Columna de opinión publicada en Radio Universidad de Chile el 27 de mayo de 2026 

Por Camila Espinosa, Periodista Fundación SOL 

Hay desigualdades que aparecen como consecuencia de la historia, otras que se nos presentan como inevitables y, después, están aquellas que parecen contenerlo todo, las que fueron diseñadas; decisiones políticas que sobreviven gobiernos, reformas y cambios de época hasta volverse paisaje. El sistema previsional chileno pertenece a esta última categoría, porque si algo muestran las pensiones en Chile es que esta estructura obligó a trabajadores y trabajadoras a vivir bajo la incertidumbre y la amenaza permanente de la pobreza, mientras otro pequeño grupo permaneció bajo un esquema que siguió ofreciendo seguridad social.

La tesis es simple: en Chile no fracasó la seguridad social, sino que fue reservada para algunos. Mientras a la mayoría de las y los trabajadores se les impuso el riesgo individual de las AFP, las Fuerzas Armadas y de Orden conservaron un sistema de beneficio definido, financiado en gran parte por el Estado, con pensiones muy superiores a las del mundo civil. No se trata de una anomalía, sino de un privilegio institucionalizado.

El estudio Pensiones por la fuerza de Fundación SOL muestra la arquitectura de esta desigualdad. En 1981, la dictadura reemplazó el sistema de reparto por cuentas individuales administradas por AFP, sin embargo, las Fuerzas Armadas y de Orden quedaron fuera del experimento. A la población trabajadora se le prometió pensiones suficientes mediante el ahorro individual y el mercado, y la certeza de una pensión definida quedó para quienes paradójicamente habían impulsado el cambio. En otras palabras, “AFP y cuentas individuales para trabajadores y trabajadoras, seguridad social para ellos”.

A diciembre de 2025, CAPREDENA pagó pensiones de retiro promedio por $1.511.727. En DIPRECA, las pensiones de retiro alcanzaron un promedio de $1.679.020 durante el 2025. En contraste y para dimensionar la diferencia, el estudio compara estos montos con las pensiones de vejez pagadas por AFP y compañías de seguro a personas que cotizaron entre 25 y 30 años, tramo escogido porque hoy los funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas pueden acceder a una pensión completa con 30 años de servicio y obtener derecho a pensión desde los 20 años.

La pensión promedio, pagada por las AFP y compañías de seguros para trabajadores y trabajadoras ubicados en ese tramo, fue de $500.970, incluyendo beneficios estatales como PGU y/o Pilar Solidario. Es decir, DIPRECA paga en promedio 3,4 veces más y CAPREDENA 3 veces más que el sistema privado para personas civiles con trayectorias laborales extensas.

La primera reflexión puede ser incómoda, pero necesaria: Chile sí paga pensiones dignas y suficientes, solo que no lo hace para todos.

Durante décadas se nos ha dicho que el problema es la demografía, la informalidad, las lagunas, la baja cotización, la expectativa de vida. Se nos dijo que no había plata, que había que ahorrar más, trabajar más, jubilar más tarde. Pero al mismo tiempo, otro sistema seguía funcionando bajo una lógica distinta, menos expuesto al mercado, más protegido por el Estado, más cercano a la seguridad social que a la capitalización individual.

Es importante tener en cuenta que el contraste no es sólo técnico, sino profundamente político, puesto que el sistema de capitalización individual impone aceptar la incertidumbre como destino, si el mercado cae, si el salario fue bajo, si hubo lagunas, si el fondo rentó poco, si la vida laboral estuvo marcada por cuidados, cesantía o precariedad. Y aún sorteando el máximo de estas dimensiones, la pensión siempre seguirá siendo baja, porque cedieron nuestra vejez a los beneficios del capital. En paralelo, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden descansa sobre la premisa, tan vilipendiada por el sector defensor del empresariado, que la pensión no depende del éxito individual, sino de una garantía institucional.

Esta doble moral queda aún más en evidencia cuando vemos que, para la mayoría “no alcanza”, pero para unos pocos el Estado alcanza e inclusive sobra. El gasto fiscal revela la escala del privilegio: en 2025 el Estado destinó US$3.093 millones a financiar jubilaciones, pensiones y montepíos de CAPREDENA y DIPRECA, cubriendo a 174.546 personas beneficiadas. En cambio, para la PGU y el Pilar Solidario, que alcanzaron a 2,7 millones de personas, se destinaron US$8.119 millones. Dicho de otro modo: el gasto en pensiones de trabajadores y trabajadoras fue solo 2,6 veces mayor, pero llegó a una población 15,5 veces más grande.

La duda sobre si Chile puede sostener un sistema de pensiones que entregue pensiones suficientes queda completamente anulada con estas cifras.

Esta desigualdad previsional no nació por accidente. El estudio recuerda que, desde el origen, las Fuerzas Armadas quedaron resguardadas del sistema que se imponía al resto del país. No fueron arrastradas al laboratorio neoliberal que transformó la vejez en un problema financiero individual. Quienes administraron la transición hacia las AFP evitaron someterse completamente a sus reglas y esa es quizás la confesión más brutal del modelo: quienes lo impusieron preservaron para sí un régimen distinto al que instalaron para el resto del país.

Hablar de las pensiones de CAPREDENA y DIPRECA es abrir una discusión sobre cómo una sociedad define qué vidas merecen protección y cuáles deben administrar el riesgo. No se trata de sostener que todo el país debiera incorporarse al modelo previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuya estructura descansa en una participación estatal que sería difícilmente escalable. La discusión es otra, por qué aquello que se considera razonable para algunos aparece inmediatamente como inviable cuando se piensa para el conjunto del país. Una pensión digna no debería ser un privilegio asociado a una posición institucional ni al acceso diferencial al Estado.

Las reformas previsionales recientes muestran que el sistema chileno sigue reorganizando la distribución de la seguridad y del riesgo, más que resolviendo el fracaso del sistema de AFP. Cambian porcentajes, cambian mecanismos, cambian incentivos, pero permanece la estructura de capitalización individual, la pregunta que nos debemos hacer es ¿estamos construyendo un horizonte común de protección o simplemente administrando nuevas formas de desigualdad?

En Chile conviven distintos regímenes de pensiones y distintos niveles de garantía. Y, lamentablemente, no ocurre solo en materia previsional. Las últimas iniciativas impulsadas vuelven a confirmar que somos trabajadores y trabajadoras quienes debemos absorber el costo de las crisis. Todo esto bajo la promesa, o quizás metáfora, de que ese sacrificio responde a un bien mayor; sin embargo, ese relato no hace más que producir una pedagogía política que enseña a una mayoría a acostumbrarse a una austeridad impuesta, mientras confirma, al mismo tiempo, que existen espacios donde la protección no desapareció, sino que simplemente quedó reservada para algunos.