Publicada el 22 de diciembre de 2025 en Le Monde Diplomatique

Por Andrea Sato, investigadora Fundación SOL

La relación entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las empresas extractivistas en Chile se ha convertido en un tema candente que merece un análisis crítico y urgente. A medida que la preocupación por la crisis ambiental se intensifica, resulta alarmante que un porcentaje significativo del fondo de pensiones de los trabajadores se destine a financiar industrias que devastan nuestro entorno natural.

Desde la reforma del sistema previsional en la década de 1980, impulsada por un bloque de poder que incluía a empresarios y militares, se estableció un modelo que ha permitido a las AFP gestionar más de 210 billones de pesos, equivalentes al 65% del PIB chileno. Este sistema, basado en cuentas individuales, ha generado una montaña de dinero que circula constantemente en el mercado, el cual en parte se destina al pago de pensiones (cuyo monto es exiguo) y, en gran medida, se destina a financiar al gran capital, con una gestión que carece de transparencia y responsabilidad hacia la sostenibilidad de todo lo vivo

Un sistema previsional que hipoteca el futuro

Según el último estudio de Fundación SOL que explora la relación entre las AFP y e extractivismo “Fondo de pensiones y crisis socioambiental: Inversiones de las AFP en empresas extractivistas y de alto impacto ambiental”: A diciembre de 2024, un asombroso 81% de los activos invertidos por las AFP en empresas chilenas se destinó a compañías extractivistas o de alto impacto ambiental. Este porcentaje no solo es preocupante, sino que ha aumentado, lo que revela una tendencia alarmante hacia la desatención de la sostenibilidad. Entre 2008 y 2024, las inversiones en estas industrias se incrementaron un 107%. ¿Cómo se puede justificar que los fondos de pensiones, que deberían ser un soporte para los trabajadores y trabajadoras, estén alimentando industrias que destruyen el futuro?

La financiarización de la naturaleza, que convierte los bienes naturales en activos financieros, desdibuja la relación entre el valor económico y el valor intrínseco de la naturaleza. Este proceso no sólo privatiza recursos vitales, sino que también pone en riesgo a comunidades indígenas y locales que dependen de estos ecosistemas. Las grandes corporaciones, al recurrir a mecanismos de compensación para justificar su devastación, se presentan como socialmente responsables, cuando en realidad están lavando su imagen mientras continúan con prácticas destructivas.

El costo de la mercantilización de todo va más allá de lo económico. Las comunidades son desplazadas y sus derechos humanos vulnerados. Además, se rompe el vínculo cultural y espiritual que han mantenido con la naturaleza durante generaciones. La narrativa que convierte la naturaleza en capital elimina valores esenciales y transforma nuestra relación con el entorno. Esto se puede observar de forma evidente en la devastación de las forestales en el sur del país; estas compañías reciben un 48% de las inversiones de los fondos previsionales. Junto con las industrias mineras, alcanzan el 93% de las inversiones de las AFP a nivel nacional. Máquinas de destrucción financiadas con los ahorros de los y las trabajadoras.

Es imperativo que realicemos reformas profundas en el sistema previsional y en la regulación de las inversiones. Los fondos de pensiones no deben utilizarse sólo para buscar rendimientos económicos, sino que deben promover la sostenibilidad y la justicia social. Las AFP no tienen ningún tipo de regulación en la que se establezcan cuáles son los criterios para invertir. Con la excusa de la rentabilidad se puede invertir en cualquier área de la economía, a pesar de que pueda afectar a la población. Debemos pensar y exigir otra estrategia de pensión e inversión, priorizando el bienestar del planeta y de las comunidades que en él habitan. En la lógica del sistema de AFP, lo que le interesa al capital es la inyección de dinero fresco, que como combustible permite que la acumulación siga reproduciéndose. Un sistema solidario, en cambio, de reparto entre generaciones, es más coherente al momento de sostener la vida.

La pregunta es clara: ¿cómo podemos fomentar un cambio en el diseño de los fondos de pensiones que priorice la sostenibilidad y la responsabilidad social? La respuesta a este dilema ético no solo afectará el futuro de los y las trabajadoras, sino también el de las generaciones venideras. No podemos seguir permitiendo que el dinero de la clase trabajadora financie la destrucción del medio ambiente.