en un 1,8% respecto al mismo período del año pasado, llegando al 15,9%.

El investigador de la Fundación SOL, Benjamín Sáez, se refirió a la falta de contrato en el rubro extractivista. “Si se observa la carencia de contrato de trabajo se denota la precaria realidad del empleo en estas actividades, ya que el 11,8% de los trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas y de silvicultura y pesca no tiene contrato escrito. Esta cifra supera notablemente el promedio nacional, que es de 8,8% aproximadamente”, aseveró.
Zonas de sacrificio

La transformación en los territorios donde se instalan proyectos extractivos es radical, ya que se pierden y destruyen las formas previas de producción, abastecimiento y autoconsumo, se desarticula la comunidad y los hogares por las jornadas de trabajo, principalmente de los hombres.

Si a nivel nacional, un 54,8 % de las personas en edad de trabajar se encuentran ocupadas, en las llamadas “zonas de sacrificio” este porcentaje equivale a un 49,6%. La “inactividad” en estas zonas, desde el punto de vista del trabajo remunerado, alcanza un 44,3% en comparación con el 40,6% a nivel nacional.

La Fundación Sol advirtió que se puede observar la compleja articulación entre las inversiones de las AFP y la mantención de una estructura productiva y laboral que fomenta la apropiación de los recursos con escaso valor agregado y un alto impacto ambiental.

“El cambio desde un sistema de ahorro forzoso en cuentas individuales a un esquema basado en la seguridad social, implica una discusión sobre la inversión de los recursos para una capitalización colectiva que no contribuya a la destrucción de los bienes comunes y la naturaleza“, señalaron.

Pensiones insuficientes


Recaredo Gálvez, uno de los autores del estudio, se refirió a este esquema en que las AFP están financiando empresas que generan un sacrificio humano reconocido en distintos territorios y criticó el monto de las pensiones que reciben los chilenos.

“Vamos viendo que este es un diseño que beneficia al gran capital, que además está destruyendo el medio ambiente (…)Muchas empresas, como AES Gener, Freirina con Agrosuper, reciben inversiones de las AFP. Ahí uno se pregunta quién gana con todo esto, por qué desarrollarlo de esta manera. Los grandes ganadores son los mismos grupos económicos que están detrás de estas empresas, como grupos Matte o Angelini, por ejemplo”, expresó en declaraciones a El Mostrador.

Según el experto, este tipo de inversión “forma parte del diseño original que las AFP vienen realizando desde el inicio, que es invertir en empresas de grandes grupos económicos y eso está relacionado con el modelo económico chileno en términos de su matriz primaria exportadora”.

“Lo de las AFP, más allá de que haya que corregirlo, hay que mirar en dos líneas: que esto forma parte de un modelo productivo que tiene que ir de salida y, por otro lado, las AFP no necesitan pequeñas reformas o correcciones, porque tenemos que pensar que el objetivo es pagar pensiones. A través de estas inversiones, las pensiones que están pagando son insuficientes, están por debajo del sueldo mínimo. Hay que sustituirlas por un sistema de seguridad social”, agregó.