Columna publicada en Le Monde Diplomatique el 22 de agosto de 2025

Por Gonzalo Durán académico U. Chile e investigador Fundación SOL y Benjamín Sáez, investigador Fundación SOL

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), correspondientes al trimestre abril-junio de 2025, en Chile hay más de 3,8 millones de personas ocupadas con educación superior completa, lo que equivale al 39,2% de la población ocupada. Esta cifra, que sitúa al país en el promedio de la OCDE, es resultado de la fuerte expansión de la educación superior en las últimas décadas. Sin embargo, detrás de este avance se esconde una falla estructural en la relación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo: el llamado subempleo profesional.

Este concepto se refiere a quienes, pese a contar con formación profesional completa, se desempeñan en ocupaciones no calificadas, es decir, que no requieren un título profesional. En la actualidad, el subempleo profesional alcanza al 30,2% de las y los trabajadores con educación superior, lo que equivale a más de 1,1 millones de personas empleadas en puestos no calificados. Se trata de una realidad estructural del mundo del trabajo actual, que afecta fuertemente hace más de una década al mundo del trabajo. En abril-junio de 2015 ya llegaba a 28,5% del total de ocupados con educación superior completa.

La reciente Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE aporta un dato clave: un profesional en un empleo acorde a su formación percibe en promedio $1.558.841 líquidos. En cambio, un profesional subempleado gana solo el 50,9% de esa cifra, con un promedio de $794.183 líquidos. En otras palabras, el subempleo profesional reduce el ingreso a la mitad de lo que percibiría una persona con un empleo de nivel profesional.

Este dato adquiere especial relevancia ante la propuesta de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior basado en el gasto de bolsillo de las y los egresados una vez terminada la carrera. En el caso de profesionales subempleados, que ganan más que el salario mínimo, pero, muy por debajo del promedio profesional, esto podría convertirse en una carga económica difícil de sostener.

A pesar de este panorama, la matrícula universitaria sigue creciendo a un ritmo que no parece corresponderse con la realidad del mundo del trabajo. El empresariado se beneficia al emplear mano de obra altamente calificada en puestos no calificados, mientras los hogares siguen asumiendo los costos de este acceso masivo a la educación superior a pesar de la existencia de políticas como la gratuidad. A diciembre de 2024, 7 de cada 10 personas que estudiaron con el Crédito con Aval del Estado (CAE) se encuentran morosas, superando las 660 mil personas con deudas CAE sin pagar. El problema se agrava para quienes se endeudaron para obtener un título y hoy se encuentran sin empleo o en un trabajo no calificado que paga la mitad del ingreso promedio de un empleo profesional. Así lo muestra otro dato estructural de la educación superior.