Entrevista publicada en El Clarín el 6 de septiembre de 2025

Entrevista a Gonzalo Durán Académico U. Chile e investigador Fundación SOL

Paul Walder

Gonzalo Durán analiza la deuda histórica de Chile con la negociación colectiva por rama

 En Chile, hablar de negociación colectiva por rama productiva —también llamada “negociación ramal”— es hablar de una deuda que se arrastra desde hace décadas. Mientras en la mayoría de los países de la OCDE este mecanismo es la base de acuerdos sectoriales que garantizan condiciones mínimas para millones de trabajadores, en Chile la negociación sigue confinada al estrecho espacio de cada empresa. El resultado ha sido un mundo laboral fragmentado, con sindicatos debilitados y un sistema de relaciones laborales que, más que equilibrar fuerzas, ha tendido a reforzar la desigualdad.

El debate no es nuevo, pero cada cierto tiempo reaparece con fuerza, como reflejo de un malestar que persiste y que tiene raíces profundas: las leyes de la dictadura, la falta de convicción política de los gobiernos posteriores y el poder empresarial que ha sabido imponer límites a cualquier intento de cambio.

Para profundizar en estas tensiones y en lo que está en juego cuando se habla de negociación por rama, conversamos con Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile y economista de la Fundación SOL. Su mirada, respaldada por años de investigación sobre desigualdad y trabajo, nos invita a pensar en lo que significaría abrir este camino en un país marcado por la concentración económica y la atomización sindical.

El gobierno ha hablado de “negociación multinivel”, mientras que en el debate público se suele usar el concepto de “negociación por rama”. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Qué diferencias existen entre ambos enfoques?

Gonzalo Durán:
«Es importante aclarar esa diferencia porque a veces genera confusión. La negociación por rama es la forma más clásica de lo que llamamos negociación sectorial: trabajadores de un sector productivo —por ejemplo, comercio, minería o transporte— negocian con las organizaciones empresariales de ese mismo sector, y de ahí surgen acuerdos que se aplican a todo el rubro. Eso fija un piso mínimo común que beneficia incluso a quienes no están sindicalizados en grandes empresas.

Lo que plantea el gobierno es negociación colectiva multinivel. Una negociación multinivel podría ser una empresa que vende calcetines en un centro comercial. Y esa empresa negocia con el sindicato, lo que sería el primer nivel; luego, si ese sindicato de la empresa de calcetines se une con el sindicato que vende café y que también está en el centro comercial y ellos se unen para que el centro comercial ahora abra a las 11:00  de la mañana en lugar de las 10:00 h de la mañana, es un ejemplo de negociación colectiva multinivel. Pero eso es muy distinto a una negociación colectiva por rama. La negociación por rama podemos decir que incluye a la negociación multinivel, pero la negociación multinivel no incluye a la negociación colectiva por rama. Es algo que puede ser semántico, pero es muy importante. La negociación por rama significa que en este ejemplo todos los centros comerciales del país deberían tener condiciones mínimas para todos. No algo localizado como es el ejemplo que acabo de decir que corresponde a la multinivel.

¿Por qué este debate no ha sido abordado por los gobiernos anteriores siendo un aspecto fundamental para la clase trabajadora?

Gonzalo Durán:
» Cuando se revisan los gobiernos de la Concertación, luego los de Sebastián Piñera, la Nueva Mayoría e incluso el actual gobierno de Boric, se observa que, de manera paulatina, fue apareciendo la idea de que existían problemas en el mundo del trabajo. ¿Qué significa esto? Que durante los años noventa y buena parte de los 2000, la desigualdad no generaba mayor incomodidad en el debate público: el foco estaba puesto en la pobreza como principal problema a resolver. Solo más tarde la desigualdad comenzó a instalarse en la agenda, aunque abordada principalmente desde la tesis de la educación como herramienta para superarla, acompañada de la noción de meritocracia. De ahí surge el fenómeno de la “venta de credenciales universitarias”, como fórmula para enfrentar los bajos ingresos. Ese fue un camino compartido por los distintos gobiernos, que optaron por tratar la desigualdad como un asunto individual: cada persona debía contar con las habilidades o credenciales que, en teoría, le permitirían superar sus carencias. Bajo esa lógica, la desigualdad no era estructural, sino resultado de méritos o esfuerzos personales.

Sin embargo, cuando hablamos de negociación colectiva nos situamos en otro plano. Ahí se reconoce que la desigualdad es estructural y que responde al conflicto entre clases sociales: de un lado, los trabajadores que venden su fuerza de trabajo; del otro, quienes la compran, es decir, la clase capitalista. En este terreno, la negociación por rama y la negociación colectiva cumplen un rol invaluable e insustituible, pues inciden directamente en la redistribución de la riqueza allí donde se genera.

Aun así, este rol no ha sido asumido como una meta por los gobiernos de turno. Y eso es lo primero que hay que subrayar: pese a ser una demanda histórica del mundo sindical y un aspecto central para la clase trabajadora, la negociación por rama no ha formado parte de la visión de economía política de los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia. Incluso en períodos con mayorías parlamentarias, no se legisló al respecto. Ello responde tanto a una falta de convicción política como al temor frente al empresariado, que históricamente ha marcado las pautas en las relaciones laborales. Ese poder se expresa en advertencias recurrentes: que avanzar en esta materia detendría la inversión —la llamada “huelga del capital”—, que provocaría despidos masivos o que generaría caos económico. Tales advertencias, repetidas una y otra vez, acaban transformándose en profecías autocumplidas, pues son las propias empresas las que crean las condiciones para que ese temor se materialice.

En definitiva, lo que se combinó en estos años fue, por un lado, la falta de convicción política para intervenir en la distribución de ingresos a través de la negociación colectiva; y, por otro, la presión del empresariado para mantener el statu quo. Así, mientras la educación se instaló como la vía preferente para enfrentar la desigualdad, se dejó de lado el mecanismo más directo y efectivo: fortalecer el poder sindical y la negociación por rama, allí donde se produce la riqueza.

En diversas oportunidades, los partidos de izquierda y centroizquierda tuvieron mayorías parlamentarias. ¿Por qué crees que no se legisló en esos momentos a favor de la negociación por rama?

Gonzalo Durán:
*»Efectivamente, hubo períodos en los que la Concertación y luego la Nueva Mayoría contaron con mayorías en el Congreso. Sin embargo, en materia laboral esos gobiernos nunca estuvieron dispuestos a impulsar cambios estructurales. Prefirieron mantener los consensos heredados de la transición y evitar un choque frontal con el empresariado. De hecho, la relación con los gremios empresariales fue siempre uno de los ejes de gobernabilidad.

Hay que entender que la negociación por rama no es un detalle técnico: implica redistribuir poder entre el capital y el trabajo. Permitiría a los trabajadores levantar pisos mínimos comunes en sectores completos de la economía, y eso toca intereses muy profundos. Los gobiernos de centroizquierda optaron por reformas más acotadas, como la modernización de la Dirección del Trabajo o la ampliación de ciertos derechos individuales, pero nunca entraron de lleno a modificar la lógica central del Plan Laboral de José Piñera. En ese sentido, se perdió una oportunidad histórica de avanzar hacia un modelo más justo.»*

 Con solo un 15 por ciento ¿Por qué es tan baja la tasa de sindicalización en Chile?

Gonzalo Durán:
La atomización sindical influye de manera decisiva porque reduce los recursos de poder y la capacidad asociativa de los trabajadores. Es clásica la frase “la unión hace la fuerza”, pero si existen sindicatos rivales entre sí, se genera una lógica clientelar en la que las bases terminan eligiendo a aquellas organizaciones que les ofrecen mejores beneficios a cambio de la cuota sindical. Esto fomenta una competencia entre sindicatos que desvía la atención de la lucha de clases —que debiese ser entre trabajadores y empresarios— hacia una pugna entre los propios trabajadores. Y eso no es nuevo, fue diseñado así: José Piñera lo señaló explícitamente cuando defendió la negociación colectiva a nivel de empresa, pues esa fórmula desdramatizaba y minimizaba la lucha de clases, trasladándola a la competencia entre empresas, lo cual era funcional al libre mercado.

En este sentido, la atomización sindical ha sido muy favorable para la acumulación de capital, para la concentración de ingresos y para impedir que los salarios en Chile se construyan colectivamente. Las cifras y la evidencia internacional lo demuestran con claridad: allí donde los países alcanzan altos niveles de cobertura de negociación colectiva —es decir, un mayor porcentaje de trabajadores negociando colectivamente—, también logran mejores salarios. Pero para que eso ocurra, existe una condición sine qua non: la baja atomización sindical. No hay experiencias de países con un sindicalismo muy fragmentado que al mismo tiempo superen, por ejemplo, el 80% de cobertura en negociación colectiva.

En Alemania, por ejemplo, existen solo nueve sindicatos de alcance nacional; en Uruguay, donde la cobertura llega al 95%, hay poco más de 200 sindicatos. En Chile, en cambio, existen cerca de 9.000 sindicatos activos solo en el sector privado, lo que constituye uno de los niveles de fragmentación más altos del mundo. Y lo más grave es que, además de atomizados, están desarticulados. En Polonia, por ejemplo, también hay más de 9.000 sindicatos, pero el 90% de ellos se encuentran afiliados a una misma central, lo que permite coordinar políticas y actuar de manera articulada. En Chile ocurre lo contrario: la atomización y la desarticulación conviven, y esa es probablemente una de las peores combinaciones posibles para ejercer poder sindical.

¿De qué manera se produce una transferencia de la riqueza desde el trabajo al capital? ¿Cómo se expresa? ¿Por la concentración de la riqueza? ¿Por los niveles de desigualdad?

Gonzalo Durán:
Respecto a la pregunta, me imagino que aludes a las estadísticas que hemos presentado, según las cuales, de cada ocho horas de trabajo, con apenas tres ya se financian los salarios de la economía; el resto de las horas se destinan a financiar las ganancias del capital, descontados todos los gastos. Esa es una forma de expresar lo que se conoce como la tasa de explotación: una transferencia de la riqueza que genera el trabajo hacia el capital.

¿De qué manera ocurre esta transferencia? Se produce desde el mismo momento en que se genera la riqueza social y los trabajadores no tienen la posibilidad de reapropiarse de ella, pese a que es socialmente producida. Una vía para recuperar parte de esa riqueza es la negociación colectiva. A través de este mecanismo los trabajadores pueden apropiarse de una fracción de lo que les ha sido expoliado.

Sin embargo, cuando la negociación colectiva es de baja intensidad, como en Chile, donde apenas protege a menos del 15% de los trabajadores, la gran mayoría queda expuesta a decisiones unilaterales del empleador: qué entrega, qué no entrega y bajo qué condiciones. Incluso dentro de ese reducido 15% que sí negocia colectivamente, el panorama dista de ser ideal. Es un mundo fragmentado, con sindicatos que compiten entre sí, lo que debilita aún más la capacidad de revertir esa transferencia sistemática de riqueza del trabajo al capital.

Todo esto se refleja en indicadores claros: vivimos en una sociedad donde el 1% más rico concentra prácticamente el 50% de la riqueza —para ser exactos, el 49,8%, según datos del Laboratorio de Desigualdad de Thomas Piketty—. En síntesis, los conductos de transmisión de la desigualdad están dados por la inactivación del canal distributivo de la negociación colectiva. Ese canal está clausurado institucionalmente para el 85% de los trabajadores. Lo que se necesita es reactivarlo, porque solo así podremos hablar de mejorar la distribución de la riqueza en el punto exacto donde esta se genera.

En la OCDE la mayoría de los países que la forman tienen negociación por ramas. ¿Por qué Chile es una excepción?

Gonzalo Durán:
Respecto a la pregunta, Chile constituye una excepción dentro de la OCDE por varios motivos, también en el ámbito sindical. En primer lugar, todavía persiste una fuerte herencia de las leyes de la dictadura, de la que no hemos podido desprendernos. En esto existe responsabilidad tanto de los gobiernos de turno como del propio movimiento sindical.

Hubo un periodo que muchos académicos han descrito como de “revitalización sindical”, entre 2005 y 2016, marcado por un aumento de la tasa de sindicalización y una ola de huelgas. Sin embargo, esa dinámica no se tradujo en cambios legales duraderos, como habría sido la reinstalación de la negociación colectiva por rama. Faltó dar ese último impulso. Lo paradójico es que, pese a esa mayor conflictividad y al alza en la sindicalización, los datos muestran que la tasa de explotación aumentó durante ese mismo periodo. Es una contradicción que el mundo sindical debe asumir y de la que debe aprender, sacando lecciones del pasado.

Ese problema hunde sus raíces en varios factores: la enorme atomización sindical ya mencionada, la fragmentación generada por la subcontratación, y la falta de recursos e infraestructura que impiden a los sindicatos instalar agendas en la sociedad. A diferencia de otros países, en Chile las organizaciones sindicales no cuentan con centros de pensamiento, fundaciones o equipos técnicos capaces de producir estudios de nivel académico, realizar campañas nacionales, participar en ferias de empleo o aparecer con fuerza en los medios masivos. En contraste, en el mundo empresarial existen instituciones como el Centro de Estudios Públicos que sí cumplen ese rol de articulación e influencia.

Por el lado de los gobiernos, ya lo hemos conversado: ha prevalecido la falta de convicción política. Desde la concepción económica dominante, los sindicatos no son considerados agentes de cambio ni de transformación social, lo que responde a las escuelas de pensamiento económico que han orientado las políticas del país.

Nosotros planteamos que los sindicatos tienen un papel central en la mejora de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora. La negociación colectiva es la expresión misma de la lucha de clases, una dinámica que no puede invisibilizarse porque está presente de manera estructural. Lo que sí pueden hacer los trabajadores es incidir en su magnitud y alcance. Un ejemplo concreto es la negociación colectiva a nivel de rama, que implica ampliar el espacio de esa lucha de clases en términos económicos y sociales. Pero los gobiernos no han querido avanzar en esa dirección, un paso que significaría aumentar la envergadura del conflicto capital-trabajo y, con ello, abrir posibilidades de transformación estructural.

¿Por qué no hay en Chile una cultura de clase obrera? ¿Qué hace falta para construirla?

Gonzalo Durán:
Yo diría que Chile tuvo en el pasado una fuerte cultura de clase obrera. Fue uno de los países más reconocidos de la región precisamente por su identidad clasista. Sin embargo, esa cultura fue desarticulada deliberadamente por la dictadura y por quienes diseñaron la nueva arquitectura de las relaciones laborales en nuestro país. El objetivo era claro: quitarle al mundo del trabajo ese carácter clasista, porque al hacerlo se despejaba el camino para la libre acumulación de capital. En otras palabras, se eliminaron los obstáculos que antes limitaban la expansión del modelo económico.

Ese plan, hay que reconocerlo, funcionó con bastante éxito desde la perspectiva del empresariado y de los capitalistas chilenos. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Chile existió una dictadura que operó como laboratorio del neoliberalismo, lo que explica en parte por qué el proceso fue tan profundo.

Ahora bien, frente a la pregunta sobre qué falta hoy para reconstruir una identidad de clase trabajadora, creo que se requieren al menos dos elementos. Por un lado, un Estado que actúe como promotor del sindicalismo; por otro, un movimiento sindical más unitario, más compacto, que supere la lógica mutualista que predomina en muchos sindicatos, centrados en entregar beneficios y funcionar casi como un apéndice del departamento de recursos humanos de las empresas.

Es necesario que los sindicatos entiendan que lo político también se puede disputar y que deben participar en las decisiones políticas. Un ejemplo en esa dirección fue la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No+AFP, que trascendió el espacio empresarial para intervenir en un debate político central: el modelo previsional y la economía en su conjunto.

Claro que avanzar en esa línea no es fácil. Los sindicatos en Chile son pequeños, están desfinanciados y carecen de recursos para sostener estrategias de largo aliento. Se necesita generar masa crítica y, al mismo tiempo, crear medios de comunicación propios o afines a los intereses de la clase trabajadora. Hoy la mayoría de las investigaciones y diagnósticos que evidencian la situación de explotación y desigualdad en Chile no aparecen en los medios hegemónicos, pues estos están directamente atravesados por los intereses del capital. El gran desafío, entonces, es cómo transmitir esa información a las familias trabajadoras, cómo cruzar la frontera comunicativa que hoy mantiene fuera del debate público las problemáticas estructurales del trabajo y la desigualdad en el país.

¿Qué hace falta? Primero, cambios legales que permitan que los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente en serio. Sin poder sindical, la cultura obrera no tiene cómo desplegarse.

Segundo, se necesita un esfuerzo de educación y memoria histórica, porque la cultura de clase no se inventa de la nada: se construye con referentes, con ejemplos, con la transmisión de luchas pasadas.

Y tercero, se requiere voluntad política. Si no hay voluntad de los gobiernos y de los actores sociales de darle un lugar a los trabajadores, lo que predomina es la cultura individualista que el modelo promueve: que cada uno se las arregle como pueda.

Por eso insisto: la cultura obrera existió, fue destruida deliberadamente y solo podrá reconstruirse si hay cambios estructurales y un esfuerzo consciente de rearticular a los trabajadores como actor social.»*


¿Cuáles son las consecuencias de que Chile siga sin negociación por rama productiva?

Gonzalo Durán:
*»La consecuencia principal es la reproducción de la desigualdad. Si los trabajadores no pueden negociar colectivamente en un nivel superior al de la empresa, nunca podrán equilibrar la asimetría que existe frente al capital.

Esto significa que el país seguirá teniendo salarios bajos, empleos precarios y una enorme concentración de la riqueza. Hoy, la mitad de los trabajadores gana menos de 611 mil pesos líquidos, y la mediana femenina es todavía más baja, 555 mil. Esos datos muestran con claridad que no hay redistribución efectiva.

Además, sin negociación ramal los sindicatos quedan condenados a la atomización. Cada organización debe pelear sola contra su empleador, sin poder articular condiciones mínimas comunes para un sector. Eso genera un sindicalismo débil y desarticulado, que no logra incidir en la agenda pública ni en las políticas nacionales.

Y hay otra consecuencia importante: un Código del Trabajo hipertrofiado, que trata de resolver por vía legal lo que en otros países se resuelve por negociación colectiva. Eso hace que tengamos una legislación extremadamente detallada, pero que en la práctica no asegura derechos efectivos.

En resumen: sin negociación ramal no hay posibilidad de construir un sistema de relaciones laborales moderno, como el que tienen la mayoría de los países de la OCDE. Chile seguirá siendo una excepción, pero una excepción negativa, que mantiene a su clase trabajadora sin herramientas reales para mejorar sus condiciones de vida.»*